El organismo consideró necesarioretirar el producto del mercado para proteger a losconsumidores, ya que se desconocen las condiciones defabricación y recordó que tanto los establecimientoscomo los productos domisanitarios deben contar con lashabilitaciones y registros correspondientes para sucomercialización.

La medida comprende el lote 00023 de ÁtomoDesinflamante Forte, presentación de 100 gramos convencimiento en mayo de 2028, y el lote 00214 de ÁtomoDesinflamante Clásico, presentación de 110 gramos.

En este caso, la decisión no responde a un problema en laformulación del medicamento.

La Anmat informó quefueron robadas 5.740 unidades de Átomo DesinflamanteForte y 3.360 unidades de Átomo Desinflamante Clásicode las instalaciones de Dalban Pharma S.A.. Según consta en el expediente, esos productos nuncafueron comercializados por los canales oficiales y lasunidades restantes fueron enviadas a destrucción. Sinembargo, la autoridad sanitaria explicó que, al habersalido del circuito de control, no es posible garantizar sucorrecta conservación ni su seguridad para quieneseventualmente los adquieran.

El Tribunal Oral Federal N°1 de Salta condenó a 7 años de prisión a un expolicía que integraba una organización narcocriminal que, en marzo de 2025, transportó casi 20 kilos de cocaína y cuyos miembros, de acuerdo con las comunicaciones incorporadas a la investigación, resolvían quién realizaba el traslado de la carga mediante el juego de “piedra, papel o tijera”.

La sentencia recayó sobre el imputado Edgar Nicolás Aquino, de 35 años, y fue dictada el 29 de julio pasado por ese tribunal integrado por las juezas Alejandra Cataldi y Gabriela Catalano y el juez Diego Matteucci. En representación del Ministerio Público Fiscal, durante el debate intervinieron la fiscal subrogante Paula Gallo y la auxiliar fiscal Vanina Pedrana, de la Unidad Fiscal Salta.

Aquino fue considerado coautor del delito de transporte de estupefacientes agravado por el número de personas intervinientes.

Entre las pruebas presentadas por el MPF se destacó una conversación extraída de uno de los teléfonos celulares secuestrados en la que quedó expuesto el particular mecanismo utilizado por los integrantes de la organización para definir quién asumiría el rol de transportista de la droga.

“Mañana hacemos piedra, papel o tijera para ver quién va por la 81 con cosas”, le dijo Aquino a uno de sus cómplices. El diálogo tuvo lugar durante la planificación del viaje en el que finalmente fueron trasladados 19,998 kilogramos de cocaína.

La condena de Aquino se suma a las impuestas a sus cómplices, Osmar Gabriel Rojas y Walter Ariel Caballero, quienes el 3 de septiembre de 2025 fueron condenados a 5 años de prisión por la jueza Marta Liliana Snopek, integrante de ese mismo tribunal, también por el delito de transporte de estupefacientes.

En un control, Gendarmería halló 29 paquetes de cocaína ocultos dentro del tanque de combustible. La sustancia tenía un peso total de 19 kilos con 998 gramos, con una pureza del 72 por ciento y una capacidad de producción de 145.319 mil dosis, según detalló la fiscalía.

El caso

El hecho ocurrió el 14 de marzo de 2025, cuando personal de Gendarmería Nacional interceptó un automóvil Toyota Corolla en la ruta provincial N°35, a la altura de la localidad de Joaquín V. González, en el sur de la provincia.

El vehículo era conducido por Rojas y Caballero viajaba como acompañante. Durante el control, personal de Gendarmería Nacional estableció un estado de sospecha al advertir un fuerte olor a combustible y tornillos que presentaban signos de haber sido removidos, circunstancias que motivaron una requisa más exhaustiva.

Con intervención de la fiscalía se procedió a una requisa más profunda, lo que derivó en el hallazgo de 29 paquetes de cocaína ocultos dentro del tanque de combustible. La sustancia tenía un peso total de 19 kilos con 998 gramos, con una pureza del 72 por ciento y una capacidad de producción de 145.319 mil dosis, según detalló la fiscalía.

Tras el hallazgo, Rojas y Caballero fueron detenidos y se secuestraron cuatro teléfonos celulares, dos pertenecientes a cada uno. La investigación permitió establecer que ambos habían partido desde Tartagal y se dirigían hacia la provincia de Chaco.

Las pruebas reunidas permitieron acreditar la responsabilidad de los dos hombres como transportistas de la carga. Sin embargo, la fiscalía profundizó la investigación e identificó la participación de Aquino en la maniobra. El acusado fue detenido el 10 de octubre de 2025.

“Preparate, mañana viajás”

Durante el debate, la fiscalía acreditó que Aquino intervino como coautor del transporte. Entre las evidencias exhibidas se destacó el contenido de las comunicaciones extraídas de los teléfonos celulares secuestrados a Rojas y Caballero, a quienes el MPF consideró los ejecutores de la maniobra de traslado.

En su descargo en este juicio, Aquino explicó que había integrado la Policía de la Provincia de Chaco y que se había recibido como técnico superior en Seguridad Pública. Señaló que posteriormente fue separado de la fuerza a raíz de un episodio de abuso policial. En concreto, en octubre de 2024 fue condenado en un juicio abreviado a la pena de 4 años y 5 meses de prisión por el homicidio culposo de un hombre que se encontraba detenido y murió tras un traslado realizado el 25 de diciembre de 2015 en la ciudad de Resistencia.

También indicó que luego se había dedicado a la actividad comercial, en los rubros de productos de peluquería, cosmética, perfumería y electrodomésticos. En ese contexto, sostuvo que conocía a Rojas y Caballero porque también eran comerciantes.

El acusado manifestó que viajaba ocasionalmente a Salta para cruzar la frontera y adquirir productos de su rubro en Bolivia y que, en algunas oportunidades, les pedía a sus coimputados que le trajeran mercadería. Sin embargo, negó conocer el transporte de la droga y haber intervenido, de alguna manera, en el hecho delictivo imputado.

No obstante, la fiscalía sostuvo que las pruebas demostraban que Aquino mantenía una relación directa con la planificación del transporte y que tenía el dominio de la carga, aunque se puso a resguardo, al tomar distancia del estupefaciente, con el objetivo de procurar su impunidad.

Si bien no fue posible extraer información de su teléfono celular, el Ministerio Público Fiscal presentó las comunicaciones obtenidas de los dispositivos incautados a los coimputados Rojas y Caballero. Al respecto, peritos y analistas criminales informaron que existió una intensa actividad comunicacional entre Aquino y sus cómplices.

Las representantes del MPF señalaron que Aquino le había proporcionado a Caballero el contacto de Rojas y que las comunicaciones se referían al itinerario del viaje y a otros traslados realizados con anterioridad. También incluían referencias al acondicionamiento de la droga, las rutas de tráfico y los controles existentes.

El 7 de marzo de 2025, una semana antes del secuestro de la cocaína, Aquino le envió a Caballero un mensaje en el que le expresó: “Preparate, mañana viajás”. El 10 de marzo le transmitió una orden similar a Rojas. Ambas comunicaciones se vincularon con el viaje de los imputados hacia el norte de Salta.

La fiscalía también presentó evidencias que ubicaban a los tres acusados alojados en un mismo hotel de Orán entre el 11 y el 14 de marzo de 2025, aunque en habitaciones diferentes. Según la acusación, luego de obtener la droga y acondicionarla, los integrantes de la organización planificaron el viaje de regreso.

La definición del transportista

Según explicó la fiscalía durante el juicio, el 12 de marzo Caballero le preguntó a Aquino cómo se realizaría el viaje: “¿Cuál es tu idea, cuándo salimos, con quién voy a ir yo?”. En respuesta, Aquino le indicó que viajaría con “Icardi”, en referencia a Rojas, a quien identificaban con ese apodo.

Pasada la medianoche, Caballero volvió a consultar: “¿Cómo es el tema?”. Ante esa insistencia, Aquino le explicó el mecanismo que utilizarían para definir quién trasladaría la droga: “Mañana hacemos piedra, papel o tijera para ver quién va por la 81 con cosas”.

“Mañana hacemos piedra, papel o tijera para ver quién va por la 81 con cosas”, le dijo Aquino a uno de sus cómplices. El diálogo tuvo lugar durante la planificación del viaje en el que finalmente fueron trasladados 19,998 kilogramos de cocaína.

Al día siguiente, Rojas y Caballero emprendieron juntos el viaje en el Toyota Corolla en el que se encontraba oculta la cocaína, en tanto que Aquino se adelantó en su propio vehículo y cumplió el rol de “coche puntero”.

La fiscalía mostró que los dos vehículos recorrieron el mismo itinerario, que incluyó las localidades de Pichanal, General Pizarro, Las Lajitas y Joaquín V. González. Allí, Rojas y Caballero fueron detenidos, mientras que Aquino continuó su recorrido.

Al advertir la demora, Aquino realizó diez llamadas a Caballero, pero no obtuvo respuesta porque los transportistas ya se encontraban detenidos.

Además, el MPF presentó documentación sobre pagos efectuados por Aquino a los coimputados, informes de geolocalización de los teléfonos celulares, registros de otros viajes, inconsistencias en los cruces migratorios y antecedentes de una infracción de tránsito cometida por Aquino en la localidad de Talapampa.

Sobre la base de esas evidencias, en su alegato, la fiscalía consideró acreditado el rol de coautor de Aquino en el transporte de la droga. El tribunal compartió esa conclusión, valoró las pruebas presentadas durante el juicio y descartó planteos de la defensa.

En particular, rechazó el cuestionamiento vinculado con la diferente calificación legal atribuida a Aquino —en su caso, la figura de transporte de estupefacientes fue agravada— respecto de Rojas y Caballero, al considerar que se trataba de un planteo que ya había sido analizado y desestimado durante la etapa de control de la acusación.

La discusión sobre la propiedad de las tierras rurales en manos extranjeras vuelve al Senado y recupera un antecedente que, 15 años después, adquiere particular relevancia.

Cuando el Congreso sancionó en diciembre de 2011 la Ley 26.737, conocida como Ley de Tierras, hubo una amplia mayoría a favor en la Cámara alta: 62 senadores votaron afirmativamente y solo uno lo hizo en contra, Juan Carlos Romero, entonces representante de Salta.  (hoy su despacho lo ocupa Flavia Royón)

La precisión es importante porque, aunque otros legisladores expresaron objeciones y rechazaron determinados artículos durante la votación en particular, Romero fue el único senador que votó negativamente la iniciativa en general.

Ahora, el Gobierno de Javier Milei busca modificar aquel régimen. El planteo original apuntaba a eliminar buena parte de las restricciones para la adquisición de tierras rurales por extranjeros, pero las negociaciones parlamentarias derivarían en una alternativa menos ambiciosa: mantener un límite, aunque elevarlo del actual 15% al 25%.

La intención del oficialismo es llevar el proyecto al recinto del Senado este jueves 6 de agosto. Sin embargo, a pocas horas de la sesión, todavía no está claro que La Libertad Avanza tenga asegurados los votos necesarios para avanzar.

La ley que nació con 62 votos a favor y uno en contra 

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La Ley 26.737 fue sancionada el 22 de diciembre de 2011, durante la segunda presidencia de Cristina Kirchner. El objetivo era establecer un régimen para limitar la titularidad y posesión de tierras rurales por parte de personas físicas y jurídicas extranjeras.

La norma fijó un límite del 15% de las tierras rurales que pueden quedar en manos extranjeras, tanto a nivel nacional como provincial y municipal. Dentro de ese porcentaje, además, una misma nacionalidad no puede concentrar más del 30%. También se estableció un límite de 1.000 hectáreas para un mismo titular extranjero en la zona núcleo, o su equivalente según la ubicación.

La ley también contempló restricciones específicas sobre tierras que contengan o sean ribereñas de cuerpos de agua de envergadura y permanentes, además de crear mecanismos de registro y relevamiento de la propiedad rural.

En el Senado, el resultado fue contundente: 62 votos positivos y uno negativo. Ese voto fue el de Romero.

El discurso de Romero que quedó en la historia

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Romero no solamente votó en contra. También dejó planteada una posición política que resulta especialmente interesante al recuperar hoy aquel debate.

El entonces senador del Peronismo Federal cuestionó la idea de limitar la propiedad extranjera a partir de una defensa de la inmigración y de la historia de construcción territorial argentina.

"Casi 200 años después se defiende un arroyito, una laguna de la voracidad extranjera, cuando este país se hizo con los extranjeros y con los nativos", sostuvo durante el debate.

Y formuló una pregunta que sintetizaba buena parte de su argumento: "". "¿Vamos a ir a contramano de esa tradición de 150 años, de ser receptores de habitantes de países muy diversos, quienes venían a poblar nuestro país y a trabajar nuestra tierra? ¿Por qué ir en contra de ello?", insistió.

El argumento de Romero sobre las inversiones

El senador también rechazaba la idea de que limitar la propiedad extranjera fuera necesariamente una herramienta para proteger la soberanía.

En ese sentido, comparó la situación argentina con la de otros países y sostuvo que las restricciones podían terminar desalentando inversiones: "¿Dónde está el peligro si Uruguay, que es pequeño y tiene el 25 por ciento en manos de extranjeros, no considera que su soberanía esté afectada? ¿Nosotros nos estamos preocupando en un país como el nuestro, donde necesitamos producir y trabajar?".

Romero incluso llevó la discusión a las economías regionales: "¿En qué vamos a crecer, si no en materia de producción agroindustrial?", planteó. Y preguntó: "¿Cuándo vamos a ver en Salta o en Jujuy una fábrica de automóviles? ¿Cuándo vamos a ver una industria que pueda realizar una transformación de las materias primas?".

Y agregó una alternativa: "Tal vez con el arriendo y con los alquileres se podrá encontrar algún estímulo para el país, que tanto necesita de las inversiones".

"Este proyecto de ley desalienta las inversiones"

Romero cerró su argumento económico con una crítica directa al proyecto que estaba a punto de convertirse en ley.

"Este proyecto de ley desalienta las inversiones, y también demuestra que quizá se quiere buscar algo que movilice alguna sensibilidad, pero es poco práctico", afirmó.

Uno de los pasajes más llamativos de aquella intervención llegó cuando Romero relacionó la discusión sobre las tierras con antiguas concepciones territoriales. "Para mí, la teoría del espacio vital es antigua", sostuvo.

Y recordó pérdidas territoriales de la historia argentina para cuestionar el énfasis puesto en determinadas restricciones: "".

Qué defendía la Ley de Tierras

La lógica de la norma sancionada en 2011 era considerar a la tierra rural como un recurso estratégico y establecer límites específicos para evitar una concentración excesiva en manos extranjeras.

Uno de sus fundamentos centrales quedó expresado en el propio régimen: la adquisición de tierras rurales no debía ser considerada una inversión en los términos tradicionales, debido a que se trata de un recurso natural no renovable.

La legislación tampoco fue retroactiva. Es decir, no afectó los derechos adquiridos antes de su entrada en vigencia.

Con el paso del tiempo, el debate sobre la extranjerización se mantuvo abierto. Según datos difundidos en investigaciones recientes, alrededor del 5% del territorio argentino está actualmente en manos extranjeras, aunque existen departamentos donde la proporción es considerablemente mayor.

Fuente: https://www.newsdigitales.com/nota/341033/ley-de-tierras-2011-1-vs-62-quien-fue-el-unico-senador-que-voto-negativo/ 
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El fiscal penal 2 de Tartagal, Rafael José Medina, imputó de forma provisional a dos hombres mayores de edad como coautores del delito derobo en poblado y en banda.

Tras la audiencia de imputación, desde la Fiscalía se solicitó que ambos permanezcan detenidos, mientras continúan numerosas medidas investigativas dispuestas para lograr el esclarecimiento de lo sucedido.

Según la investigación, durante la madrugada del pasado 31 de julio, un grupo de personas se hizo presente en el depósito de motocicletas secuestradas dependiente de la Dirección de Tránsito Municipal de esa ciudad, y tras violentar candados, ingresaron al predio desde donde sustrajeron 16 rodados.

En el marco de la investigación, se logró recuperar siete rodados e identificar a dos sospechosos de haber tenido participación en el hecho, para quienes se solicitó la detención.

​Facundo Moyano, hijo del sindicalista Hugo Moyano, fue demorado este martes a la madrugada en el barrio porteño de Belgrano, donde protagonizó un confuso episodio junto a una joven identificada como Candela Arizaga, de 23 años. Horas más tarde, el fiscal Julián Pistone dispuso la detención del exdiputado “por lesiones y privación ilegítima de la libertad”.

​Fuentes policiales precisaron que a las 5:03 de la madrugada ingresó un llamado al 911 sobre una mujer que habría sufrido una agresión. Al mismo tiempo, otro llamado indicó que la misma joven corría desnuda por Avenida del Libertador.

​Ante ese escenario, varios móviles de la Policía de la Ciudad se trasladaron hasta un edificio ubicado sobre esa misma calle, cuyo encargado manifestó que, minutos antes, una pareja había salido corriendo desde el interior.

​Con esa información, personal policial interceptó a Moyano y a su pareja en el cruce de Virrey Vértiz y Sucre, a unos 350 metros de la torre donde se habría desatado el conflicto. El exdiputado fue demorado en la Comisaría 13 A. Según personal policial, “se mostró hostil” durante el procedimiento.

​Personal de seguridad del edificio manifestó que habían ingresado discutiendo. En diálogo con los agentes, la mujer refirió haber sufrido lesiones y fue trasladada por el SAME al hospital Pirovano.

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Interviene la Unidad Fiscal Norte. Según informó a TN el titular del SAME, Alberto Crescenti, la mujer fue encontrada cerca del túnel de Libertador “sin ropa” y se le suministró medicación para revertir “varios días de consumo” de droga.

En tanto, hasta la dependencia policial se acercó el abogado Hugo Antonio Moyano, hermano de Facundo. Los primeros videos que se difundieron muestran a la joven corriendo y caminando desorientada, ante la mirada atónita de otros peatones.

La operación consistió en la emisión de139.241 acciones ordinarias a un precio de C$14,70 por acción, lo que generó ingresos brutos por 2.046.843 de dólares canadienses (alrededor de US$1,5 millones, al tipo de cambio actual). La suscripción fue realizada por Kinross Gold, que ejerció los derechos de participación que mantiene como accionista de la compañía.

Con esta transacción, AbraSilver dio por finalizado el proceso de financiamiento iniciado días atrás con una oferta pública de acciones por $50 millones de dólares canadienses, llevando el monto total obtenido en ambas operaciones a aproximadamente C$52 millones, es decir unos 37 millones de dólares estadounidenses. 

La empresa informó que los recursos netos provenientes de la colocación privada serán destinados a fines corporativos generales, complementando los fondos obtenidos en la oferta pública, que estarán orientados principalmente al avance del proyecto Diablillos, uno de los desarrollos de plata y oromás importantes de Argentina.

El cierre de este financiamiento se produce pocas semanas después de que la compañía difundiera el Estudio de Factibilidad Definitivo (DFS)de Diablillos, presentara una actualización de su reporte técnico y anunciara cambios en su equipo directivo para acompañar la transición desde la etapa de exploración hacia el desarrollo del proyecto.

El próximo jueves, 6 de agosto, el Senado de la Nación tratará el proyecto de ley denominado Inviolabilidad de la Propiedad Privada, impulsado por el Poder Ejecutivo Nacional como parte de un paquete de reformas que también incluye modificaciones a la Ley de Tierras Rurales, a la Ley de Manejo del Fuego y a la Ley de Glaciares. En Salta, la iniciativa despertó un rechazo que atraviesa a organizaciones indígenas, instituciones eclesiásticas y referentes sociales, que coinciden en el diagnóstico de que la norma profundiza la concentración de tierras en pocas manos, habilita la venta ilimitada de territorio a capitales extranjeros y desprotege a las comunidades que históricamente lo habitan.

El Instituto Provincial de Pueblos Indígenas de Salta (IPPIS), organismo que autárquico que representa a los pueblos indígenas que habitan ancestralmente el territorio salteño, emitió un comunicado en el que manifiesta su “firme y absoluto rechazo” al proyecto y advirtió que la iniciativa “atenta de forma directa contra la supervivencia física, cultural y territorial” de las comunidades originarias, y sostuvo que bajo una “retórica de seguridad jurídica individual y de mercado” ignora deliberadamente la naturaleza de la propiedad comunitaria indígena.

Para el IPPIS, la implementación de mecanismos de “desalojo exprés” y la desregulación para la venta ilimitada de tierras rurales a capitales extranjeros constituyen “una amenaza de despojo masivo” que profundiza los conflictos territoriales en la provincia. El organismo, que por primera vez desde que fue creado en el año 2000 se expresó contra una iniciativa nacional, sostuvo además que el proyecto incurre en una “flagrante inconstitucionalidad” al colisionar con el bloque normativo vigente en tres niveles.

En el plano internacional, la iniciativa viola el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificado por la Ley Nacional 24.071, que obliga a los Estados a respetar la relación de los pueblos indígenas con su entorno y a reconocerles el derecho de propiedad y posesión sobre los territorios que tradicionalmente ocupan. El IPPIS remarcó también que el proyecto desconoce la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, cuyo artículo 26 establece el derecho de esos pueblos a las tierras, territorios y recursos que han poseído, ocupado o utilizado tradicionalmente.

En el ámbito nacional, indicó que la iniciativa vulnera el artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional, que reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos y garantiza la posesión y propiedad comunitarias de sus tierras, un régimen que —junto al artículo 18 del Código Civil y Comercial— establece que esas propiedades no son enajenables, transmisibles ni pueden sufrir gravámenes o embargos.

Y en el ámbito provincial, el organismo citó el artículo 15 de la Constitución de Salta, que reconoce y garantiza los derechos de los pueblos indígenas a su identidad y a la propiedad de sus tierras comunales. "Salta cuenta con una rica pluralidad cultural que este proyecto pretende avasallar al unificar de manera forzosa todo régimen de tierras bajo la lógica del derecho privado individual y extractivista“, denunció el IPPIS.

El organismo exigió a los senadores nacionales por la provincia “defender el mandato constitucional y rechazar de plano” la iniciativa libertaria. “No permitiremos que la seguridad jurídica de los negocios inmobiliarios y financieros se construya sobre el destierro y el olvido de los primeros habitantes de este suelo. ¡El territorio no se vende, se defiende!”, cerró.

“Vienen a profundizar conflictos históricos del territorio”

Tujuayliya Gea Zamora es médica wichí, hija de la histórica mujer wichí Octorina Zamora, y referente de la organización de base Na’ Nechepa—que en castellano significa “nos levantamos”. En diálogo con este diario, situó el rechazo a la ley en la continuidad de una disputa territorial que para las comunidades del norte salteño no es nueva.

“Venimos con un montón de reflexiones y acción en relación” a la ley de extranjerización de tierra, dijo y advirtió que las comunidades defienden la tierra cuando se protege “a quienes la habitan, y sobre todo a las poblaciones más vulnerabilizadas”.

Gea Zamora conectó el debate legislativo con un proceso que viene de antes: “La primera de las leyes derogadas por este gobierno fue la 26.160 (de emergencia territorial indígena), y después la provincia obedientemente dejó caer la ley de tierras”, al no renovar la prórroga de la ley 7658, que suspendía desalojos de familias rurales y pequeños productores mientras avanzaban los procesos de regularización dominial.

“Ya venía todo esto en un plan perfectamente pensado y orquestado para también desempoderar a las comunidades indígenas, que con mucha lucha habían logrado estos logros jurídicos que nos mantenían con cierta seguridad territorial”, sostuvo Zamora.

También cuestionó las declaraciones de legisladores provinciales sobre las supuestas ventajas de la apertura a la inversión extranjera. “(El diputado provincial Nicolás) Arce nos hablaba como si fuéramos tontitos, como diciendo que nadie va a vender a un extranjero. Y repasó la historia reciente del Chaco salteño, con inversiones como las empresas Desdelsur y Tecpetrol “y eso no ha garantizado ningún beneficio ni desarrollo para los pueblos, no solo indígenas, sino también para los criollos de nuestro departamento”.

Para Zamora, la ley de extranjerización “viene a profundizar también conflictos históricos del territorio, viene a imponer un futuro bastante oscuro y difícil, que es la total desarticulación del territorio”. Y proyectó lo que está en juego en términos concretos: “Qué difícil es pensar que vamos a tener que estar evitando entrar a nuestros propios territorios ancestrales porque van a estar alambrados, o que nos vamos a tener que someter a condiciones de servidumbre y esclavitud que se suponía que estaban abolidas en nuestro territorio, cuando estos territorios sean entregados a los extranjeros".

La médica cerró su testimonio con una apelación a la memoria histórica: “Siento que el no juntarnos, el no reclamarle a nuestros legisladores que no voten esta ley, es de alguna manera no seguir adelante con el legado que nos dejó el general Martín Miguel de Güemes cuando, con los infernales, que eran indígenas y criollos empobrecidos y trabajadores, defendieron la frontera norte de la patria. Siento que estamos siendo llamados en este momento a tomar esta lucha, cual epopeya güemesiana, tomando las calles, reclamando a nuestros legisladores que cumplan con el mandato del pueblo, que es el de proteger la patria".

Un don, no mercancía

El rechazo también llegó desde la Iglesia. La Pastoral Social y Ecológica junto al Equipo Diocesano de Pastoral Aborigen (EDIPA) de la Diócesis de Orán difundieron un comunicado bajo el título “La tierra es un don de Dios, no es una mercancía”, en el que expresan su “firme rechazo” al proyecto que declara la inviolabilidad absoluta de la propiedad privada.

La Diócesis apeló al mensaje evangélico para cuestionar “toda estructura que prioriza el capital sobre la vida humana”, y recordó el mandato bíblico según el cual la tierra “no podrá venderse definitivamente” porque pertenece a un orden que trasciende la propiedad individual“. Citó también la encíclica Magnifica Humanitas, de León XIV, que sostiene que la tierra y sus frutos “han sido dados por Dios para beneficio de todos los seres humanos, sin exclusión”, y remarcó que ese principio del “destino universal de los bienes” obliga a reconocer que la propiedad privada tiene una función social subordinada al bien común.

Asimismo, advirtió que el proyecto “facilita la concentración de tierras en pocas manos y desprotege profundamente a las comunidades indígenas y campesinas que habitan históricamente el norte de Salta”. Invocó también la encíclica Laudato si, que describe la tierra como “herencia común, cuyos frutos deben beneficiar a todos“, y citó el artículo 75 de la Constitución Nacional para sostener que “declarar una inviolabilidad absoluta individual vulnera este orden superior”.

Lo que muestran los datos

El Observatorio de Tierras—vinculado al Programa de Investigaciones sobre Historia Agraria (PRIHA-FCE-UBA) y al Mirador Interdisciplinario Latinoamericano de Políticas Agrarias (MILPA)— publicó en marzo su Tercer Informe “Territorio y bienes comunes en disputa: extractivismo y extranjerización en la Argentina”, que actualizó el mapa interactivo construido a partir del Registro Nacional de Tierras Rurales (RNTR) y lo cruza con datos de glaciares, comunidades indígenas relevadas y proyectos mineros.

El informe advirtió que, mientras a nivel nacional cerca del 5% de la superficie rural argentina está en manos extranjeras, ese porcentaje se dispara en zonas donde se concentran recursos estratégicos. Salta aparece entre las provincias con mayor incidencia: según el listado de departamentos que exceden el límite fijado por la Ley de Tierras (25.737), San Carlos encabeza el ranking provincial con e l60% de su superficie rural extranjerizada, seguido por Molinos con el 58%, Guachipas con el 34%, General Güemes con el 29%, La Viña con el 28%, Cerrillos con el 25%, Orán y Cafayate, ambos con el 23%, y Chicoana con el16%.

El informe se detiene particularmente en San Carlos, donde ubica una zona con glaciares de escombros —clave para la regulación de las cuencas hídricas de los valles intermontanos—, cuatro proyectos mineros previstos y dos comunidades indígenas con el relevamiento territorial culminado, además de otras cuatro cuyos trámites quedaron truncos al momento en que el Gobierno nacional derogó la Ley 26.160, que establecía ese relevamiento. Esos glaciares limitan con el departamento Cafayate, que —según el informe— presenta cerca del 23% de su superficie extranjerizada.

Para el Observatorio, la extranjerización de la tierra “no puede pensarse únicamente como un fenómeno económico o inmobiliario”, sino como parte de procesos más amplios de apropiación de recursos estratégicos, potenciados por el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) creado por la Ley 27.742 en 2024, que habilita que buena parte de la renta generada por los grandes proyectos extractivos no quede en el país. El documento concluyó que en los territorios analizados converge un mismo patrón: donde se concentran bienes comunes críticos como el agua avanzan de manera simultánea los proyectos extractivos, los capitales transnacionales y la concentración de la tierra, en desmedro de las comunidades indígenas y campesinas preexistentes.

Lo que se discute en el Senado

Es la quinta vez que se intentará tratar la iniciativa en el Senado. La senadora nacional por Jujuy Carolina Moisés viene cuestionandoel proyecto oficial por la falta de debate. “A ese proyecto le faltó tratamiento, le faltó debate y le faltó análisis”, dijo en referencia al dictamen alternativo presentado por su bloque, Convicción Federal —que no fue firmado por la senadora por Salta, Flavia Royón— y que mantiene la protección de la propiedad privada pero incorpora resguardos para la soberanía territorial, el ambiente y los derechos procesales.

La diferencia más profunda entre ambos proyectos aparece, según Moisés, en la reforma de la Ley de Tierras Rurales. Mientras el Gobierno impulsa una amplia liberalización para la compra de tierras por parte de extranjeros, el dictamen de Convicción Federal mantiene límites y fortalece la protección sobre zonas consideradas estratégicas.

“No podemos irnos al extremo de liberar absolutamente todo y que cualquier extranjero pueda venir a comprar nuestras tierras. De ninguna manera puede ser esa la solución", explicó la senadora, cuya propuesta incorpora la figura de las Zonas de Interés Estratégico Nacional —áreas de frontera, nacientes de ríos, acuíferos, glaciares, reservas naturales y regiones de alto valor productivo—, entendidas como “recursos que son estratégicos para el desarrollo de la Argentina y que no pueden quedar librados exclusivamente a la lógica del mercado”.

Moisés también cuestionó la equiparación entre usurpaciones y conflictos derivados de contratos de alquiler que propone el proyecto oficial.

En ese escenario, los tres senadores nacionales por Salta llegarían a la sesión del 6 de agosto dispuestos a acompañar el proyecto oficial. Emilia Orozco y Gonzalo Guzmán, de La Libertad Avanza, votarían a favor. A ellos se sumaría Flavia Royón, de Primero los Salteños, espacio que responde al gobernador Gustavo Sáenz.

El eventual respaldo unánime de la representación salteña en la Cámara Alta contrasta con el rechazo del IPPIS, la Diócesis de Orán y los datos del Observatorio de Tierras sobre el nivel de extranjerización.

A días de la sesión en el Senado, con movilizaciones convocadas para las 17 en la plaza central 9 de Julio, todas las voces coinciden en que lo que se vota no es solo una reforma de la propiedad privada, sino una definición sobre quién controla el territorio salteño y bajo qué reglas.

Fuente: Maira López para Página/12

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El servicio de agua potable y desagües cloacales volverá a aumentar en Salta a partir de agosto. El Ente Regulador autorizó una actualización del 4,4445% para todas las categorías de usuarios residenciales y no residenciales de Aguas del Norte, con lo que la tarifa acumulará un incremento efectivo cercano al 40,68% desde enero.

La medida fue oficializada mediante la Resolución 1219/2026, publicada este viernes en el Boletín Oficial, y comenzará a regir con la facturación correspondiente al mes de agosto.

Cómo se compone el nuevo aumento: 

El incremento autorizado surge de la combinación de dos componentes:

• Un 1,9%, correspondiente al Índice de Precios al Consumidor (IPC) de junio.
• Un 2,5445%, establecido por la Revisión Tarifaria Integral (RTI) para el período 2026-2028.

Este mecanismo de actualización mensual fue definido por el Ente Regulador tras una audiencia pública y contempla tanto la evolución de la inflación como una recomposición tarifaria fija.

Siete aumentos consecutivos

Con la suba de agosto, el servicio de agua habrá registrado incrementos todos los meses entre febrero y agosto.

Las actualizaciones fueron las siguientes:

• Febrero: 3,9245%
• Marzo: 5,45%
• Abril: 5,44%
• Mayo: 5,94%
• Junio: 5,1445%
• Julio: 4,6445%
• Agosto: 4,4445%

Si bien la suma simple de estos porcentajes alcanza el 34,99%, el incremento real acumulado es mayor debido a que cada ajuste se aplica sobre una tarifa ya actualizada. Por ese motivo, la suba efectiva llega aproximadamente al 40,68% respecto del valor vigente en enero.

Por qué se autorizó el incremento

Según explicó el Ente Regulador, la metodología vigente establece que las tarifas se actualicen mensualmente teniendo en cuenta la inflación informada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) y el componente fijo previsto en la Revisión Tarifaria Integral.

Para la actualización de agosto se utilizó el IPC de junio, que fue del 1,9%, al que se sumó el porcentaje fijo de recomposición.

Además, la Gerencia Económica del organismo justificó la medida al señalar que alrededor del 85% de los costos operativos de Aguas del Norte corresponden a salarios, cargas sociales y consumo de energía eléctrica.

El encuentro Central Norte - Los Andes, trajo alivio a los azabaches en el Estadio Padre Ernesto Martearena, por la Fecha 23 de la competencia de la Primera Nacional. 

A los 16 minutos, llegó es esperado tanto de Borda que desequilibró tanto el partido como el marcador. El Milrayitas no encontró los espacios y no logró recuperarse. López y Franco fueron amonestados.

De esta manera Los Andes relegó posiciones y quedó séptimo en la tabla de la Zona A de la Primera Nacional, con 33 puntos (producto de ocho victorias, nueve empates y cinco derrotas), mientras Central está anteúltimo, en zona de descenso.

Julio Argentino San Millán quedó a un paso de convertirse en el nuevo presidente del Partido Justicialista de Salta. Si bien la lista Generación Justicialista ya fue proclamada como la única habilitada para conducir el partido, la asunción aún depende del control técnico y la aprobación de la Justicia Federal Electoral.

Así lo confirmó el interventor judicial del PJ salteño, José Luis Napoleón Gambetta, quien explicó que la documentación ya fue remitida a la jueza federal María Servini y al juzgado electoral con competencia en la provincia.

​Gambetta señaló que, una vez que la Justicia otorgue el visto bueno a la lista proclamada, comenzará el proceso de transición de autoridades.​