DDN. En la provincia de Salta se desmontó el 2,5% de bosques nativos remanentes por año, mientras que el promedio latinoamericano fue de 0,51% y la media mundial fue del 0,20 por ciento. Estos números se desprenden de una investigación realizada por Lucas Seghezzo, doctor en Ciencias del Medio Ambiente e investigador del Instituto de Investigaciones en Energía No Convencional (INENCO) y el Conicet.
Su informe muestra que se deforestaron un promedio de 100.000 hectáreas por año, siendo el 2008 el período en el que más bosques se perdieron, con un total de 234.456 hectáreas. La ley de bosques de ninguna manera ha revertido este cuadro, incluso lo agravó a través de la proliferación de los desmontes “clandestinos” que, en realidad, son conocidos por un gobierno que da vía libre al negocio y a la expulsión masiva de comunidades campesinas y aborígenes, a las que, luego, Urtubey culpa por su propia pobreza.
Romero, Urtubey y Olmedo contra el Chaco salteño
Detrás de esta masacre socio-ambiental están los negocios de un capitalismo totalmente descompuesto y rapaz: la Sociedad Rural ha planteado que hay que volver a la llamada “ley Olmedo”, que convertiría 5 millones de hectáreas que hoy figuran como zona restringida en el mapa de protección de bosques, para pasar a ser zona verde, lo que significa dar vía libre a los desmontes.
Romero apoya rabiosamente esta línea y es uno de los puntos de negociación con el urtubeycismo a la hora de consolidar un frente patronal para el próximo período. Por su parte, el oficialismo ha declarado no estar dispuesto “a tanto”, pero sí a habilitar esa zona para ganadería integrada.
Esta práctica también está seriamente cuestionada porque implica desmontes parciales que no son sustentables. Detrás de esta variante están los dueños de las tierras del Chaco salteño, entre los que se destaca la familia Macri, Olmedo, Romero, el banco Macro y hasta la Seaboard Corporation (Tabacal), que espera entrar en el negocio ganadero por el lado de la venta de subproductos del biocombustible, que planifica producir en gran escala.
El ataque antiobrero de la patronal de Tabacal en 2016 muestra, a la luz de estos datos, su alcance estratégico. Los bloques patronales salteños apoyaron en bloque las quitas salariales y los turnos relevantes porque las medidas de la Seaboard son el punto de partida de una reorganización integral de los negocios, que implican una destrucción ambiental a gran escala, combinada con una mayor precarización laboral y la expulsión de obreros rurales y campesinos.
Este fenómeno también se aprecia en el reciente acuerdo Urtubey-Olmedo por Salta Forestal, que permitirá a este último no sólo no pagar su deuda con el Estado sino seguir desmontando y sub arrendando 150 mil hectáreas productivas provinciales.
Esta política entraña nuevos y explosivos choques con las masas, de ahí también la importancia de un frente único patronal en Salta. Del otro lado, sólo los parlamentarios del PO se posicionaron del lado de los obreros y campesinos afectados por esta política criminal.
Con respecto a los desmontes, desde el PO se planteó una ley de moratoria, en cuyo período de aplicación se debería investigar a fondo, junto a los profesionales en el tema y las comunidades afectadas, las consecuencias de esta política y cómo revertirla.
“Salta necesita una planificación productiva en beneficio de las mayorías trabajadoras, ajena a los negocios parasitarios de ocasión que han enriquecido a pequeños grupos mientras se registran las tasas de miseria más grandes, justamente en las regiones arrasadas. Este es un debate de fondo, que divide aguas entre todas las variantes patronales (incluida la centroizquierda y la UCR) y el Partido Obrero”, sostuvo Claudio del Plá – diputado del PO – al ser consultado sobre el tema.
