DDN. Vivía en la extrema pobreza de un paraje de Santa Victoria Este y por una gangrena debió sufrir la amputación de sus brazos.
En tan solo 24 meses de vida M. A. P. sufrió como nadie: la pobreza extrema del norte salteño, el hambre, la desnutrición, las carencias materiales y hasta una gangrena que obligó a los médicos a amputarle parte de sus brazos. Sus padres, miembros de una comunidad Wichi de Santa Victoria Este, decidieron dejarla en Salta y pronto la Justicia resolvería ponerla en adopción.
Cuando, a comienzos de este año, los agentes sanitarios atendieron a la familia que vive en el paraje San Miguel, a 43 kilómetros de Santa Victoria Este, advirtieron que el estado de la niña de poco más de un año era crítico. Por eso, a mediados de enero se la trasladó de urgencia al Hospital Materno Infantil de la Capital, en donde quedó internada. Padecía un cuadro de desnutrición crónica, gastroenteritis y gangrena, por lo que se le amputaron los miembros superiores.
Los padres la acompañaron durante aquellos días, según un informe que aportaron desde el Poder Judicial, pero en el mismo se dejó constancia de que ambos manifestaron que querían volverse a su casa dejando a la niña en Salta.
Durante los días que estuvo internada, la familia recibió la asistencia del Ministerio de Asuntos Indígenas. Fuentes del área contaron que la ayuda, que consistió en asistencia alimentaria prosiguió hasta que fue dada de alta. Luego, el caso se judicializó y pasó también a la órbita del Ministerio de Primera Infancia, debido al delicado estado de salud que atravesaba.
La Justicia autorizó en ese momento que la niña ingrese a un hogar cuyo funcionamiento depende de aquél Ministerio, en donde continuó con el tratamiento. Así lo confirmó el secretario de Niñez y Familia, Rodrigo Fernández. “Se le brindó mucho recurso humano y una atención muy personalizada, está rodeada de cuidadoras y de equipo técnico, con alimentación especial desde el principio”, explicó.
Rehabilitación y prótesis
Luego de que le salvaran la vida comenzó su lucha por recuperarse y la buena noticia es que lo está logrando con creces. Fernández detalló que, por la mañana, M. A. concurre a un centro de rehabilitación mientras que por la tarde, pasa las horas con los demás chicos del hogar. “Ahora está integrada al hogar, es una nena más”, agregó.
El Ministerio de Salud acercó a ese
centro unas prótesis 3D que de a poco las está utilizando para ir adaptándose
con un intenso trabajo de fisioterapia.
El informe judicial confirmó que la adaptación está siendo un éxito y reflejó que la niña aprendió a comer con sus piernas pero que también está aprendiendo a manejar los muñones.
La familia se negó a recibirla
Con la nena ya sana y en plena recuperación, desde el Ministerio de Primera Infancia hicieron un último intento por lograr que vuelva al seno familiar. “Intentamos ver si era viable su reinserción al núcleo familiar, visitamos a su papá en la comunidad, nos juntamos con el cacique, le mostramos videos de la nena para que vean que estaba hermosa y sana pero hay un rechazo de la familia que no la quiere recibir en esas condiciones, un poco por su cultura”, relató Fernández.
El informe judicial asegura que el padre dijo que hubiese preferido que la nena no sobreviva frente a la amputación y que la madre piensa en la carga que implicaría recibirla en esas condiciones.
Ante esa negativa, el Ministerio dictaminó la situación de adoptabilidad y lo presentó a la Justicia para que lo analice y resuelva la jueza de Personas y Familia n° 1 de Tartagal, Claudia Viviana Yance.
Para conocer a fondo la situación, la magistrada se trasladó al domicilio donde reside la familia en el Paraje San Miguel de Santa Victoria Este, pero lo visto allí sirvió para confirmar lo que antes informó el Ministerio de Primera Infancia y que refieren a pésimas condiciones de vida.
La cruda realidad
El informe realizado pocos días atrás cuenta que se trata de una familia perteneciente a la comunidad Wichi que vive en extremas condiciones de pobreza y vulnerabilidad. Considera que no cuentan con ningún recurso para darle a su hija el cuidado que necesita y que ni el clima del lugar es el mejor.
La familia vive en una casa entregada por el Gobierno pero que no tiene luz, agua potable, ni gas. Allí conviven con abuelos, tíos y tías. Los padres de la niña tienen otros dos hijos más grandes, de tres y cinco años, mientras que tuvieron otro pero falleció. Además, cuando internaron a M. A. en Salta, la madre estaba cursando un embarazo y dio a luz en la ciudad.
La jueza observó que no tienen muebles en el domicilio y que duermen en un colchón desgastado en el piso, por lo que están lejos de tener los elementos básicos para su subsistencia. Como si fuese poco, el padre tiene problemas con el alcohol y trabaja talando árboles, tarea con la que gana apenas 2000 pesos.
A la zona a veces llegan unos pocos agentes sanitarios pero la relación con la gente de la comunidad no es sencilla. El informe revela que ellos sienten temor en su relación con médicos porque sostienen que matan a los chicos con las vacunas. Incluso, cuando los agentes los visitan, huyen al monte.
En busca de una familia
Luego de su visita al norte, la jueza Yance requirió la inmediata intervención del Ministerio de Asuntos Indígenas, IPPIS y de Acción Social de la Municipalidad de Santa Victoria Este para que se incluya a la familia en el programa de fortalecimiento familiar para brindarle ayuda material y económica en un plazo de 20 días.
En lo que respecta a la nena, la Secretaría de la Niñez declaró la situación de adoptabilidad y, según Rodrigo Fernández, la Jueza le adelantó que va a fallar a favor de la adopción, de manera que después de ese pronunciamiento comenzará el proceso tendiente a convocar a padres interesados en adoptarla y darle una nueva oportunidad después de tanto sufrimiento.
Fuente: La Gaceta Salta
