DDN. Los desalojos de pequeños y medianos productores de la agricultura familiar, campesina e indígena se acrecentaron en los últimos años y se agudizaron durante la pandemia, situación por la cual la directora de Arraigo Rural y Tierras Agropecuarias, María José Castillo, resaltó la necesidad de prorrogar la prohibición de desalojos y avanzar en un programa de regularización.
Mientras se espera que el Congreso Nacional apruebe la prórroga de la ley 27.118 que establece la prohibición de desalojos, Castillo, subrayó como problemática la situación del sector donde “llegan todos los días órdenes de desalojo y no se puede estar pensando en construir un programa de regularización y mejora de la tenencia de la tierra si a la vez teniendo se suman estos desalojos todo el tiempo”.
“Hay un gran número de familias de la agricultura familiar con tenencia precaria, lo que acarrea por supuesto, la posibilidad de la pérdida de la tierra y de sufrir desalojos y conflictos que llevan a la criminalización de las familias”, destacó Castillo quien se desempeñó como abogada de familias campesinas y forma parte del Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI).
En septiembre del 2020, se puso en funcionamiento el Protocolo de Abordaje y Seguimiento de Conflictos Territoriales, a partir del cual se detectaron 80 situaciones de conflicto por las tierras.
“La mayoría de estos casos son de desalojo y esto da cuenta de una situación bastante compleja, que se agudiza por la pandemia. Una familia que está expuesta a sufrir un desalojo hoy está en un cuadro mucho peor que hace dos o tres años atrás, porque no había esta pandemia. Entonces, hay una situación grave que estamos abordando”, explicó Castillo.
La suspensión de los desalojos
La ley 27.118/15 de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar, estableció en su artículo 19 la suspensión por el término de 3 años el desalojo de agricultores familiares.
En 2018, al vencerse este plazo, se aprobó en el Congreso la prórroga por un año, pero desde 2019 el sector de pequeños y medianos productores se encuentra desprotegido frente a las cautelares judiciales que ordenan la expulsión de las familias, sin tomar en cuenta la situación posesoria que tienen los que la habitan.
En este sentido, la funcionaria señaló que “en general el problema que decanta esta situación irregular o situación de precariedad en la tenencia, es que los títulos se compran y se venden sin dar cuenta de esta realidad posesoria, entonces, vienen nuevos titulares registrales y empiezan los desalojos, habiendo comprado una tierra que ya tiene sus poseedores”.
“Los desalojos, al ser cautelares, no profundizan sobre la realidad posesoria, sobre quién tiene derecho a estar sino que simplemente ve un título y desaloja. Esto es algo que ya está regulado en la ley, por eso la ley 26.160 (Comunidades Indígenas) y la 27.118 (Agricultura Familiar) dieron cuenta de esta situación, que establece que se tienen que hacer programas que releven la situación posesoria para después, generar una política para la regularización de las tierras”, sostuvo.
La localización de los casos
De los 80 casos de conflicto abordados desde el área de Arraigo Rural y Tierras Agropecuarias, la mayor concentración la tienen las provincias de Salta con 23 casos, Jujuy con 18 casos y Buenos Aires con 10 casos, seguidos por Córdoba (7 casos), Santiago del Estero (5 casos), Chaco (4 casos) y Tucumán y Río Negro con 3 casos. Continúan Mendoza, Chubut, Santa Fe, Neuquén y Misiones con 1 o 2 casos.
De este conjunto de casos relevados, hay 29 situaciones que incluyen la posibilidad directa o el desalojo consumado de las familias involucradas y en 37 de estos casos se encuentran involucradas comunidades indígenas.
A su vez, hay identificadas un total de 19 situaciones de conflictividad en las que son las mujeres las principales involucradas ya sea por ser las poseedoras de la tierra o por ser las referentes de la comunidad u organización.
Un relevamiento
Según un relevamiento realizado por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de 2011, las situaciones problemáticas vinculadas a la tenencia de la tierra afectan a casi 64 mil familias de agricultores y agricultoras, que abarcan unas 10 millones de hectáreas.
De este total, se estima que un 88% involucra a agricultores familiares que son poseedores y que carecen de título de propiedad y al menos el 74% de las familias poseen la tierra hace más de 20 años, por lo que serían propietarios de la tierra por prescripción veinteañal.
En este marco, en 2013 se creó el Programa Nacional de Titulación y Arraigo Rural (ProntAR), que “es la única herramienta desde el Estado Nacional que aborda específicamente la regularización de las tierras”, con el objetivo de contribuir a la reducción de la precariedad en la forma de ocupación y tenencia de las tierras rurales.
Castillo detalló que es “un programa que tiende a generar recursos en las provincias y municipios para regularizar la tierra, es decir, plata para mensuras, deslindes, escrituras, partiendo del análisis de que hay una situación de precariedad muy grande que hay que abordar. Las provincias tienen sus propios programas de regularización y esto viene a acompañar las políticas que tienen las provincias también, por eso es un programa que se lleva adelante con las provincias”.
La Ley de Agricultura Familiar dispone la creación de un Banco de Tierras para la agricultura familiar, y en esta línea, Castillo planteó que “se está trabajando a partir del diálogo con la AABE (Agencia de Administración de Bienes del Estado), en poner en común cual es la situación de la tierra rural que tiene que estar a disposición de este Banco de Tierras, y construyendo un programa de ‘vuelta al campo’, contemplando, por un lado, el banco de tierras y por otro lado, la construcción y desarrollo de comunidades agroalimentarias que sean los lugares donde la tierra esté en función de la producción de alimentos sanos para el abastecimiento local”.
Fuente: Télam
NF
