DDN. En el marco de la causa “Contribuyente: Arcadio Obras Eléctricas – Avan Sas – Matías Huergo y Otros” por infracción al Régimen Penal Tributario, el Juzgado Federal N°1 aclaró que este hecho delictivo se tramita en la justicia federal y el 29 de junio de 2020 se resolvieron las situaciones procesales de todos los imputados.
Por otro lado, en el hecho delictivo que se le atribuye al entonces secretario de hacienda municipal Pablo Gauffín en perjuicio de la Municipalidad de Salta, de COSAYSA S.A. y de la Provincia de Salta, se declaró la incompetencia de la Justicia Federal el 9 de mayo de 2019 y se consideró que correspondía la intervención de la justicia de la provincia de Salta.
Con motivo de la incompetencia, se remitieron las actuaciones al Juzgado de Garantía N° 5 el 21 de junio de 2019, y se los invitó a que en caso de no compartir lo resulto se devuelva al juzgado federal. Sin embargo, luego de recibir las actuaciones, el juez interviniente no planteó un conflicto negativo de competencia e incluso el 6 de agosto de 2019 decidió suspender su trámite “hasta tanto se informe que el decisorio se encuentra firme”.
“Resulta importante que se entienda la diferencia de consecuencias y efectos entre el camino procesal escogido en el caso por el juez actuante en la justicia provincial, del cauce que deriva de una cuestión de competencia debidamente trabada”, indicó el parte de prensa. En el mismo sentido, señaló que “las diferencias entre tribunales no deben paralizar los procesos ni las investigaciones en curso”.
En el parte de prensa firmado por Bavio se realizó un análisis cronológico del derrotero procesal de la causa. El 9 de mayo de 2019 se declaró la incompetencia parcial del Juzgado Federal, lo cual fue apelado por el fiscal interviniente y el 14 de junio de 2019 la Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones resolvió confirmar la incompetencia para continuar investigando los presuntos hechos ilícitos en los que posiblemente estén involucrados funcionarios municipales, más de treinta empresas privadas (algunas reales y otras ficticias) y directivos de COSAYSA S.A. por direccionamiento y por la “cartelización” de la obra pública. Luego, reitera que el Juez de Garantías N° 5 decidió la suspensión.
“Esta decisión suspensiva de la tramitación lejos de ser controvertida e impugnada por las Fiscales integrantes de la Unidad de Delitos Económicos Complejos interviniente y pese a que con anterioridad habían solicitado la incompetencia del tribunal provincial, no solo la aceptaron sino que además requirieron al juez que se aclare que dicha suspensión debe extender sus efectos a ‘todo el trámite procesal’ y, en ese sentido, el magistrado se pronunció aclarando que la medida ‘abacarcaba la totalidad del proceso”, se informó.
“Siete jueces federales ya se pronunciaron en sentido coincidente respecto de la competencia local de los delitos comunes ya mencionados y la firmeza que se reclamaba para avanzar, ha sido superada holgadamente”, se manifestó en el parte de prensa y continuó reiterando, nuevamente, que fue el Juzgado de Garantías N° 5 quién suspendió el proceso formado por las actuaciones enviadas el 22 de junio de 2019.
LS
