El juez federal Miguel Antonio
Medina procesó sin prisión preventiva al ex director del Instituto Federal
de Varones del Complejo Penitenciario Federal III del NOA entre 2014 y 2015,
Pablo Sebastián Matamala, por incumplimiento de los deberes de funcionario
público y lo embargó por $150.000 por las autolesiones que se infringieron, al
menos, 180 hombres privados de la libertad en el penal ubicado en Güemes.
El titular del Juzgado Federal N°2 de la provincia consideró “evidente que muchas de las circunstancias que llevaron a los diferentes internos a autolesionarse tenían origen en la falta de respuestas por parte de aquellos que tenían la obligación de velar por su seguridad”. La imputación había sido realizada en marzo del año pasado por el fiscal federal de Salta Eduardo José Villalba, quien además incluyó al ex director del Complejo Penitenciario Federal III del Noroeste Argentino en el mismo período, Luis Mario Ptasnik, en su acusación.
El penitenciario falleció el 18 de agosto pasado a raíz de un infarto, por lo que la acción penal se encuentra extinguida.
Villalba basó su requerimiento en un informe realizado por la psicóloga del Ministerio Publico Fiscal de la jurisdicción, Verónica Olguín Rufino, y en un estudio interdisciplinario realizado en 2014 por la Procuraduría de Violencia Institucional que indica que el Complejo Penitenciario Federal III del Noroeste Argentino presentaba la tasa más alta de personas encerradas que se autolesionan, en comparación con el resto de los complejos.
El Juez recogió el diagnóstico de la Procuvin y detalló que durante 2013, “se registraron 66 hechos de violencia dentro del Complejo -desde enero hasta diciembre-” y luego manifestó que: “Dentro de este universo, la cantidad de episodios de autoagresión fueron 32 (seis mujeres)”. El fallo -que incluye un listado detallado de cortes de distinta profundidad en brazos, piernas y otras partes del cuerpo y la costura o sutura de los labios- subraya también que en el “primer semestre de 2014, se registraron en total 60 hechos de violencia y los hechos de autoagresión reportados por el Complejo fueron 34”.
A pesar de los argumentos utilizados por los penitenciarios, el juez hizo hincapié en “los reclamos por parte de los internos alojados en el Complejo NOA III, muchos de ellos canalizados a través de hábeas corpus, en donde se hacía mención a la arbitrariedad en el manejo del horario de visitas, retrasando la entrada y reduciendo el tiempo de encuentro de los detenidos con sus seres queridos, la inflexibilidad en el control de la documentación de familiares procedentes de otras provincias o países, la falta de asistencia médica y los malos tratos, por mencionar algunos de los más frecuentes”. Según la resolución, estas demandas “no aparecen como hechos casuales y conducen inevitablemente a preguntarse si se crea de parte de los agentes del Servicio Penitenciario un cuadro de situación propicio que actúa como disparador de una situación que se sabe va a suceder: las autolesiones”.
“La mirada del Complejo Penitenciario del NOA”
El Magistrado no soslayó la respuesta de la cúpula del penal, que concluyó en un informe que “en la mayoría de los casos de autolesiones, se evidencia como modalidad de requerimiento de alguna demanda manifiesta en búsqueda de un beneficio secundario que no hacían a un cuadro psiquiátrico de urgente intervención sino que respondían a rasgos psicopáticos para satisfacer una demanda en la inmediatez, con un inadecuado manejo de ansiedades y bajo control de los impulsos”. Las autoridades penitenciarias agregaron una caracterización de las personas privadas de la libertad en el penal federal de Güemes: en su mayoría, se encuentran detenidos por hechos vinculados al tráfico de sustancias ilícitas.
Según “la mirada del Complejo Penitenciario del NOA”, estos internos “no suelen tener un perfil criminológico tan preciso” como los imputados por otros delitos como robo, secuestro extorsivo, abuso sexual (quienes padecerían un “trastorno disocial de la personalidad y que para lograr sus objetivos es característico el uso de la manipulación”), sino que es más “característico de ellos el deseo de hacer mucho dinero con poco esfuerzo y una incorporación precaria de los valores sociales”.
En base a ese diagnóstico, concluyeron que “los 24 internos que se autolesionaron tienen un diagnóstico de trastorno disocial de la personalidad (...) o una personalidad marcada con rasgos psicopáticos, por lo que son una minoría diferenciable de la población del penal”. Además, aclararon que “10 internos tienen antecedentes de consumo de sustancias psicoactivas y que es conducta típica de esa población reducir su tensión o ansiedad autolesionándose” y señaló que “los casos restantes actúan por imitación aunque es probable que también actúen por ansiedad”.
Medina, empero, destacó la “mirada psicológica” aportada al caso por la psicóloga Olguín Rufino, quien en su informe concluyó que “el corte”, “la huelga de hambre”, o cualquier otro modo de protesta “era la última instancia de reclamo ante la falta de recepción de las peticiones y solicitudes que efectuaron los internos a diario”.
Las observaciones hechas por las diferentes áreas del SPF del Complejo III habían sido detalladamente criticadas en el informe interdisciplinario de la Procuvin que señalaba la falta de solidez de la bibliografía citada, la ausencia de abordajes integrales en salud y el uso estigmatizante de las categorías diagnósticas.
Una línea argumental
El 3 de febrero de este año, el ahora procesado Matamala prestó declaración indagatoria, solicitada por el fiscal Villalba. Un día antes, había hecho lo propio el ex jefe Ptasnik. Ambos cargaron la responsabilidad por las autolesiones a los reclusos, tal como ya lo habían hecho a través del informe, quienes habrían tenido conductas “extorsivas”. También destacaron sus carreras en el Servicio Penitenciario Federal y expusieron sus fojas de servicio para explicar que cumplieron con su deber como funcionarios públicos.
Ptasnik señaló que “en todos los casos y siempre que se tomaba conocimiento de que un interno realizaba un determinado acto contrario a las normas de convivencia, de inmediato se realizaban los informes correspondientes y cada sector ordenaba los estudios, atenciones médicas, traslados y cualquier otra diligencia tendiente a normalizar el diario convivir y sobre todo para evitar malestar entre la población carcelaria".
Matamala coincidió con su ex jefe y detalló que en muchas ocasiones, “los internos no comprendían con claridad que hay cosas que el reglamento no permite” y puso a modo de ejemplo “la solicitud de ingreso de teléfonos celulares”. El ex director del Instituto Federal de Varones del Complejo Penitenciario Federal III del NOA indicó entonces que ante la negativa de acceder a un pedido como ese, las personas privadas de la libertad se autolesionan “como una manera de presionar al personal penitenciario para lograr sus objetivos”.
El trabajo conjunto del equipo interdisciplinario de la Procuvin y de la Fiscalía N°2 posibilitó revertir la mirada individual respecto de los hechos y adjudicar responsabilidades institucionales incorporando la situación de contexto carcelario.
CPR
