DDN. El Tribunal
Oral Federal N°1 condenó ayer a Enzo Arias y a Ramón Jesús Cortez a la pena de
6 años y 8 meses de prisión efectiva, por el delito de transporte de
estupefacientes agravado por el número de intervinientes, en calidad de
coautores, mientras que por el mismo delito y forma de participación impuso la
pena de 7 años y seis meses de prisión a Teodoro Arias, padre del primero.
El tribunal,
presidido por Federico Díaz e integrado por Liliana Snopek y Marcelo Juárez
Almaraz, dispuso que la pena impuesta a Teodoro Arias sea cumplida bajo la
modalidad de arresto domiciliario debido a la grave situación de salud que
atraviesa.
Los tres
condenados habían sido declarados penalmente responsables el 28 de abril,
cuando el tribunal dio a conocer su primer veredicto en el marco de este
juicio, que dio inicio el 5 de marzo pasado y seguido bajo el sistema
acusatorio.
“Estamos muy
satisfechos con el fallo, ya que no hace más que coronar una gran investigación
que llevó adelante todo el equipo de la PROCUNAR NOA”, sostuvo el fiscal
general Eduardo José Villalba, quien representó al Ministerio Público Fiscal en
el debate.
Tal como lo hizo
en sus alegatos, el fiscal resaltó haber llevado a juicio a todos los eslabones
de la cadena de tráfico de la droga. “En este caso, y gracias a las
herramientas procesales y técnicas investigativas del nuevo Código Procesal
Penal Federal, se pudo presentar todo el cuadro a los jueces, algo que, con el
sistema mixto, nunca sucedió y mucho menos en el tiempo que demandó este caso”.
La investigación
La investigación
se inició el 26 de julio de 2019, cuando un informe de inteligencia de la
Gendarmería Nacional dio cuenta del accionar de una organización que traficaba
droga procedente de Paraguay, desde la localidad fronteriza de Alto La Sierra a
la capital de Salta.
Desde ese punto
de partida, PROCUNAR NOA, con la intervención de los auxiliares fiscales
Mariana Gamba Cremaschi y Jorge Viltes Monier, llevó adelante varias pesquisas,
de las cuales participaron efectivos de la Unidad Especial de Investigaciones y
Procedimientos Judiciales de la Gendarmería Nacional.
El 18 de octubre
de ese año, el fiscal Villalba supervisó en tiempo real una serie de
allanamientos y procedimientos, previamente solicitados al Juzgado Federal de
Garantías N°1, que derivaron en la detención de todos los implicados.
En poder de
Sergio Lapad y Nicolás López, el primer hijo del jefe de la organización, se
secuestraron 29 kilos de marihuana que habían salido de la localidad de Morillo
y tenían como destino una vivienda en el municipio de Embarcación.
En la capital de
Salta, en tanto, fueron detenidos Juan Lapad, quien dirigía la organización que
pretendía comercializar en distintas bocas de expendio la droga incautada. Al
respecto, el fiscal resaltó la gravedad de esta actividad, pues la marihuana
secuestrada equivale a 283 mil dosis que podrían haber afectado la salud de 300
mil personas.
En su alegato
resaltó también el poder e influencia que ostentaba esta organización en
Morillo y Alto La Sierra, pues puso de relieve que su jefe es hermano de Mashur
Lapad, actual senador por el departamento Rivadavia y vicepresidente de la
Cámara de Senadores de la provincia.
En tal sentido,
recordó que Enzo Arias, quien junto a su padre eran los encargados de obtener
la droga incautada, llamó por teléfono a Juan Lapad, luego de las detenciones,
y le pidió que “vaya a solucionar esto que no es tanto”, según surge de una
comunicación telefónica interceptada.
La fiscalía
avanzó con la detención e imputación penal contra Juan Lapad, su hijo Sergio
-quien era su mano ejecutora en el chaco salteño-, como de los Arias, quienes
negociaron la droga con Eduar Santillán, el responsable de pasar la marihuana
desde Paraguay a Salta.
Marcelo Cruz,
Diego Juárez, Santiago Figueroa y Eva Choque, en tanto y con distintos roles en
el traslado y almacenamiento de la droga en Embarcación, también fueron
imputados y pedidos sus detenciones, con lo que el número de implicados llegó a
once.
Tras la
formalización del caso, los Lapad, López, Santillán, Cruz, Juárez, Figueroa y
Choque reconocieron su participación en la operación de tráfico y, por ello,
recibieron condenas de 4 a 6 años de prisión, en el marco de juicios
abreviados.
Juicio oral
Los Arias y
Cortez, en tanto, rechazaron esa posibilidad, promovida por el nuevo código
para arribar a una resolución de conflicto. En su defecto, los tres acusados
fueron juzgados entre el 5 de marzo pasado y ayer, lapso en el que se
realizaron numerosas audiencias, tanto para recibir la declaración de los
testigos como de los propios acusados.
El fiscal
Villalba expuso el 27 de abril en su alegato las pruebas reunidas en contra de
los acusados. En ese contexto, resaltó las contradicciones en las que
incurrieron los tres acusados y describió el rol que los Arias y Cortez
tuvieron en el tráfico de la droga. Al respecto, recordó que los hechos fueron
reconocidos por los acusados.
Para ello, repasó
algunas de las conversaciones telefónicas interceptadas en la investigación. En
una de ellas, Sergio Lapad le preguntó a Enzo Arias sobre la calidad de la
mercancía y mencionó “el cogollo” y “el cripi”. Este último respondió que el
producto es el “más prensado” y que así le podía sacar más ganancia.
Por otra parte,
Villalba recordó que dos días antes de los procedimientos, Sergio Lapad habló
con Cortez y le comentó que la carga ya estaba en Morillo, gracias a “una
apurada” que le “pegó” a los Arias, para luego preguntar si el “auto está
listo” para llevar la droga de Morillo a Embarcación.
En cuanto a
Teodoro Arias, el fiscal resaltó un diálogo en el que Sergio Lapad le reclamó
por la demora en entregarle la droga. “Don Arias, escúcheme. Yo he encargado
cigarrillos y ¿me llegan mañana los cigarrillos?” y “voy a necesitar la plata
porque no puedo estar parado más tiempo, don Arias”, reprodujo Villalba.
Para calmar a su
interlocutor, añadió el fiscal, Teodoro Arias le respondió que “ya en la
nochecita te digo dónde vas a retirar”. Su hijo Enzo, en tanto, le trajo mayor
tranquilidad al decirle: “Yo quiero que te quedes tranquilo, que lo del
grandote (por Sergio Lapad) ya ha quedao, no te hagas problemas”.
Con estos
elementos, la fiscalía dejó probada la participación de los Arias y Cortez en
el hecho. Tanto fue así que, al resolver sobre la responsabilidad de los tres
acusados, el tribunal siguió prácticamente la misma línea argumentativa del
fiscal.
El tribunal
consideró que Cortez, dada las pruebas presentadas por la fiscalía, no sólo
tuvo una participación en la logística del traslado de la droga de Morillo a
Embarcación, sino también que era dueño de parte del cargamento, pues tenía
clientes que esperaban su producto.
Veredicto final
En la audiencia
celebrada ayer, durante el denominado juicio de cesura, la fiscalía ratificó su
posición frente a los tres acusados, repasó las pruebas en su contra y presentó
testigos respecto al uso de los vehículos utilizados para el tráfico, entre
ellos un automóvil VW Bora, en el que se manejaba Sergio Lapad, y en el cual
viajaba con la droga.
También valoró la
titularidad del automóvil Chevrolet Corsa, utilizado por Cortez, quien es
empleado de la Municipalidad de Embarcación. En este marco, declararon los
dueños anteriores de ambos rodados, quienes manifestaron no tener interés en
los mismos. Los dos vehículos serán decomisados.
El fiscal, por
último, resaltó la importancia del caso, tanto por haber logrado la detención
de todos los implicados, como por lograr neutralizar la comercialización del
tóxico secuestrado. Describió al cargamento como “un gran flagelo que tiene
como principal afectada a la familia, cuyos integrantes sufren las terribles
consecuencias de la venta de drogas en las bocas de expendio al menudeo”.
En ese sentido,
recordó el compromiso del Estado Nacional de combatir el narcotráfico, según lo
plasmado en tratados de orden internacional. Respecto a la pena, el fiscal tuvo
en cuenta la falta de antecedentes de los acusados y solicitó para los Arias 7
años y 6 meses de prisión, mientras que para Cortez requirió 6 años y 8 meses
de cárcel. Por su parte, el defensor oficial, Agustín Mogaburu, reclamó una
condena de 6 años para los tres imputados.
El tribunal, tras
la deliberación del caso, varió la pena pedida por la fiscalía en torno a Enzo
Arias, a quien condenó a 6 años y 8 meses de prisión, mientras que mantuvo la
modalidad de prisión domiciliaria para su padre, la cual también fue tenida en
cuenta por la fiscalía. Por último, se ordenó el decomiso de los dos vehículos
y de 10 teléfonos celulares, entre otros elementos.
BH