












“Tras el arreglo de la deuda en 2016, con el gobierno de Cambiemos, se abrió el financiamiento no sólo para el Estado nacional, sino también para las provincias”, explicó a Chequeado Matías Surt, economista de la consultora Invecq presidida por Esteban Domecq.
Actualmente, los bonos -es decir, los títulos públicos que las provincias ofrecen en el mercado internacional de deuda- representan casi un 70% de las deudas provinciales, mientras que a fines de 2015 esa cifra era menor al 50%.
¿Por qué son importantes sus reestructuraciones?
Según explicó Surt, actualmente hay 4 provincias que ya están en default, es decir, que dejaron de realizar los pagos de su deuda en la forma y tiempo pactados inicialmente. Son la Provincia de Buenos Aires, Chaco, Entre Ríos y La Rioja.
Además, hay otras 3 que están manteniendo negociaciones para reestructurar su deuda -es decir, cambiar el monto o plazo de los pagos- pero, mientras tanto, siguen desembolsando lo pactado. Este grupo lo integran Jujuy, Salta y Tierra del Fuego.
Finalmente, hay 5 provincias que ya concluyeron sus negociaciones y lograron reestructurar sus deudas, al igual que el Gobierno nacional en 2020: Chubut, Córdoba, Mendoza, Neuquén y Río Negro. Y entre las más comprometidas hay 2 que avisaron que no tienen intenciones de iniciar negociaciones y continuarán pagando normalmente: la Ciudad de Buenos Aires y Santa Fe.
Pero, ¿por qué nos importan estas negociaciones? “Las reestructuraciones de las provincias son un termómetro de la confianza del mercado”, explicó a Chequeado Lorena Giorgio, economista de la consultora Econviews que dirige Miguel Kiguel -ex funcionario del Ministerio de Economía durante las presidencias de Carlos Menem y Fernando De la Rúa-.
“Si bien no es lo mismo que un default a nivel nacional, la salud de las cuentas fiscales provinciales impacta también sobre las del Gobierno nacional, que es en definitiva el que va a asistirlas en última instancia. Un estado nacional con gran parte de sus provincias en default difícilmente logre volver a ser confiable para los inversores de afuera, más allá del horizonte de vencimientos despejados en el corto plazo post-canje”, sostuvo Giorgio, en alusión a la reestructuración de la deuda que formalizó el Gobierno nacional en 2020.
Como explica un informe del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec), el endeudamiento provincial depende en buena parte de un control administrativo que ejerce el Gobierno nacional, pero este control está “caracterizado por su opacidad y diversos grados de discrecionalidad a la hora de autorizar nuevo endeudamiento”.
En este sentido, Surt sostuvo que actualmente “el Banco Central no tiene dólares de sobra en sus reservas internacionales como para venderle a todas las provincias y que éstas paguen sus deudas en moneda extranjera”. Pero, pese a que la Nación prefiere que las jurisdicciones renegocien sus obligaciones, el economista aclaró que las provincias pueden acceder a estos dólares.