DDN. Abel Cornejo, procurador general de la provincia, se refirió a la situación de la Fiscalía de Derechos Humanos, donde se decidió hacer un cambio de fiscal tras una auditoría que dejó en evidencia la falta de avance en las causas de violencia institucional.
Cornejo remarcó que no solo decidieron cambiar de fiscal (el lugar será ocupado por Verónica Simesen de Bielke), sino que además se presentó un proyecto en la Legislatura Provincia para que la Fiscalía de Derechos Humanos vuelva a llamarse Fiscalía de Causas Policiales y Penitenciarias, ya que “todos los fiscales tienen la obligación de observar los derechos humanos”. El fiscal anterior, Gustavo Alberto Vilar Rey, se encuentra hoy con un sumario administrativo, debido a que los resultados de la auditoría interna fueron “demoledores”, con las causas “totalmente muertas”.
En cuanto a
la violencia institucional, sostuvo que ha sido muy crítico y en reiteradas
oportunidades manifestó que se puede ejercer el control de la seguridad, el
ejercicio del poder de policía, sin que esto implique vejámenes, abusos y mucho
menos torturas. “Me preocupa que todavía en algún sector se crea que para
investigar delitos se debe torturar. Es necesario que se modernicen los planes
de educación de la policía”, dijo y, en ese sentido, recordó que el año pasado
apartó al Ministerio Público de la educación hasta que los planes sean
modificados.
Entre los aspectos que deben modernizarse, señaló la división entre oficiales y suboficiales que es “binaria y tiene un dejo peyorativo y discriminatorio”. Además, aseguró que las personas deben poder encontrar respuestas a sus inquietudes o a los delitos que se denuncian; y también hizo hincapié en la colaboración con la justicia por parte de la policía, con el nuevo flagelo de los abusos policiales reiterados que “no dejarán pasar”.
Otras medidas tomadas han sido una Oficina contra la Violencia Institucional en el Polo de la Mujer, y un Convenio Táctico de Colaboración con el INADI, actualmente dirigido por Gustavo Farquaharson. “Es una política nuestra evitar los abusos y los atropellos, porque vemos familiares contra la impunidad, contra el gatillo fácil, contra los abusos policiales. El Ministerio Público debe estar a la altura”, aseguró el procurador.
Cornejo se refirió a la promulgación del decreto 255 y consideró que este fin de semana hubo una “presentación en sociedad” del mismo, debido a que el viernes hubo más de 270 procedimientos y otros 200 el sábado; multando locales y personas por supuestos incumplimientos a los protocolos por la pandemia mundial, y consideró que deben empezar a funcionar los juzgados contravencionales para que esté presente el control a la Policía.
Piden
juicio contra un policía acusado de vejaciones agravadas
La fiscal penal de Derechos Humanos, Verónica Simesen de Bielke, requirió ante el Juzgado de Garantías 6, la elevación a juicio de la causa que tiene como imputado al efectivo policial Daniel Martín Yapura, acusado del delito de vejaciones agravadas por el uso de violencia.
Del requerimiento surgió claramente, tras la denuncia realizada por la víctima en febrero de 2019, la existencia del mal accionar del funcionario de la Policía de la Provincia, de 32 años, luego de que se realizara el traslado del detenido y víctima al Sector 4B, ubicado en la Comisaría 9 de la Ciudad de Salta.
Allí, el encargado del sector, Daniel Martín Yapura, mientras el detenido estaba esposado con las manos hacia atrás, le levantó los brazos y lo hizo trastabillar, por lo que la víctima cayó boca abajo con todo su peso. Tras esto, el acusado le colocó el pie en la espalda, lo que ocasionó al detenido lesiones que luego fueron constatadas por los médicos del CIF y Poder Judicial.
Surgió así que el accionar desplegado por Daniel Martín Yapura, provocó múltiples lesiones al damnificado, a quien oprimió con medidas arbitrarias. El hecho se agrava por la calidad especial que el acusado reviste en su calidad de funcionario policial.
Las actuaciones iniciaron tras la recepción del acta de control de legalidad de detención de la víctima del Juzgado de Garantías 2, luego de que al detenido se le preguntara sobre el trato recibido. Aunque el detenido manifestó que no quería denunciar, fue citado a la Fiscalía de Derechos Humanos, luego de que se tomara conocimiento de la situación.
Por otra parte, la fiscal penal Verónica Simesen de Bielke, también requirió el sobreseimiento de los acusados Natalia del Milagro Zuleta, Marcelo Rivas y Javier Fernando Iñigo, tras entender que no existió coparticipación o coautoría en orden a la comisión del hecho delictivo que les fuera oportunamente endilgado.
Imputaron a
los policías por los que Luciano Cruz perdió un ojo
La fiscal penal de Derechos Humanos, Verónica Simesen de Bielke, imputó a los efectivos policiales sargento ayudante Rómulo Segovia, sargento Pablo Exequiel Toledo, cabo Ignacio Esteban Zurita y cabo Alfonso Néstor Sánchez, acusados del delito de vejaciones calificadas en concurso ideal con lesiones graves.
Del decreto
de imputación se desprendió que aproximadamente a las 13:20 del 24 de febrero
pasado, en barrio Norte Grande, los efectivos policiales mencionados y a bordo
del móvil policial 1829, acometieron contra la integridad física de Luciano
Enrique Cruz, de 19 años, y le causaron el estallido traumático del ojo
derecho, con debilitamiento permanente del sentido de la vista por perdida del
globo ocular. La lesión sería producto de un impacto de proyectil de posta de
goma.
Tras ocasionarle la lesión en el ojo, al ser trasladado al Hospital Papa Francisco, la víctima se encontró nuevamente con sus agresores, donde el sargento Exequiel Toledo y el cabo Alfonso Sánchez, lo agredieron físicamente.
Del certificado médico surgió que Luciano Cruz sufrió lesiones contusas equimóticas de forma redondeada en arco superciliar derecho, otra en párpado superior derecho, otra en párpado superior de ojo izquierdo, otra en borde izquierdo de maxilar inferior, una en la cara interna tercio medio de brazo derecho, una sobre tercio superior de esternón, equimosis en tercio interno de clavícula izquierda, lesión contuso equimótica en cara anterior tercio medio de brazo izquierdo y dos en el codo izquierdo, dos sobre línea media y posterior a la altura de la tetilla izquierda y otras dos en la axila izquierda.
La fiscal penal Verónica Simesen de Bielke destacó que la acusación está corroborada con la denuncia del damnificado, las declaraciones testimoniales de los testigos presenciales, los certificados médicos y la copia de la filmación del móvil policial, entre otros elementos de convicción reunidos, que dieron cuenta de la participación punible de los imputados.
Fuente: La Cigarra
