Pablo Alavila, secretario de Políticas
Penales, informó que, tras el femicidio de Andrea Neri, en el Penal de Villa
Las Rosas, se generó un proceso de revisión y se impusieron restricciones en el
sistema de visitas. Además reconoció fallas en la normativa y planteó la
necesidad de legislar en la materia, ya
que sus facultades de control son limitadas.
Para el funcionario, el proceso de revisión es “lo que necesitaba el Servicio Penitenciario, en todas las unidades carcelarias de la provincia” y añadió: “A partir de este momento, y hasta que terminemos un trabajo de revisión de las normativas, se dispusieron restricciones muy importantes a lo que es un sistema de visitas, que lleva muchísimos años sin introducir reformas, ni modificaciones importantes”.
En ese sentido precisó que se establecieron restricciones en cuanto a los encuentros privados, que son alrededor de 200 por día de visita. “A ciertos internos, que tienen determinada comisión de delitos graves o que ya tuvieron incidentes con visitas, se les restringen los encuentros hasta que culminen una nueva evaluación de los equipos psicológicos”, puntualizó, aunque resaltó que se trata de quipos de trabajo reducidos.
“Ya tenemos casos concretos de internos que no están recibiendo visitas privadas hasta tanto terminen los estudios, es un número que varía, pero son entre 8 y 10 personas por día de visita”, agregó y recordó que anteriormente los únicos requisitos para visitar a un interno eran el documento nacional de identidad y un certificado médico.
Asimismo, Alavila recordó que se permitía ingresar con menores de hasta dos años a las visitas privadas, pero aclaró: “A partir del 10 de enero está prohibido el ingreso de menores a las visitas privadas, fundamentalmente porque el personal penitenciario está muy limitado respecto a las posibilidades de seguridad del menor de edad”.
“Entendemos el reclamo de la sociedad por los hechos que han sucedido, pero pocas veces se habla de que el derecho a las visitas es algo que está por encima de nuestro alcance”, manifestó el funcionario, al tiempo que precisó: “La legislación habla del derecho que tienen los privados de la liberad respecto a las visitas, y la obligación que tenemos como gobierno es garantizar las condiciones de seguridad, que es lo que ha fallado en esta oportunidad Nosotros tenemos facultades para ordenar”.
Señaló además que ya hubo
planteos de internos respecto a las medidas restrictivas que se están tomando y
resaltó: “Hemos recibido dos contestaciones por parte de juzgados de la provincia,
uno del Tribunal de Juicio y otro de un Juzgado de Ejecución, son medidas
precautorias y los jueces han dicho que las medidas son correctas y están
dentro de las facultades”.
Por otro lado destacó: “Estamos trabajando con trabajadores sociales con las visitas para que chequeen cuál es el vínculo con el interno. Nos interesa saber si tuvo un vínculo con algún otro interno porque eso genera un malestar dentro del penal” y añadió: “Hay visitas que comenzaron siendo a determinado interno y terminaron conociendo a otra persona adentro”.
“Evidentemente hubo fallas en la normativa”, reconoció el Secretario de Políticas Penales, para quien “no es clara respecto de cómo se accede y se mantienen estas visitas privadas”. “Creo que faltó un trabajo más fino, se tendrían que haber evaluado los factores de riesgo, dentro de nuestras facultades”, agregó y aclaró que el Código Penal vigente no contempla la posibilidad de que los Juzgados restrinjan las visitas al dictaminar las penas, por lo que consideró necesario legislar al respecto.
Fuente: Algo personal/ FM Noticias 88.1 Mhz
BH
