DDN. El abogado y presidente de la asociación civil de defensa del consumidor AYNI, José Lazarte, habló sobre la acción judicial que iniciaron contra Edesa por las sobre facturaciones basadas en estimaciones que realizó la empresa y que perjudicó a miles de usuarios. Aseguró que el Ente Regulador debía haber multado a la empresa y denunció que el organismo estaría apañando lo que podría ser una maniobra fraudulenta de Edesa.
De acuerdo con lo que explicó el abogado, “la fiscalía ante la Corte ha aceptado la participación y la representación de la ONG AYNI en representación de todos los usuarios de la provincia de Salta”, por lo que destacó: “Ese filtro de legalidad nos da una tranquilidad porque significa que no solamente tenemos la representación de todos los usuarios de la provincia de Salta, sino que también la acción iniciada es idónea y debe resolverse”.
Indicó también que, en términos de procesos, lo que sigue a continuación es la producción de las pruebas, y dijo: “No contamos con esa prueba, pero entendemos que está en poder tanto de Edesa como del Ente Regulador de Servicios Públicos. A la espera de que se pueda producir esa prueba, vamos a poder dilucidar entender como fue la maniobra que estamos reclamando ante la justicia”.
En cuanto al perjuicio del accionar de la empresa para con los derechos de los usuarios, Lazarte aseguró: “No llevó a cabo una medición real del consumo y, aún en el caso de realizar una estimación de consumo, está previsto cómo tiene que ser y en este caso no fue cumplido por Edesa. Por lo menos tendría que haber avisado a los consumidores que iba a hacer una estimación, haber avisado al Ente Regulador que iba a hacer la estimación y de qué manera”.
En este punto, el abogado hizo referencia a la resolución 005/20 del Ente Regulador la explicar: “Tiene como antecedente un reclamo de parte de la Secretaría de Defensa del Consumidor de la ciudad de Metán por diferentes denuncias de vecinos que vieron incrementados los consumos de manera exorbitante. La Secretaría actuó de oficio, hizo los reclamos correspondientes y, a partir de ahí, el Ente toma conocimiento de que Edesa estaba haciendo estimación de consumo. Luego de eso, la resolución le ordena a Edesa que deje de hacer esa estimación de consumo que no corresponde y, por consiguiente, le pide que compense a los usuarios”.
Igualmente, sobre dicha compensación, aseguró que “va en contra de toda normativa que rige la relación de consumo entre los usuarios y la prestadora de servicio, y toda la normativa que nos cubre como es el Código Civil y Comercial y la Ley de Defensa de Consumidor”, y subrayó: “Esta normativa dice que ante una facturación indebida la empresa tiene que devolver lo mal facturado sino, además, una multa por el 50% de monto mal percibido más los intereses por la plata que la persona que pagó de más sin saberlo no pudo percibir como cualquier otro juicio que se inicia por deber una empresa a otra, determinado monto”.
“El Ente plantea compensar en la próxima factura. Ese es el perjuicio en los derechos económicos de los usuarios que no pudieron contar con su dinero y que la devolución no es en moneda sino en energía. Por otro lado, con esta maniobra, Edesa se enriqueció”, aseveró Lazarte y continuó: “Al haberse anoticiado de esta situación, el Ente debió haber multado a Edesa. Pasa por cumplir con un mandato de ley, son obligaciones propias del Ente y del funcionario público que ejerce ese rol. Pero no se hizo eso y Edesa no solamente actúa mal, sino que es apañada por un Ente que debiera haber tenido el rigor de la ley y aplicárselo a Edesa”.
Así las cosas, enfatizó: “Entendemos que la justicia tiene que dirimir esta situación por eso iniciamos una acción colectiva a fin de que Edesa sea responsable y la condene la justicia por la estimación de consumo que, nosotros entendemos, fue fraudulenta y en perjuicio de los derechos de todos los usuarios de la ciudad de Salta”.
Además, sobre la posibilidad de llevar adelante una denuncia penal, dijo: “Estamos analizando esa situación, somos cuidadosos con eso, pero entendemos a primera instancia, sin contar todavía con la prueba que estamos pidiendo, que podríamos pensar que es una maniobra dolosa, fraudulenta, que puede llegar a configurar un delito económico. Pero todavía no hemos iniciado una denuncia penal”.
“Ya pedimos la información en el escrito de la demanda, previo a lo que se denomina el primer decreto, que establece las pautas del procedimiento tenemos un dictamen de la Procuración General de la Provincia, que es un dictamen favorable y ahora estamos a la espera del decreto que va a establecer cómo va a ser el proceso y cómo se va a producir la prueba. Sacaremos como conclusión si se puede configurar el delito económico para iniciar una acción penal”, puntualizó.
Por su parte, el abogado Pedro Arancibia, también miembro de la asociación civil, explicó que el objetivo de la acción es “lograr la devolución de los importes mal percibidos, de manera ilegal, además de la aplicación de una multa, establecida en la ley de defensa del consumidor, por daño punitivo”. “Es una multa que tiene carácter de disuasión para que la empresa no vuelva a cometer este tipo de maniobras”, dijo.
Siguiendo con su análisis, sostuvo: “Entendemos que, de ninguna manera Edesa debió proceder a una estimación, que no es lo mismo que una medición. En una estimación debe tomar en cuenta lo que se consumió en el mismo mes de 2019 y aplicarlo a este año y luego aplicarle un aumento. Y es una estimación que también es falsa, más allá de que no se podía haber realizado, porque tenemos el ejemplo de negocios, emprendimientos, que funcionaron la mitad del mes y vieron triplicada o cuadruplicada su facturación, o gente que no salía mucho antes de la cuarentena y les llegó una factura de 8 mil pesos cuando les venía una factura de 1500 pesos”.
Remarcó también el deber que la empresa omitió de informar tanto al Ente Regulador como a los usuarios que se haría la estimación, y afirmó también que el argumento de realizar la estimación por no poder cumplir su trabajo los operarios de la empresa, es falso. En tal sentido, recordó que “el DNU 297 exceptuaba a todas las empresas de servicios públicos a la restricción de cuarentena, es decir que debían hacer sus actividades normalmente”.
“Acá también hay una llamativa participación del Ente porque primero dicen ‘la empresa actuó mal, la vamos a intimar a que no realice ningún tipo de estimación’ y a la semana sale diciendo ‘la estimación es correcta’”, continuó Arancibia para luego advertir: “Para nosotros es, desde todo punto de vista, injustificada la actuación de la empresa Edesa y, además, es inmoral porque se aprovechó un contexto adverso para todos. Inclusive se dictan resoluciones de congelamiento de tarifas, se otorgan subsidios, y que se aprovechen de manera especulativa como un lucro bastante vergonzoso, obtener ingresos millonarios de todos nosotros en una época crítica es inmoral más que ilegal”.
“A esta acción la vamos a llevar hasta el final, creo que merece la pena y que la gente se sume. Creo que es muy importante la participación ciudadana hacia la democracia y el control de los servicios públicos”, manifestó el abogado invitando a los usuarios a sumarse a través del formulario disponible en la página de Facebook de la asociación civil AYNI.
En cuanto al proceso, informó que el caso ya está en manos de la jueza del Juzgado Civil y Comercial N° 9, Guadalupe Ortiz, y se espera que se fije una audiencia conciliatoria para los próximos días, en donde se conocerá la posición de la empresa.
“Estimamos que hay un 40% de personas (Entre 100 y 150 mil usuarios) que sufrieron sobrefacturación y no sabemos los montos. Edesa es una empresa monopólica y el Ente Regulador debería tener esa información para cruzar datos y controlar cuánto es lo que se está cobrando todos los meses y a quienes”, puntualizó Arancibia al tiempo que aseveró: “Estamos sospechando que probablemente Edesa realice estimaciones todos los meses. No nos consta que viene un empleado de Edesa todos los días a verificar la medición. A simple vista es imposible que 60 personas realicen una medición de todas las residencias y negocios de toda la provincia de Salta”.
El abogado, al igual que su par, remarcó que de surgir elementos que prueben una defraudación, se iniciará la acción penal correspondiente contra quienes hayan actuado por acción y omisión.
Fuente: Sapo de otro pozo/ Todas las voces todas/ FM Noticias 88.1 MHz.
