DDN. Rosa Fabiola Díaz está siendo juzgada por el incumplimiento en los deberes de su cargo, tras una investigación interna que detectó más de 150 casos sin resolver que se derivó luego de que se la acusó del robo de donaciones que debían ser enviadas a comunidades wichí en la ciudad de Tartagal.
El Defensor General de la Provincia, Pedro García Castiella, señaló en ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados: “No vine a la Defensoría General a apañar ni consentir irregularidades; tampoco la defensa corporativa. Me tranquiliza que los miembros del Jury en el día de ayer hayan tenido ante sus ojos la cara visible de la pobreza y el abandono del que resultaron víctimas; ya que esos asistidos por la defensa pública que concurrieron desde la Ciudad de Tartagal a brindar testimonio el día de ayer, son las verdaderas víctimas del abandono de las funciones que motivara la acusación en contra de la doctora Díaz.”
El miércoles 23 presentaron declaración cuatro personas que forman parte del conjunto de casos que conforman los 150 casos con los que se compone la acusación a Díaz por mal desempeño e incumplimiento de los deberes del cargo en contra de la Magistrada enjuiciada. Las personas viajaron desde Tartagal para poder brindar sus testimonios.
El primero de ellos fue I.F., cacique aborigen que vive en extrema vulnerabilidad, que tras el fallecimiento de su hermana concurrió durante 4 años a la Defensoría para obtener la tutela de dos pequeños sobrinos que le posibilite no solo regularizar la situación legal de los menores sino también a la obtención de una asignación universal por Anses. Luego declaró R. V. O., quien indicó que concurrió a la Defensoría Oficial Nro. 1 para iniciar los trámites por cuidado personal de 7 hijos menores de edad en tres oportunidades, donde le hicieron presentar documentación todas las veces sin iniciar los trámites. Hoy, cuatro de sus hijos ya son mayores de edad.
La tercera fue E.D., quien solicitó que se inicie tramite de tutela por tres nietos, quienes en el momento del requerimiento de representación eran menores, pero en la actualidad dos son mayores y la menor precisa cobrar un seguro por la muerte de un familiar, hecho que no se produjo por la inacción de la Defensoría.
Por último, N. P. relató que se presentó en la Defensoría para iniciar interdicto de recobrar posesión, había sido despojada violentamente de su inmueble, dejo entre su documentación un boleto de compraventa original, el cual había sido extraviado.
En los tres primeros casos, y gracias a las disposiciones restaurativas urgentes ordenadas desde la Defensoría General, se activaron las distintas actuaciones que ya se encuentran en trámite, las guardas provisorias ya otorgadas y salvados los riesgos de prescripción de la acción. En cuanto al cuarto caso, la documentación extraviada fue recientemente encontrada en el proceso de ordenamiento dispuesto, y a pesar de haber operado el plazo de la prescripción, se encuentra en evaluación una petición constitucional para salvar la problemática no atendida en su oportunidad.
García Castiella declaró durante una hora y media, respondiendo preguntas del Tribunal y la Defensa.
Por su parte, Díaz y su defensa hicieron alusión a las condiciones de abandono en la que se encontraba la Defensoría Oficial N° 1 al asumir la dependencia en el año 2018, como justificación de haberse desentendido de todos los trámites que se encontraban pendientes antes del 2018. En su descargo, la magistrada enjuiciada expresamente consignó que la anterior Defensora General tenía un acabado conocimiento “in situ” de las condiciones en las que trabajó la Defensoría.
Ante ello, el Defensor General respondió: “No creo que la doctora María Inés Diez, haya estado en conocimiento, ni menos aún consentido semejante determinación; y si fuera cierto que asumió en el 2018 con una dependencia en condiciones de abandono como afirma la doctora Díaz, debió hacer lo mismo que hizo ahora el Defensor Veliz, es decir, ponerlo en inmediato conocimiento de la Defensoría General, lo que no hizo”.
Castiella agregó: “Señores Miembros del Jurado: reconocer como lo hace la doctora Díaz, que desconoció y abandonó todas las actuaciones solicitadas por personas carentes, ingresadas con anterioridad a su designación en el año 2018, es lo mismo que admitir que cuando asume un Juez, disponga que todos expedientes anteriores a su designación, sean archivados o tirados. Y más gravedad reviste la cuestión cuando esas mismas personas continuaban concurriendo con posterioridad a la defensoría a averiguar por el estado de su trámite, y se les respondía que debían esperar, que regresaran pasado un tiempo. Ni siquiera les hizo conocer que nunca se habían iniciado”.
Respecto de la imputación relacionada a la utilización abusiva de una persona en condiciones de vulnerabilidad para la elaboración de instrumentos falsos destinados al despojo de la posesión de una vivienda en Joaquín V. González sobre la que tenía intereses el cuñado de la defensora y pareja de su hermana, Paola Díaz; y conforme a lo declarado por el Defensor General ante el Tribunal, indicó que la prueba producida pone de manifiesto que no solo se utilizaron las instalaciones de la defensoría, sino que también se invocó la condición de Defensora Oficial para confeccionar un acta y suscribir documentación relacionada con la compraventa simulada o fraudulenta, y además en representación de una personería que habría correspondido a su cuñado. Para ello, usaron a una persona en condiciones de vulnerabilidad, ejecutando todos los actos a su nombre, dejándola comprometida y expuesta a ser objeto de una acción penal y a un juicio civil en la localidad de J.V. González.
“Les pido a los señores miembros del Jury que previo a resolver, revisen entre la documentación secuestrada en oportunidad del allanamiento realizado en la defensoría en las actuaciones penales a cargo del Fiscal Vega, y que se encuentra a vuestra disposición y reservada, en donde se encontrarán en especial con un instrumento, un documento, que demuestra de manera contundente y cierra el círculo de la maniobra desplegada a favor del cuñado de la doctora Díaz, en donde la misma, invocando su condición de magistrada, y a la vez en representación de su cuñado, confecciona un acta que pretende ser un instrumento privado rescisorio donde se pretendió dejar constancia de una restitución del dinero a la ficticia compradora y la rescisión de la compraventa simulada o fraudulenta, mencionándose en el instrumento que el mismo fue efectuado en las dependencias del Ministerio Público, como lugar de celebración”, expresó el Defensor Oficial y sostuvo al Jurado que siendo miembros del Consejo de la Magistratura conocen los procesos de selección y cual es el perfil exigible para un magistrado.
Luego de Castiella, declaró el Defensor reemplazante, Luis Véliz, quien fue consultado sobre las condiciones en las que encontró la Defensoría y manifestó que quedó sorprendido al ocupar el cargo y encontrar un armario repleto de documentación y carpetas de trámites sin iniciar, lo cual informó de forma inmediata a la Defensoría General.
Veliz dijo que el personal de la defensoría se refería a ese armario como el “cementerio (sic). Dicho armario se encontraba en un espacio común, fuera del perímetro de la Defensoría Oficial Civil N° 1, y la documentación había sido depositada allí por orden de la defensora enjuiciada.
Posteriormente expusieron los doctores María Belén Rubio, Aldo Rubén Saravia, Sebastián Oliver y Rafael Benegas, también expusieron ante el Tribunal y fueron exhaustivamente interrogados, explicando e ilustrando respecto de los procedimientos de inventario e investigación, que permitieron individualizar y decantar aplicando un triple control de entrecruzamiento de información, registros en los sistemas del Ministerio Publico y del Poder Judicial y llamadas telefónicas, lo cual llevó a la detección de los 150 casos de asistidos a quienes se los privó de asistencia y acceso a la justicia.
La doctora Laura Salas, por su parte, expuso los pormenores y la extremada sensibilidad y gravedad de muchos de los casos que se detectaron como abandonados, detalló la situación de numerosos casos, individualizando cada uno de ellos, en los que se advertía inacción o desidia para brindar una solución.
Salas relató diferentes situaciones respecto de requirentes "invisibilizados" durante mucho tiempo y respecto de los cuales “a su extrema pobreza se sumaba la vulnerabilidad”, y expresó con sensibilidad la dramática situación de quienes no encontraron solución a sus graves problemas ni defensa de derechos fundamentales vinculados con la niñez, la ancianidad, familia, propiedad, acceso a la justicia, como asimismo la falta de utilización de las herramientas adecuadas y disponibles que se tenía a disposición para cambiar esa dura realidad para aquellas familias.
También indicó los diferentes relatos recibidos de cada uno de los asistidos en oportunidad del contacto personal y las soluciones articuladas a partir de ser advertida la situación.
Finalmente, el doctor Santiago Sotelo, encargado de la Planificación Restaurativa ordenada por la Defensoría General-, brindo una extensa exposición en relación a las tareas que le fueron encomendadas a los fines de convocar a las personas afectadas por la omisión del trámite de asistencia y consultarles si subsisten las razones por las que concurrieran a la Defensa Pública, lo que permitió que en el término de los últimos tres meses ya se ingresaran a los juzgados más de ciento veinte actuaciones nuevas, entre las que se encuentran aproximadamente cincuenta relacionadas con los trámites abandonados por la defensora enjuiciada.
Durante su declaración, Sotelo dio cuenta del estado de abandono sistemático en se encontraba la dependencia bajo la dirección de la doctora Díaz y explicó el atraso generalizado en la tramitación de los expedientes y el abandono en que se encontraban asuntos de suma gravedad. Entre estos asuntos, se encontraban los concernientes a mujeres víctimas de violencia, mujeres despojadas de sus inmuebles, pacientes con adicciones y a patologías psiquiátricas que habían recibido ningún tipo de protección por parte de la defensa.
De esta manera, se detallaron las graves deficiencias de funcionamiento en asuntos simples como juicios de alimentos y cuidado personal donde las causas no fueron impulsadas ni las personas debidamente atendidas. El funcionario explicó que las causas del atraso no se justifican ni por el exceso de trabajo ni por la complejidad de los casos, destacando que se desaprovechó la gran oportunidad que significó la pandemia y los días de feria judicial extraordinaria y presencialidad restringida, para ponerse al día con trabajo atrasado de acuerdo con las instrucciones del Defensor General y el Colegio de Gobierno del Ministerio Publico.
Por último, Sotelo informó las acciones que están implementándose para revertir el severo deterioro ocasionado en los justiciables.
LS
