DDN. Lo afirmó la presidenta de la comisión, tras relevar denuncias de violencia policial. También fue una representante de la Secretaría de Derechos Humanos de Nación. Consideran que hay un detenido que está en riesgo.
La comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados se trasladó a Rosario de la Frontera representada por su presidenta, Jorgelina Juárez (Frente para la Victoria), y el legislador Claudio del Plá (Partido Obrero). En el edificio municipal atendieron a vecinos y vecinas que se acercaron a relatar situaciones de violencia policial y se concretaron seis denuncias.
Desde la comisión anunciaron que en la próxima sesión darán a conocer un informe. Además, viajó el diputado Ramón Villa, participó la diputada de ese departamento, María Emilia Figueroa. También se sumó a la iniciativa la delegación de Salta de la Secretaría de Derechos Humanos de Nación, representada por Anahí Barés.
Juárez advirtió que hay “un miedo instalado” en Rosario de la Frontera por el accionar de la Policía. La diputada indicó que López Ibarra detalló que hay 38 causas judiciales vinculadas a la violencia policial desde 2015.
“Nos proponemos acompañar los casos de violencia policial. Vamos a elaborar un informe y a hacerlo público en la sesión de la Cámara. Tenemos que conversar con los integrantes de la comisión. Vamos a proponer realizar un pedido al fiscal de Derechos Humanos de la provincia, Gustavo Alberto Vilar Rey, para que informe sobre todas las causas de atropellos policiales que tiene en la provincia y seguramente vamos a convocar al Ministerio de Seguridad”, sostuvo la diputada.
Del Plá añadió que también evalúan pedir informes al titular de la oficina de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad, Enrique Cornejo Costas, sobre las denuncias realizadas por vecinos contra la Policía.
Los legisladores y la representante de la Secretaría de Derechos Humanos de Nación también se reunieron con el fiscal Oscar López Ibarra y dos auxiliares fiscales de Rosario de la Frontera. “Esta Fiscalía tenía conocimiento de los casos, pero dijeron que trasladan todo a la Fiscalía de Derechos Humanos (que está en Capital y tiene una dependencia en Metán para el distrito Sur)”, precisó Juárez.
Del Plá dijo que López Ibarra explicó que no tomaron denuncias por violencia policial porque durante la primera etapa de aislamiento por la pandemia de la Covid-19 tenían indicaciones de la Procuración General para que las denuncias se asentaran en comisarías, ya que las fiscalías no realizaban atención al público.
Este miércoles, se acercaron vecinos y vecinas para dar a conocer que hubo otras víctimas de abuso policial que se suman a Agustín Arroyo, Julio Padilla y los hermanos José y Pablo Ramis, todos de la localidad del sur.
“Hay un joven con cuatro balazos en la pierna. Aduce que los policías lo detuvieron en la propia casa. Tiene esquizofrenia. Dice que reiteradas veces sufrió violencia policial. Denunció que a su esposa también la detuvieron”, contó la diputada Juárez.
Otra denuncia que sale a la luz contra la Policía de la localidad es la de Eladio Placencia, un hombre de 72 años quien relató a la comitiva que el 27 de mayo, cuando iba en una moto con su nieta, pasó cerca de un operativo de control en el marco de la cuarentena. Un policía lo persiguió, le pegó con una cachiporra en el brazo y lo hizo caer. El golpe le dañó el codo, “estuvo con yeso y con fisioterapia”. Habría filmaciones de cámaras de seguridad que muestran lo ocurrido.
Cuatro detenidos en una familia
También se acercaron a relatar su situación la madre y hermana de Ricardo Emanuel Saldaño, de 25 años, quien denunció un hecho de abuso policial cometido el 9 de mayo en que un policía le pegó con una cachiporra y lo hizo caer de la motocicleta en la que circulaba con un primo. Saldaño plasmó en la denuncia que un golpe en la frente lo dejó inconsciente y que los efectivos huyeron en vez de brindarle asistencia.
La diputada Juárez dijo que la familia les manifestó que después el joven fue de nuevo violentado, esta vez por la Policía Rural, que lo sacó de la casa y lo llevó detenido acusándolo de abigeato. “Hablamos con la madre y la hermana de Saldaño. Ellas denuncian que consideran que es una causa armada como represalia por las denuncias que hizo contra la Policía este muchacho”, especificó Del Plá.
Bares consideró que Saldaño puede estar en riesgo de vida. “El joven hizo la denuncia. Dos días después lo fue a buscar la Policía Rural, lo golpeó delante de la familia y lo subió al patrullero. La madre se subió también al patrullero para no dejarlo solo. Cuando llegaron a la Comisaría (sería la 31), la Policía detuvo a la madre por desacato a la autoridad. Después fue la hermana y la detuvieron por incumplimiento de la cuarentena. Del mismo modo, cuando fue otra hermana también la hicieron quedar detenida. A las mujeres las liberaron a las horas, pero Saldaño sigue detenido hasta hoy”, explicó Bares.
La trabajadora de la Secretaría dijo que cuando fue consultado por la situación de Saldaño el fiscal López Ibarra “dijo que está con prisión preventiva. Que hay un denunciante de apellido Rojas”.
Juárez añadió que se reunieron con el intendente Gustavo Solís, quien se comprometió a brindar asistencia a los y las denunciantes. También habló con el presidente del Concejo Deliberante, Luciano Elvira, y dijo que éste le manifestó que hicieron llamar a al recinto a los comisarios, pero no asistieron.
El secretario de Acción Social del municipio, José Calderón, sostuvo que van a brindar “asistencia psicológica y asesoría legal a las víctimas”. “Es nuestro deber estar a la par de los ciudadanos y cuidarlos. Hemos prestado el espacio del Área de Género, Diversidad y Derechos Humanos para que se haga la reunión. Hemos conocido el relato de las víctimas. Esta gestión municipal reivindica su compromiso con los derechos humanos”, afirmó Calderón.
“Nos llevamos 6 casos, uno más trágico que el otro en el que en todos hay un modus operandi del 911 y también están involucrados efectivos de la Policía Rural. Todos surgen por la cuestión de las medidas ante la Covid y después hay golpes y torturas. Cuando los policías llevan a las personas a la revisión médica al hospital, los médicos no constatan los golpes. Cuando la gente va sola, los médicos constatan todas las lesiones. Terminan siendo cómplices tal vez por omisión o por miedo. Además, los policías vuelven a amedrentar a quienes los denunciaron. En todos los relatos aparece la Comisaría 31, a algunos les tomaron la denuncia mientras que a otros no”, precisó Bares.
Del Plá también relacionó estos hechos de violencia institucional con el rol político del diputado por Rosario de la Frontera, Gustavo Orozco, quien será juzgado (junto a 8 policías) por distintas causas en que lo acusan de abusos policiales cometidos cuando era jefe de la Brigada de Investigaciones de la zona. “Tenemos que intervenir en el papel político que juega Orozco, porque está defendiendo a la corporación policial que comete estos atropellos. La Cámara debería discutir posicionamientos respecto a este cúmulo de denuncias contra Orozco más allá de lo que pase penalmente”, dijo Del Plá. Orozco además tiene una denuncia de su ex pareja por violencia de género.
Comité contra la Tortura sin funcionar
La diputada Juárez planteó que falta la designación de un representante de la Cámara de Diputados para integrar el Comité contra la Tortura que debe conformarse según la ley 8.024 de 2017. Dijo que enviaron hace tres semanas una nota al presidente de la Cámara, Esteban Amat, pero hasta el momento no obtuvieron respuestas. “Le pedimos (a Amat) que llame a concurso. Nos urge que se conforme el Comité porque (es el órgano que) debe trabajar en la prevención de las torturas, tratos o penas crueles a las personas detenidas o privadas de la libertad. Esta semana vamos a volver a insistir”, afirmó Juárez. Enfatizó que la apertura de la convocatoria para la designación debe ser una iniciativa de la autoridad de la Cámara.
Falta también la designación de un representante por el Senado. Hasta ahora el Comité tiene tres integrantes y, aunque podría funcionar con los tres representantes designados, no cuenta con presupuesto asignado.
Los ya seleccionados son: el abogado Ricardo Nioi, ex
director provincial de Protección y Promoción de los Derechos Humanos (por el
Ejecutivo); el abogado y especialista en derechos humanos Rodrigo Solá (por los
organismos de derechos humanos) y la especialista en archivología y militante
de derechos humanos Cristina Cobos (también por los organismos de DDHH).
Fuente: Salta 12
