Concejales y asesores ambientales iban a reunirse en el Vertedero San Javier para constatar que los auditores puedan realizar su trabajo sin inconvenientes, pero finalmente el encuentro fue suspendido. La concejal de Salta Nos Une y presidenta de la Comisión de Ambiente del Concejo Deliberante, Ángela Di Bez, cuestionó la actitud de la empresa, sostuvo que la auditoría tiene que continuar y aseveró: “Si yo no tengo nada que ocultar, no tengo porqué prohibir que personal que ha sido autorizado entre a hacer su trabajo”.
“El jueves me habló el geólogo Carlos Manjarrez (uno de los profesionales seleccionados por el Concejo junto a la ingeniera en Recursos Naturales y Medio Ambiente, María Mesilla, y la ingeniera Química, Gloria Plaza, para auditar a la empresa) para decirme que la gente de Agrotécnica Fueguina no les permitía entrar y les estaba retaceando información”, informó la edil,
Además aseguró que la empresa fue debidamente notificada sobre la auditoría. “Se los llevó a los tres profesionales en una presentación cordial, hicimos un recorrido. En una segunda oportunidad, a fines de noviembre, tuvimos que ir nuevamente porque no los dejaban trabajar, no nos dejaban ingresar a nosotros inclusive y los auditores se fueron muy fastidiados”, relató.
En tanto, sobre la prórroga del contrato de Agrotécnica Fueguina pese a las irregularidades denunciadas, aclaró: “Nosotros no aprobamos absolutamente nada” y recordó: “El Intendente dijo en una nota que se prorrogaba por cuatro años pero que si hay contaminación se rescinde”.
“Esto no es una guerra contra Agrotécnica, simplemente es el cuidado del ambiente y de los vecinos de la zona, porque ya vienen desde hace rato las denuncias de que están contaminando las napas de agua. Y realmente no hay que ser un científico para ver que los lixiviados están cayendo no por los ductos por los que deberían”, aclaró Di Bez y añadió: “Lo que yo no puedo afirmar es hasta donde llegaron, esto es lo que está haciendo el cuerpo técnico. Pero eso, más que un vertedero, es un chiquero”.
“Lo que estamos tratando de ver es que todos quedemos contentos, porque las napas de agua que se contaminan no tienen mitigación posible. Tenemos que ver qué está haciendo Agrotécnica y creo que si se esconden es porque están ocultando algo”, finalizó.
Suspendieron la reunión entre
concejales, el municipio y Agrotécnica Fueguina
Finalmente, la reunión fue suspendida. La ingeniera en Recursos Naturales y Medio Ambiente y una de las auditoras seleccionadas por el Concejo, María Mesilla, explicó los motivos que llevaron a la reunión.
“La documentación y todos los informes que son de dominio del municipio no nos están llegando en el tiempo que requiere la auditoría, porque tiene un plazo muy acotado”, explicó Mesilla y precisó que son tres meses, aunque aclaró que el plazo se podría extender.
Además detalló los pasos que se siguieron para dar
cumplimiento al control dispuesto por el Concejo: “En primera instancia se
presentó un protocolo de auditoría al Concejo Deliberante, al municipio y a la
Agrotécnica Fueguina. Se está haciendo trabajo de campo, relevamientos y se
está trabajando en el entorno socio ambiental, que incluye hacer entrevistas y
encuestas a factores sociales importantes vinculados directamente con el
Vertedero, como los vecinos de barrio Justicia y Gauchito Gil”.
“En términos generales, los vecinos mencionan el olor y consideran que tanto la planta potabilizadora como el vertedero son los causantes de sus enfermedades de tipo respiratorias y dérmicas”, añadió la profesional, al tiempo que remarcó: “Tratamos de que se haga un trabajo objetivo y con pruebas fehacientes”.
En ese orden aclaró: “Por ahora no podemos dar una definición de si realmente el Vertedero está contaminando o no. No tuvimos acceso a la información de que no contamina y ese fue el motivo de la reunión”. “La explicación es que hay un teléfono descompuesto, la información nos llega escasamente y en más tiempo del que debería ser”, aseguró.
Por último subrayó que el objetivo de la auditoría es que haya una mejora continua y hacer las recomendaciones en el caso de que esté contaminando. Además consideró que “hubiera sido un elemento de decisión” si se hubiese realizado antes de la prórroga del contrato, aunque enfatizó que “los tiempos de análisis técnico científicos son diferentes a los de las decisiones políticas”.
“Acá nunca se prohibió la entrada a nadie”
Así lo afirmó un representante de Agrotécnica Fueguina, quien señaló que a los auditores les falta una serie de datos que los tiene el municipio y aseguró: “Nos pusimos a disposición de tramitar eso datos así pueden seguir adelante”.
“No nos oponemos nada, no tenemos nada que ocultar. El ingeniero Reales ya tuvo una reunión con algunos de los auditores y esperemos que con esto se solucionan los inconvenientes y las cosas que se dicen”, puntualizó.
El municipio desmiente
Por su parte, el secretario de Ambiente y Servicios Públicos de la Municipalidad, Federico Casas, quien llegó cuando los ediles ya se habían retirado, negó que la información no esté puesta a disposición por el municipio y afirmó: “El Intendente fue el primer preocupado por esta cuestión. Estamos de acuerdo de que exista una auditoría que dé otra imagen sobre la información que nosotros tenemos”.
“No tenemos pruebas fehacientes de que se suscite la contaminación que se menciona. Todos los análisis de agua, aire y suelo realizados por laboratorios certificados a nivel nacional indican que los parámetros son admisibles”, garantizó el funcionario.
En tanto, respecto a las denuncias de los vecinos de la zona que rodea al Vertedero San Javier por enfermedades respiratorias y endémicas sostuvo: “No soy médico, habría que analizar el motivo de las enfermedades y los pormenores”. Además recordó que hay una investigación que está llevando adelante la justicia al respecto.
La auditoría fue ordenada por el Concejo Deliberante capitalino para conocer la disposición final de residuos en el Vertedero San Javier, luego de las denuncias por contaminación de las napas de agua.
Britos denunció que no fue
notificado sobre la reunión con Agrotécnica Fueguina
El concejal del Partido Obrero, José Britos, aseguró que la visita prevista para el Vertedero San Javier “ha sido una iniciativa del oficialismo” y aseguró que el resto de los concejales no fueron notificados. “Yo integro la comisión de Medio Ambiente y no se me ha notificado de esta visita, me he enterado por los medios”, cuestionó.
“Responde a una iniciativa del oficialismo para
mostrase en un rol de fiscalizador cuando acaba de blanquear el Ejecutivo Municipal,
que ha otorgado la prórroga del servicio
por cuatro años más, no solo de la recolección, sino de la disposición final a
la empresa Agrotécnica Fueguina”, acusó el edil.
Además recordó que -según las declaraciones del secretario de Ambiente y Servicios Públicos de la Municipalidad, Federico Casas- dentro de un año se finalizará la cuarta trinchera San Javier y advirtió: “Mientras tanto se están arrojando alrededor de 740 toneladas diarias de residuos sobre la trinchera San Javier 1, que está clausurada y no cuenta con una estructura para el tratamiento de los líquidos lixiviados y los gases”.
“Esto lleva a una contaminación directa del aire y de las napas porque no existe tratamiento alguno. Es decir que Gustavo Sáenz ha otorgado una licencia para contaminar a Agrotécnica Fueguina, y esto trae consecuencias nefastas para la población”, aseveró Britos, al tiempo que denunció que el gobierno municipal no tomó las medidas necesarias pese a conocer la situación del Vertedero.
Por otra parte, sobre las denuncias de los auditores ante la falta de información que les debe brindar el municipio añadió que incluso se les está dificultando conseguir información de acceso público. Precisó que “lo que no pueden firmar es la contaminación por líquidos lixiviados” y remarcó que “hay varios indicios de que es así, pero ellos prefieren llegar a fondo con la auditoría”.
Respecto al contrato con Agrotécnica Fueguina indicó que la suma mensual asciende a los 33 millones de pesos y subrayó: “Representa el 22 por ciento del presupuesto total de la Municipalidad”. “Tiene una cláusula sobre la que se puede hacer una redeterminación de precios en la medida que la empresa lo solicite sobre la base de indicadores como la inflación”, añadió el concejal y completó: “Se prevé que el contrato podría llegar a 40 millones de pesos mensuales”.
“A pesar de que se ha probado que durante 17 años la empresa ha incumplido el contrato, y el mismo Gustavo Sáenz debió admitir que es irregular el tratamiento de residuos, aun así le otorga una licencia para contaminar”, puntualizó el edil y finalizó: “Lógicamente ahí hay intereses de por medio que implican también a funcionarios municipales”.
Fuente: FM Noticias 88.1 Mhz
