DDN. Ana Radusky, delegada de la secretaría de derechos humanos de la Nación en Catamarca, habló sobre el conflicto que hay en Aldalgalá por el nuevo intento de las empresas mineras de instalarse a pesar de que la comunidad no está de acuerdo. Radusky, además, integra una asamblea ambientalista.
“Mi rol ha sido intervenir ante la violencia policial y el abuso de autoridad ante los procedimientos que se hicieron en Andalgalá, en los allanamientos y en el inicio de las causas judiciales”, dijo Radusky.
Radusky explicó que cuando se trató de criminalizar la lucha llevada adelante por los vecinos para impedir que continúe el extractivismo minero, los operativos policiales estuvieron dirigidos hacia los referentes de asambleas ambientales, principalmente de la asamblea El Algarrobo. “Queriendo como acotar esa lucha. Si bien hay un colectivo muy visible que lleva adelante muchas acciones, que es la asamblea El Algarrobo, de la que la mayoría de los procesados son integrantes, es una comunidad entera, es una gran parte de la comunidad de Andalgalá la que resiste”, acotó.
Respecto de la detención de los activistas, Radusky explicó que fueron liberados bajo caución, es decir que están libres bajo ciertas condiciones. “La mayoría fueron cauciones reales, o sea tuvieron que poner sus bienes. En principio hubo una caución de $300.000 cada uno, es decir $3.000.000 y ante la presentación de los defensores se bajó y 2 (de los 10) hicieron caución juratoria”, explicó.
Inicialmente hubo 12 detenciones y procesamientos, de los cuales quedan 11, el otro es contra un funcionario del municipio al que se le está cambiando la carátula. Los activistas fueron imputados por estragos, intromisión en la propiedad privada y por hurto calificado. “Todos los demás están bajo las carátulas iniciales que eran imputaciones para todos iguales, por las mismas causas, cosas que es rarísima”, aclaró.
“Como hubo roturas de vidrios en la sede del PJ, denuncia el PJ el robo de dos notbooks o netbooks, no especifica la marca, nada, ahí está el hurto calificado, a todos”, dijo Radusky y aclaró que la caución es porque las causas que se les imputan no son excarcelables.
La funcionaria nacional opinó que las medidas impuestas a los activistas son “extremas y violentas”.
“Hay empresas que están hace muchos años y modelos que se imponen como política de Etado hace mucho tiempo en la provincia y que van avanzando sobre distintos territorios en la provincia. No es la visión política de una provincia, la que habría que mirar acá, sino la de una región”, explicó.
“En el discurso que tiene la provincia en relación a la resistencia que se hace a la minería, a la megaminería, estos proyectos que en muchos países están prohibidos, sobre todo en los países del llamado primer mundo, se dice que son de afuera los que resiste, cuando de todos los procesados y detenidos no hay uno que no haya sido criado en Andalgalá”, expuso.
La funcionaria nacional destacó la organización asamblearia en Andalgalá y expuso que se trata de espacios horizontales, por lo que celebró la organización colectiva.
Fuente: Somos tierra-FM Noticias 88.1 MHz.
NF
