Cristina Fernández a Michetti: “No me gusta el gobierno que ustedes hacen”
DDN. Previo a comenzar la sesión del Senado de la Nación, donde se trató el presupuesto 2018, la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner pidió la palabra por una cuestión de privilegio.
Fernández, en primer lugar, se refirió a la imputación por traición a la patria y encubrimiento de la AMIA que pesa sobre ella, pedido firmada por el Juez Bonadío. Manifestó que “la celeridad” para esa firma sería “buena para todos los casos”. El mismo día que se firmó la imputación, el 7 de diciembre, entró al Senado el pedido de desafuero.
La Senadora consideró que esa situación representa un “avallasamiento” a la representación política e institucional del país. En ese sentido, criticó que se busque constituir la Comisión de Asuntos Constitucionales para tratar su desafuero, ya que de acuerdo a la ley “eso no es necesario”.
“Cualquier cuestión puede ser tratados sin ningún despacho de comisión con la habilitación de los 2/3 como se va a tratar por ejemplo hoy el presupuesto, aunque si bien tiene despacho no han transcurrido los 7 días obligatorios”, explicó. Fundamentó su postura al recalcar que dicha comisión nunca trato pedidos de desafuero. En ese sentido, hizo referencia a un caso en particular de “un senador de una provincia argentina” que tenía un pedido de desafuero requerido por la justicia ante la negativa a declarar en una causa de enriquecimiento ilícito, en 2016. Ante la consulta de otro legislador, Fernández dijo que “no importa quién es, sino que importa el caso”. Aún sin nombrarlo, la Senadora hizo referencia al senador salteño Juan Carlos Romero.
Fernández, en segundo lugar, se refirió a que medios de comunicación “oficialistas y afines al gobierno” la calificaron de “incoherente”. Ante eso, informó que durante su gestión como Senadora fue presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales y trató tres pedidos de desafueros: a un Senador de Corrientes que no había asumido, a Luis Barrionuevo, senador de Catamarca y al senador Ochoa, por Santiago del Estero. Otro pedido de desafuero que no fue tratado por considerarse una persecución política fue el de Luz Sapag. Con esas aclaraciones, la ex presidenta expresó: “Quiero poner blanco sobre negro lo que fue nuestra actuación. Debo tener muchísimo defectos, pero la incoherencia no es uno de ellos”.
En tercer lugar, la Senadora le dijo a los dirigentes políticos que manifestaron en distintos medios de comunicación que renunciar a sus fueros que eso “es lindo” para la cámara, pero que los fueros “no son de los legisladores”, sino del Parlamento con el objetivo de custodiar que la votación del cuerpo no sea alterada.
Además, Fernández consideró que el
Poder Judicial es utilizado para “perseguir, estigmatizar y desprestigiar” a
dirigentes políticos, pero que esa acción no es solo u “atributo argentino”, y
lo calificó como “law fear”, un término estadounidense que implica la
“utilización del aparato judicial para provocar condenas sin juicio a
dirigentes políticos de la oposición”.
Esa consideración la hizo en referencia al memorándum con Irán que es un “instrumento público estatal de derecho internacional” y lo comparó con el firmado por el gobierno actual con Qatar. “El juez que había dictaminado que esto (memorándum con Irán) no era un delito porque era un acto no judiciable, hoy está sometido a juicio político en el Consejo de la magistratura. Es el mismo juez que la sobreseyó a usted (a Gabriela Michetti) por el memorándum con Qatar”, agregó y explicó que esas situaciones constituyen el “law fear”, cuando una misma acción es tratada de una manera dependiendo “de un lado o del otro”.
Reiteró que lo que se “busca hacer” es “vulnerar la representación” de las instituciones. Remarcó que una diputada de Chubut, durante la sesión de la semana pasada, contó que tuvo que votar a pesar de estar en desacuerdo por la extorsión que sufrió el gobernador de su provincia, y comparó la situación con la película de la mafia italiana “El Padrino”.
Además, la Senadora dijo que fue “inédita” la foto donde los gobernadores junto con diputados se reunieron y firmaron un comunicado donde se comprometían a que “todos los diputados votaran y trataran” la reforma previsional.
En ese sentido, le dijo a Michetti: “Ustedes durante toda la campaña negaron enfáticamente que iban a tocar a los jubilados, en las dos elecciones. En ambas campañas negaron enfáticamente que fuera a haber alguna normativa en materia previsional, para inmediatamente después del 22 de octubre enviaron el proyecto”. En eso, la vicepresidenta manifestó que el tiempo para una cuestión de privilegio es de 10 minutos, a lo que la ex presidenta respondió: “Tanto que reclamaban mi presencia en la comisión de presupuesto y hacienda, denme 10 minutos más para una cuestión tan importante”.
La legisladora volvió a disparar contra Michetti y leyó una declaración que hizo la vicepresidente en relación a ella: “No sabemos cómo va a trabajar, porque teníamos una minoría con una muy buena relación con la mayoría. Dependerá de cómo ella quiere relacionarse. Cuando era senadora fue defensora de la institucionalidad y no así cuando fue presidenta. Trabajábamos con mucha paz y serenidad, dependerá de cómo ella quiere relacionarse con los presidentes de bloque. Uno no sabe si va a haber una senadora como era o una ex presidenta que discuta todo”.
Luego de la lectura de la declaración de Michetti, Fernández le respondió: “El oficialismo dice públicamente que oposición quiere el gobierno. Lo dice el presidente, lo dicen todos, usted lo dice. Voy a discutir todo, porque para eso me votaron”.
“Es posible que a usted, al presidente, y al oficialismo no le guste el tipo de oposición que nosotros hacemos – continuó –, pero a mí no me gusta el gobierno que ustedes hacen y no por eso no va a dejar de ser vicepresidente usted, ni va a dejar de ser presidente Macri”.
Por último, la ex presidente recalcó que el tratamiento de la reforma previsional se adelantó para evitar su presencia en el debate, y acusó al oficialismo de “personalizar” todo como una estrategia de “despolitización” y de representar una “fuerte amenaza” para cesar la representación popular en el Parlamento con “métodos y procedimientos” que creía estaba “desterrados” de la política argentina.
