DDN. Lo confirmó el abogado Pablo Recchiuto, quien pidió investigar la responsabilidad de la exfuncionaria en la muerte de Thiago.
El abogado defensor de una de las profesionales acusadas, realizó la denuncia penal contra la exministra de Derechos Humanos, Marianela Cansino, como responsable por la desidia de un organismo que entregó a un menor a morir en las manos de sus padres sustitutos.
Remarcó que cuenta con al menos diez elementos probatorios y más de veinte testigos dispuestos a demostrar que nunca se acercó al Programa de Familia Sustituta pese a las innumerables advertencias que realizaron sus empleados por las faltas de recursos y control.
El abogado recalcó que la “frutilla del postre” que lo llevó a la denuncia penal fue la declaración de Margarita Daza, quien se desempeñaba como jefa del Programa de Familia Sustituta, quien desnudó las falencias del sistema y evidenció la mala administración de la exministra.
Pablo Recchiuto había ofrecido a la exfuncionaria como testigo en la causa, pero a partir del relato de Margarita Daza, ex efa de Programas de Familias Sustitutas, quien reconoció serias falencias en los controles y visitas a los niños como así también la falta de recursos económicos y humanos para el correcto desempeño y cumplimiento de las funciones de los equipos técnicos, anticipó la medida judicial.
El letrado argumentó además que la medida se basó porque desde la Secretaria de Igualdad y Oportunidades se había puesto en conocimiento a Cansino de las falencias existentes y nunca se dio respuestas para solucionarlas y garantizar el cumplimiento de las labores de los funcionarios.
Justificando esta solicitud, Recchiuto se basó en los artículos 18 y 23 de la Ley 7694 de Ministerios donde se expresan las responsabilidades y controles de cada cartera. Específicamente en la de Derechos Humanos, apuntó contra la ex uncionaria a partir de los relatos que se escucharon durante las jornadas de debate y el aportado hoy por Daza.
“Como podemos advertir surgen de las pruebas recabas en esta instancia en el debate que estos dos preceptos gubernamentales no han sido cumplidos. Esta defensa advierte la violación de la norma jurídica”, aseguró. Y agregó: “como elementos probatorios son más que evidentes las declaraciones de varias testigos que refieran que en 2014 se intentó realizar un protocolo de refuncionalización de los programas, pero que nunca fue aprobado”.
“No existe ninguna duda que habría sido consumado este delito por la comisión del delito manifiesto de los deberes que pesaban a cargo de dicho Ministerio cuando lo que estaba en juego era las personas involucradas, en especial niños y familias”.
“Como podemos advertir surgen de las pruebas recabas en esta instancia en el debate que estos dos preceptos gubernamentales no han sido cumplidos. Esta defensa advierte la violación de la norma jurídica”, aseguró. Y agregó: “como elementos probatorios son más que evidentes las declaraciones de varias testigos que refieran que en 2014 se intentó realizar un protocolo de refuncionalización de los programas, pero que nunca fue aprobado”.
“Hay
sobradas pruebas en la denuncia que demuestran la responsabilidad del
Ministerio”, apuntó el letrado, para luego mencionar que en las declaraciones
del juicio se dijo que se habían solicitado mayores recursos y que se habían
enviado notas con quejas y reclamos que nunca fueron evaluados.
En tanto, insistió en la inocencia de su defendida Lorena Alejandra Recchiuto, quien se desempeñaba como psicóloga del gabinete del Ministerio de Derechos Humanos. “Varios testigos manifestaron que se hizo todo lo que se podía hacer, aún con la falta de recursos y demás”, señaló.
Fuente: El Acople - Aries
