DDN. Un juez federal dictó la prisión preventiva a tres gendarmes y al propietario de una finca ubicada en Salta, en la zona de frontera, detenidos en el marco de una investigación por hechos de corrupción relacionados con el contrabando de granos.
La medida del juez federal de Garantías de Orán, Gustavo Montoya, recayó sobre Diego Ernesto Radaelli, Rodolfo Ayala y Marciano Alberto Páez, quienes ostentan la jerarquía de alférez, sargento y el comandante principal del Escuadrón 54 de Aguaray de Gendarmería Nacional, respectivamente, por el delito de contrabando de exportación en concurso real con cohecho, por su condición de funcionario público, misma acusación que recibió el finquero.
Fuentes del Ministerio Público Federal informaron que el fiscal general Eduardo Villalba, junto a la auxiliar Roxana Gual, expusieron ante el juez Montoya los hechos investigados, que datan de noviembre de 2020 hasta mayo pasado, y que consisten en maniobras tendientes a facilitar el paso de camiones con cereales a Bolivia.
Según la fiscalía, el finquero tuvo un rol clave en los delitos, ya que su propiedad colinda con territorio boliviano y servía como paso de los transportistas que se valían de la asociación delictiva creada para evitar el pago de importantes sumas de dinero en concepto de impuestos, y causar con ello un grave perjuicio al Estado.
La modalidad, según agregó Villalba, se vio completada con la participación principalmente de Páez, quien, en su calidad de jefe del escuadrón, había acordado con Radaelli y Ayala liberar la zona para el paso de camiones, los que previamente acordaban el pago de una coima con el dueño de la finca.
De esta manera, los acusados habrían llegado a percibir sumas de alrededor de 150 mil pesos en concepto de coima por cada transportista que llegaba a la zona, por supuesto sin la documentación en regla.
Además de canalizar el paso ilegal de los camiones con granos hacia Bolivia, los acusados, en especial los gendarmes, entorpecían investigaciones de casos de contrabando y realizaban controles sobre los camiones que rechazaban el pago de coimas con el finquero.
Para fundamentar la acusación, el fiscal presentó distintos elementos de pruebas, entre ellos audios en los cuales se puede escuchar a los acusados hacer alusión explícita a las maniobras ilícitas.
A su vez, señaló que, para asegurar el éxito de su accionar, el personal que desconocía de esta asociación delictiva era enviado al monte u otros puntos alejados, a fin de evitar ser descubiertos.
En vista de la gravedad de los hechos y el carácter de funcionario público de los acusados, el fiscal solicitó la prisión preventiva de los mismos, dado el riesgo de fuga, la posibilidad de que entorpezcan la investigación al intimidar a testigos o alertar a otros posibles implicados.
Los acusados, en tanto, se abstuvieron de prestar declaración y sus defensores se opusieron a la prisión preventiva solicitada por la fiscalía, al tiempo que plantearon la libertad de sus clientes.
Para ello, minimizaron la acusación de la fiscalía y pidieron, en caso subsidiario, la detención domiciliaria de los mismos.
Tras escuchar a las partes y garantizar el derecho de defensa de los acusados, Montoya resolvió dar por formalizada la investigación penal por los delitos planteados por la fiscalía, dictó la prisión preventiva de los cuatro acusados y autorizó una serie de pericias pendientes.
BH
