Dos hombres fueron formalmente imputados hoy por el delito de transporte de estupefacientes en una audiencia solicitada por el fiscal general Carlos Martín Amad, del Área de Transición de la Unidad Fiscal Salta. A instancia de los argumentos esgrimidos por el fiscal al presentar el caso, el juez federal de Garantías N°2, Miguel Medina, hizo lugar a la imputación planteada por el Ministerio Público Fiscal, como así también aceptó el pedido de prisión preventiva requerido para ambos acusados.
M.C.B., de nacionalidad boliviana, y H.A.R., argentino, residentes de la localidad mendocina de Guaymallén, fueron detenidos el 31 de enero a las 0.15 en un puesto de control de Gendarmería Nacional, ubicado en el cruce de las rutas 30 y 16, en la localidad de Joaquín V. González, a 213 kilómetros de la capital salteña.
Al presentar el caso, Amad, asistido por la auxiliar fiscal Josefina Vargas, dio detalles del procedimiento realizado por una patrulla de gendarmes, del Escuadrón 45, quienes detuvieron el automóvil en el que se movilizaban los acusados, el cual era conducido por R. Indicó que el vehículo, marca Chevrolet Prisma, circulaba de norte a sur procedente de Orán, ciudad ubicada a 261 kilómetros al norte de la capital de Salta, fronteriza con Bolivia. Al ser interrogados respecto a su destino, informaron que iban hacia Salta, lo que llamó la atención, pues no lo hacían en la dirección correcta, sino iban hacia Metán, al sur de la provincia.
Al advertir esta incongruencia, los gendarmes procedieron a un control más riguroso, lo que generó nerviosismo tanto en el conductor como en el pasajero. En seguida, señaló Amad, los gendarmes notaron que al bajar un bolso de mano, perteneciente al pasajero, tenía un peso excesivo. Asimismo, se detectó una irregularidad en la documentación del vehículo, por lo que se solicitó autorización judicial para trasladar el rodado a la base en Joaquín V. González, donde, ya con la presencia de testigos civiles, se extrajo del bolso tres paquetes de cocaína con un peso total de 3 kilos 235 gramos.
Tras nombrar las pruebas reunidas, el fiscal solicitó la formalización de la investigación penal por el delito de transporte de estupefacientes, como así también solicitó un plazo de investigación de 25 días y autorización para avanzar con las pericias técnicas pendientes, entre ellas las dispuesta en torno a un teléfono celular secuestrado a uno de los acusados.
Argumentos de una defensa
En su defensa, el chofer, asistido por el defensor público Agustín Mogaburu, aseguró que fue contratado por el otro imputado para realizar el viaje por un monto de 10 mil pesos, propuesta que aceptó sin conocer que el pasajero iba a buscar droga. Dio detalles del viaje, la ruta que tomó y los gastos realizados. Indicó que viajaron sin ingresar a localidades o ciudades, y que sólo se detuvieron un par de horas para dormir en una estación de servicio, siendo guiado en todo momento por el otro hombre.
Agregó que, al llegar a Orán, en las afueras, el pasajero se marchó por poco más de media hora, tras lo cual regresó y en seguida emprendieron el regreso, sin conocer que aquél llevaba los paquetes con cocaína en el bolso de mano.
En base a este relato, su defensor solicitó la prisión domiciliaria de su defendido, a quien consideró ajeno a la maniobra. Asimismo, relativizó el riesgo de fuga por falta de dinero para financiarla y adujo que tampoco lo haría, dado que está vinculado a sus familiares. Rechazó también cualquier posibilidad de que entorpezca la investigación, pues reside lejos del objeto del caso. La otra defensa, en tanto, no objetó los planteos de la fiscalía.
La posición de la fiscalía
Por su parte, Amad, quien ya había planteado como medida de coerción la prisión preventiva de ambos acusados, rebatió los argumentos defensivos. “Es muy prematuro para sostener que no tiene nada que ver, aún restan verificar muchos datos, entre ellos el informe de la pericia del teléfono celular secuestrado”, resaltó en la audiencia.
Sobre el supuesto escaso riesgo de fuga aludido por la defensa, Amad sostuvo que tampoco puedo darse crédito a tal aseveración. En cuanto al arraigo, otro argumento de la defensa, el fiscal indicó que los datos presentados al respecto aún no son claros, pues no hay verificación de vecinos respecto al domicilio aportado y le llamó la atención las condiciones esbozadas por el acusado.
Resaltó, a su vez, que aún resta conocerse el reporte de la pericia sobre el teléfono y otras pesquisas más, por lo que insistió en que se mantenga la detención bajo prisión preventiva de los acusados, tal como sucedió ya en otros casos similares.
En vista de ello, y tras evaluar los planteos interpuestos, el juez Medina dio por formalizada la imputación penal, como así también dictó la prisión preventiva para los acusados en los términos solicitados por la fiscalía, cuyos argumentos compartió en su totalidad al expedirse sobre el caso.
