DDN. Pese a las críticas, el secretario de Seguridad de la Provincia, Benjamín Cruz, justificó el encuentro con el ex policía Luis Chocobar, condenado por asesinar por la espalda a un menor de 18 años y aseguró que “se ha querido polemizar esta situación”.
Para el funcionario “se ha tergiversado la información, se ha querido polemizar esta situación”, señalando que el caso ya fue juzgado y Chocobar condenado. Asimismo, aseguró que el encuentro “no ha sido tan institucional desde el gobierno de la Provincia” al indicar que el ex policía se presentó junto al abogado de la Fundación que preside, tras solicitar una audiencia, durante un encuentro que mantenía con el jefe de Policía, José Ibarra.
En dicha reunión, según comentó, hablaron sobre el objetivo de la fundación que busca brindar asistencia legal, técnica, alimentaria y médica a policías denunciados por abuso. “Ha nacido de los aportes que hicieron la cantidad de personas que abrieron una cuenta a nombre de él y que había juntado más de 2 millones 200 mil pesos a beneficio de él, sabiendo que se quedaba sin trabajo porque estaba inhabilitado para cumplir sus funciones. Formó esta fundación a los fines de asistir a policías que sean acusados de cometer algún delito por exceso de sus funciones y poder asesorarlos de esa manera en forma gratuita”, detalló Cruz.
“Nosotros le contamos cómo se viene trabajando en la Policía de la Provincia, que es algo que me tocó observar y fui testigo cuando llegué a este cargo, en diciembre de 2019 y, previo a eso, en varias reuniones con los retirados de las fuerzas, que me comentaban que siempre había órganos acusadores de la policía, pero que no teníamos una institución fortalecida para defender al policía”, continuó el funcionario para quien, y pese a los numerosos casos de violencia policial, “el hilo se corta siempre por lo más delgado”, cuestionando que se juzgue el accionar de estos efectivos. “El policía también tiene sus derechos, tiene su derecho de defensa”, expresó.
En tal sentido, Cruz se refirió al trabajo de la Dirección de Asuntos Internos, dependiente de la secretaría a su cargo. “Es independiente de la Policía porque las llevan abogados civiles, donde se evalúa si hubo o no un exceso en su cumplimiento de funciones, si hubo un buen o mal desempeño. De esa manera, se trabaja en forma paralela con el Ministerio Público Fiscal. En el caso de que sea culpable, se llega a la sanción o exoneración de la fuerza y, en el caso que no, al sobreseimiento”, explicó y añadió: “Me ha llevado a fortalecer el área jurídica de la Policía de la Provincia con abogados policías, defensores de los policías en el caso de muchas situaciones que tuvimos por estas denuncias que se hacen en el mal desempeño de los efectivos. A nosotros no nos tiembla la mano en el caso de encontrar las pruebas suficientes para poder, en el caso de que sean culpables, exonerarlos de la fuerza”.
En tanto, sobre los distintos pronunciamientos desde organizaciones de derechos humanos repudiando el encuentro y lo que éste deja traslucir, en una provincia que tiene a un negacionista al frente de Ministerio de Seguridad, como Juan Manuel Pulleiro, y que no destina los fondos para poner en funcionamiento el Comité Provincial para la Prevención de la Tortura, manifestó: “Son opiniones que pueden tener ellos, son opiniones que yo puedo plantear o no. Pero creo que, si este señor ya ha sido juzgado por la justicia, ¿por qué la sociedad tiene que juzgarlo nuevamente? ¿por qué darle otra condena social de no abrirle las puertas, de no escuchar, de no atender la situación que él está planteando y una herramienta más que le pueda estar dando a todos los policías del país?”.
Además, buscó aclarar: “Se habló de que hubo un reconocimiento por parte del Secretario de Seguridad a ellos y fue al revés. Hubo una plaqueta donde ellos nos dan a nosotros como una presentación de su fundación, nos entregan esta plaqueta, y no se firmó ningún convenio. Es imposible que yo firme un convenio porque en la Policía de la Provincia de Salta todos los efectivos policiales que están en esta situación tienen el derecho de elegir quién los defienda, puede ser un abogado de la institución o puede ser un abogado de ellos. Entonces, no puedo encorsetarlos a través de un convenio”.
Insistió respecto a que las versiones que se conocieron son erróneas y agregó: “Esta puede ser una herramienta más para los policías de Salta, pero no depende de nosotros. Por más que yo firme un convenio, esa fundación también tendrá que trabajar con el Colegio de Abogados a los fines de hacer un convenio con ellos para que esos abogados de la fundación puedan litigar en la provincia de Salta”.
“Quisieron politizar esta situación de Chocobar, y la justicia la estableció una condena (…). Nosotros no vamos a entrar en esa politización porque la institución policial si hay algo que no tiene que tener es la política dentro de la Policía porque nosotros somos una fuerza de seguridad que tenemos que garantizarles a todos los ciudadanos de la provincia esa seguridad que nos están requiriendo”, sostuvo Cruz.
Por otra parte, remarcó: “Si hay algo que tiene que estar aceitado y trabajar en conjunto es un Ministerio de Seguridad con un Ministerio Público Fiscal a los fines de que todos los procedimientos que se hacen estén avalados a los fines de no tener el día de mañana esta problemática donde el efectivo es el que sale perjudicado, si hizo porque hizo y si no hace porque no hace”, aunque pidió celeridad en la resolución de las causas.
El Secretario de Seguridad destacó así el trabajo que vienen realizando con diversas organizaciones y áreas de gobierno, adelantando que próximamente pondrán en funcionamiento las “comisarías de la mujer”, respecto a lo cual señaló: “Quiere decir que todas las comisarías de la Provincia van a estar con personal capacitado para poder atender estas situaciones”. Además, aseguró que se ha capacitado a casi el 100% del personal en el marco de la Ley Micaela.
Finalmente, cuestionó la “desinversión de 12, 14 años en seguridad”, agravada por el incremento poblacional en distintos puntos de la ciudad. Hizo hincapié en la necesidad de mayor inversión en el sistema de video vigilancia que cuenta actualmente, según precisó, con 1201 cámaras funcionando y 32 fuera de funcionamiento. A su vez, señaló que “hay un 85% de conflictividad social”, señalando entre sus causas al aumento del desempleo y la crisis social y económica que ello genera.
Fuente: Aries
BH
