DDN. Desde la delegación del INADI en Salta, plantearon que “algunos funcionarios lejos de trabajar para erradicar y prevenir éstas prácticas arraigadas que atentan contra los derechos humanos, las reproducen acentuando los prejuicios discriminatorios”.
La población migrante históricamente ha reclamado por protección y cumplimiento de sus derechos humanos e igualdad ante la ley. A un mundo acechado por una descomposición social progresiva producto de la aplicación de políticas neoliberales, se le suma la vulnerabilidad a que se las y los expone cuando frente a una situación de documentación irregular o provisoria se les restringe el acceso a derechos.
Zottos y Betzel deben asumir la responsabilidad de conocer y respetar las leyes vigentes: Ley 23.592 (de Actos Discriminatorios), Ley 25.871 (de Migraciones) y el Decreto N.º 1086/05 (Plan Nacional contra la Discriminación), normativa que reconoce y garantiza los derechos de las personas migrantes. Por ejemplo, el artículo 34 de la Ley 25.871, que expresa: “Se podrá autorizar la entrada al país de los extranjeros que no reúnan los requisitos establecidos en la ley y su reglamentación, cuando existan razones excepcionales de índole humanitaria, interés público o cumplimiento de compromisos adquiridos por la Argentina”.
La migración ha sido muy relevante y continua desde los propios orígenes de nuestro país. Su rechazo se construye sobre la base del ideario racista afirmando que dichos migrantes son los responsables de nuestras privaciones, desestimando las consecuencias de un modelo distributivo que concentra la riqueza en un sector minoritario de la población.
Este tipo de discursos contribuyen a la formación y sostenimiento de un estereotipo discriminador, transfiriendo a las colectividades migrantes la propia frustración social: se seleccionan víctimas, se las presenta como victimarios y se desvían así las distintas responsabilidades.
“Desde el INADI apelamos a recordar el principio de la no discriminación, así como la solidaridad entre los pueblos como una herramienta valiosa para enfrentar el devastamiento social. Sabemos que las consecuencias de la pandemia generarán un fuerte aumento del desempleo, con efectos negativos de incremento de la pobreza y desigualdad. Los Estados, los funcionarios, los legisladores, los referentes políticos deben estar a la altura de las necesidades que nos impone este momento histórico”, señalaron desde el organismo.
MP
