DDN. En el marco de un juicio abreviado, el Juzgado Federal de Garantías N°2 de Salta condenó a tres dirigentes de la Asociación de Trabajadores Rurales y Estibadores de Salta (ATRES) por el delito de defraudación a la administración pública. Los dirigentes recibieron penas de tres, dos y un año de prisión de ejecución condicional, como autor, partícipe necesario y secundario del hecho, respectivamente.
Los tres gremialistas deberán pagar 489 mil pesos, suma en la que está incluida la devolución del dinero que percibieron mediante engaños de los beneficiarios afectados, para quienes se convino un pago resarcitorio de 5 mil pesos para cada uno.
Por otra parte, la fiscal señaló que se acordó también el pago de otros 211 mil pesos, dinero que será destinado a un puesto sanitario en la localidad de Rosario de Lerma, pues las personas afectadas por estas maniobras pertenecen a ese municipio.
También, en marco del acuerdo de juicio abreviado, la fiscal subrogante solicitó el decomiso de bienes que fueron secuestrados en allanamientos realizados en la sede gremial de ATRES, en Rosario de Lerma y en la casa de los ahora condenados, entre ellos computadoras, teléfonos celulares y una tablet.
La maniobra fraudulenta
Al momento de explicar el caso, la representante del MPF explicó que la fiscalía comenzó a actuar a partir de la denuncia radicada por algunos afectados en la comisaría 14, de Rosario de Lerma, a la que luego se sumaron otras realizadas ante Gendarmería Nacional. Allí revelaron que, desde julio de 2020, los tres hombres se dedicaban a captar a personas en situación de vulnerabilidad con el objeto de tramitar beneficios sociales del Estado Nacional, específicamente el Salario Social Complementario.
A cambio de esas gestiones, exigían un pago mensual de mil pesos de esos fondos estatales, mientras que en otros casos se quedaban con la totalidad de dos salarios, en ese entonces de $8.500. Además de ello, las personas que recibían -a medias- estos beneficios eran obligados a realizar tareas para la asociación sindical. “Debían prestar distintas tareas laborales, desde atender la sede de la asociación, hacer empanadas para la venta y vender rifas, caso contrario eran obligados a comprarlas ellos mismos hasta participar de actos políticos y realizar campañas de afiliación”, mencionó la fiscal subrogante al respecto.
En caso de no cumplir con estas tareas pesaba sobre los beneficiarios estafados la amenaza de perder tanto el subsidio como el bolsón alimentario, para lo cual bloqueaban las tarjetas de cobro. De esta manera, y junto a otras maniobras de amedrentamiento, se ejercía un dominio absoluto sobre los afectados.
Temor de los afectados
La fiscalía, al comenzar a intervenir y entrevistar a las víctimas, notó que algunas de ellas se resistían a explayarse sobre las maniobras por temor a perder el pago del subsidio, lo que evidencia el efecto de la violencia moral que se ejerció sobre ellos por parte de los dirigentes gremiales.
Con los elementos de pruebas reunidos, la fiscalía solicitó una serie de allanamientos y la detención de los tres dirigentes, sobre quienes el 9 de septiembre de 2020 se formalizó la investigación penal por el delito de defraudación a la administración pública. Así, se estableció que los responsables se desempeñaban en ATRES; uno de ellos Cándido Ernesto Ojeda, era titular de esa asociación y también de la Federación de Trabajadores Agrarios. También cumplía la función de asesor en el Senado de la Nación, donde trabajaba para la legisladora Nora Giménez.
Otra de las implicadas es Carolina Rearte, pareja de Ojeda, y Valeria Calizaya, referente del gremio.
Sin dudas se trata de gente con un respaldo importante, tal puede verse en la imagen de una reunión de los condenados con el dirigente del Partido de la Victoria, Antonio Vilariño.
Fuente: Todas las voces todas- FM Noticias 88.1 Mhz.
MP
