DDN. Gabriela Rodríguez, representante legal de Verónica Guantay, madre de Daniela, la joven de 22 años hallada brutalmente asesinada en el río Mojotoro, y la directora del Observatorio de Violencia Contra la Mujer de Salta, Laura Postiglione, apuntaron contra la justicia salteña por la lentitud del esclarecimiento en casos como el citado y el de Jimena Salas.
El cuerpo de Daniela Guantay fue hallado el pasado 7 de marzo descuartizado, por lo que las autoridades no dieron a conocer la identidad del mismo hasta que el Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) lo determinase mediante pruebas de ADN.
Sin embargo, Verónica Guantay, quien una semana
antes había denunciado la desaparición de la joven madre de dos hijos, había
expresado en el momento del hallazgo que efectivamente se trataba de los restos
de su hija. Aquello pareció no haber sido escuchado por la justicia y recién el
30 de marzo los resultados de las pruebas del Servicio de Biología Molecular
Forense del Departamento Científico del CIF le dieron la razón.
Daniela había denunciado con anterioridad a su expareja, Gustavo Martínez, por violencia de género en reiteradas ocasiones.
No obstante, la familia de la víctima aún no puede iniciar acciones algunas, puesto que existe un total hermetismo por parte de la Fiscalía, a cargo de Rodrigo González Miralplex, acerca de las investigaciones de la causa y del posible culpable al restringirle información que pueda ser utilizada para comenzar con la etapa de las acusaciones.
Gabriela Rodríguez, además de criticar el silencio por parte de la Fiscalía y de la Brigada de Investigaciones, fue mucho más profunda al apuntar contra el Código Procesal de la justicia salteña que no permite avanzar a los familiares de la víctima hasta que el fiscal así lo determine mediante un decreto de citación, audiencia e imputación.
“Acá hay una clara violación a los derechos constitucionales, a los tratados internacionales de derechos humanos y al pacto político y civil”, aseveró la abogada.
En esa línea sostuvo que en realidad el sistema acusatorio no existe y que los fiscales “hacen lo que quieren” en las investigaciones preliminares, por lo duran meses.
Ante ello y el hermetismo total, la letrada adelantó que desde la Fundación “Cintia Fernández”, la cual integra, están contemplando presentarse ante la justicia como querellante en la denuncia de inconstitucionalidad por no cumplirse con procesos básicos, como el acusatorio, en la causa.
Por último denunció que la Fiscalía de Género Nº1 le negó información sobre la denuncias que había asentado antes de morir Daniela Guantay.
“La sociedad reclama que la víctima se pueda presentar como querellante; los derechos de la víctima (familiar) debe ser desde el momento cero”, puntualizó Rodríguez.
“No se están dando respuestas a las víctimas”
Por su parte, la directora del Observatorio de Violencia Contra la Mujer, Laura Postiglione, coincidió con la abogada de la familia Guantay respecto que en Salta la justicia está violando los tratados internacionales de derechos humanos.
En el caso de Daniela Guantay, la funcionaria criticó que desde el Estado no se haya actuado correspondientemente a pesar de las denuncias que antes la víctima había radicado. En ese sentido apuntó también contra el silencio de los vecinos del barrio, por no aportar datos sobre la violencia sufrida por Daniela.
Postiglione puso en tela de juicio el correcto accionar de las Fiscalías de violencia de género, al sostener que cuando se creó el Observatorio “llamó la atención la poca cantidad de casos que no llegan a sentencia definitiva en comparación con la cantidad de denuncias que se receptan”.
“Lo más llamativo que descubrimos el año pasado fue la ausencia de datos”, agregó y comentó que por parte de la Justicia y de Estado solo hay medidas de carácter formal y que, por el contrario, no existe un seguimiento serio de acompañamiento a las víctimas de violencia de género.
Fuente: Somos Salta
