DDN. La justicia tucumana vuelve a ser noticia nacional por no priorizar el superior interés ni escuchar a niños víctimas de abusos sexuales intrafamiliares. En abril de 2018, este medio publicó la decisión de la jueza Ángela Rossana Martínez de llevar adelante un proceso de revinculación forzado entre un niño y su familia materna, a pesar de la negativa manifiesta del niño, a causa de los abusos sexuales que sufrió de parte de su abuelo materno.
En aquella ocasión, el niño contó cómo su abuelo abusó de él delante del psicólogo Gerardo Bemsch, perteneciente al Gabinete Psicosocial de aquella provincia, quien, en lugar de brindar un trato digno, lanzaba risotadas mientras el niño le contaba lo que padecía.
Este escenario lamentable vuelve a repetirse en la justicia de Tucumán, pero esta vez con dos hermanitos, también víctimas de abuso sexual intrafamiliar, cuyo progenitor fue acusado y se encuentra con requerimiento de elevación a juicio desde el 25 de junio de 2019, imputado del delito de abuso sexual doblemente agravado por el vínculo y por ser gravemente ultrajante, en concurso real con abuso sexual agravado por el vínculo en grado de tentativa.
Los niños residen junto con su madre en Salta desde hace ya cinco años. Allí solicitó medidas de protección ante el Juzgado de Violencia Familiar y de Género Primera Nominación, a cargo de la jueza Noemí Valdéz. En consecuencia, el juzgado dicta una medida cautelar prohibiendo el contacto de los niños con el padre denunciado por abuso sexual y su grupo familiar.
De manera inentendible, la Cámara de Apelaciones Civil y Familia y Sucesiones de Tucumán, a cargo de la vocal Ester Valderrábano de Casas, de manera insólita insiste en revincular de manera forzada a los hermanitos con el grupo familiar paterno, a pesar de que las medidas de protección dictadas por el juzgado salteño mantienen su plena vigencia. Otro dato preocupante es que para forzar la revinculación, la justicia tucumana ordenó que dos efectivos de la policía de Tucumán, se trasladen hacia la capital salteña, inicien un proceso de búsqueda de la progenitora y los niños y que una vez que los encuentren, los trasladen para garantizar la presencia de los tres a la audiencia a celebrarse el este martes 4 de mayo a las 10, en Tucumán. Ante este panorama, la progenitora solicita la intervención, protección y acompañamiento de la Fundación Red PAPIS, a cargo de la licenciada Lucrecia Miller, quien de forma urgente celebró un acuerdo de colaboración con la Defensoría General de Salta, a cargo de Pedro García Castiella, a fin de que dicho organismo tomara intervención en resguardo de los niños, quien dispuso entre otras medidas urgentes, la intervención de la defensora oficial de Violencia Familiar y de Género 1, Sonia Chirife, para evitar situaciones traumáticas y peligrosas.
Es tal el grado de preocupación que despierta la naturaleza de la medida dictada por la justicia tucumana, al pretender realizar semejante despliegue por una audiencia que bien podría celebrarse de manera virtual, que la Defensoría General de la provincia de Salta, a cargo de Pedro García Castiella, lanzó un comunicado oficial afirmando que el contexto en el que se pretende ejecutar la medida expone la salud de los niños y de su madre, ya que Tucumán está categorizada como de riesgo epidemiológico grave. Ello sin contar que la justicia tucumana solo se limitó a ordenar que los efectivos policiales “tuvieren experiencia con niños” (lo cual tampoco resulta suficiente), pero en ningún momento se preocupó por resguardar su salud.
Según lo informa la defensoría, la situación final dependerá del pronunciamiento de la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial de Salta, la que deberá determinar la jurisdicción territorial y con ello, si es la justicia salteña o la tucumana la que debe continuar interviniendo. Si el tribunal salteño dispone la jurisdicción territorial de Salta y la justicia tucumana insistiera en pretenderla, la cuestión deberá ser dirimida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Fuente: El destape
NF
