DDN. “¡Por fin, después de tanto!”, dice Inés Peña al otro lado de la línea. Es jueves 8 de julio. Inés integra Madres de Plaza de Mayo de Jujuy y tiene un diagnóstico temprano de un problema de memoria que no borra lo que no puede borrar. “Después de 45 años recibimos con satisfacción el fallo de la Corte Suprema”, agrega, en un audio de voz. “Gracias a eso podremos seguir con una de nuestras mayores preocupaciones: que se condene, que se juzgue, que se investiguen los delitos que ha cometido Blaquier y saber la suerte de nuestros detenidos desaparecidos”. Y se pregunta: “¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Quién? ¿Quiénes han sido las personas que han participado de los secuestros? ¿Cuáles han sido los motivos por los cuales han sido secuestrados y de qué se acusó a nuestros desaparecidos de todo el departamento de Ledesma de la provincia de Jujuy? Esta es nuestra preocupación, ahora estamos con más confianza, nunca apostamos a la impunidad, por cierto. Pero ahora apostamos a que la Justicia esclarezca y juzgue, que las condenas sean justas y equitativas para todos”.
A comienzos de 2012, Jujuy era la única provincia que no había reiniciado las causas de lesa humanidad. Cada vez que el fiscal Domingo Batule pedía una indagatoria, el juez subrogante Carlos Olivera Pastor la negaba. Según las estadísticas del Ministerio Público Fiscal, rechazaba el 80 por ciento de los pedidos de indagatoria. Las víctimas sabían, como lo sabía el entonces titular de la Procuraduría de Lesa Humanidad, Jorge Auat, que cualquiera de las líneas que empezaran a moverse iban a tocar las puertas de El Familiar, ese demonio que en las leyendas populares sale a comerse a los obreros antes y después de las cosechas y que en Jujuy tiene el nombre de Pedro Carlos Tadeo Blaquier.
Inés daba vueltas a la Plaza Belgrano todos los jueves. Los familiares de los desaparecidos pedían al juez una y otra vez entrevistas que no daba. La Comisión Interpoderes, todavía en funciones continuas, lo convocó a Buenos Aires. El Ministerio Público lo denunció en el Consejo de la Magistratura, pero Olivera Pastor, nada de nada.
Un jueves, después de la ronda, Inés llevó una nota al juzgado para dejar en la mesa de entradas. El edificio tenía una escalera. Ella subía y bajaba. Quería dejar esa nota, pero el juez no la recibía. Entonces, llamó a Milagro Sala.
“Lo habíamos intentado varias veces, pero él cerraba las puertas”, dijo Inés hace años. “Ese día llamé a Milagro y le conté.
—¡No puede ser! —me dijo Milagro. Y agregó: “Vamos ahora”.
“Y ahí nomás se vinieron como tres mil personas. Ya nos veníamos juntando porque las causas no avanzaban, y la Túpac empezó a participar de las rondas de los jueves. Las relaciones con el juzgado estaban tensas. No había diálogo. No hacían nada. Y ese jueves, ella se vino con la gente y en la puerta del juzgado se improvisó una asamblea. Yo iba y venía. Me decían que el juez estaba ocupado, que no podía. Y ahí nomás, Milagro o alguien dijo:
—¡Todos arriba!
No sé cómo decirlo –expresa Inés–, pero yo en ese momento sentí una marea humana que me subía en andas hasta la puerta del despacho del juez”.
Raúl Noro, el esposo de Milagro, trancó la puerta con un pie cuando un guardia quiso cerrarles el paso. Alguien subió en andas a Inés, que flotaba en el aire escaleras arriba. Y ya en la puerta del despacho, la bajaron ante la cara desorbitada del magistrado.
—Vení, vení –la llamó Milagro–. Acá tenés al juez.
De golpe, se abrieron las puertas.
—Pase. Pase, señora, pase –escuchó Inés.
Milagro todavía desconocía lo que iba a sucederle, pero sí sabía que el hombre del azúcar podía cobrárselo caro. El dirigente de la Túpac Amaru, Alejandro “Coco” Garfagnini, iba y venía de Buenos Aires. Ese día estaba ahí. “Lo que puedo decir, es que para nosotros fue toda una discusión decidir enfrentar a Blaquier o no hacerlo”, explicó para el libro La libertad no es un Milagro. “Por lo menos, en el círculo más cercano a Milagro, fue una discusión. Y Milagro la saldó como la saldó. Ella también tenía sus reparos. Sabía quién era Blaquier, más que nosotros. Sabía que si se metía con Blaquier iba a tener problemas. Lo sabía. Pero lo resolvió con las tripas y con el corazón, más que con la cabeza, el día que entramos al juzgado”.
“Ese día estaba Inés, que no la dejaban entrar a presentar una nota por mesa de entradas. O sea, Olivera Pastor ¡no le recibía una nota a las Madres de Plaza de Mayo por mesa de entradas! Ese era el quilombo. Y Milagro se indignó tanto, pero tanto, que terminamos entrando al juzgado y después terminamos armando esa marcha del 24 de marzo que fue una pueblada y que terminó volteando a Olivera Pastor, y apareció Poviña y entramos en un lugar que terminó desembocando en el procesamiento de Blaquier. Creo que esa es la síntesis. Lo resolvió con la tripa y el corazón. Eso es Milagro”.
En Buenos Aires, ese 24 de marzo de 2012, los organismos de derechos humanos encabezaron la movilización con la consigna “Los grupos económicos también fueron la dictadura”. Como nunca antes, la marcha de Jujuy reunía a más de 50.000 personas. En abril, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, integrada aún por siete magistrados, tomó una decisión inusual: como cabeza del Poder Judicial reemplazó a Olivera Pastor por el juez federal de Tucumán Fernando Poviña, sin el acuerdo del Consejo de la Magistratura que por entonces se exigía. El 28 de abril, Poviña allanó por primera vez en 40 años los dos edificios de Ledesma de la provincia. Se llevó legajos de los trabajadores en dictadura y un documento que probaba el espionaje de la empresa en democracia. Un mes más tarde, ordenó la indagatoria de Blaquier y del administrador general del Ingenio, Alberto Lemos. Y en noviembre de 2012, escribió un fallo todavía revolucionario: procesó a los dos como partícipes del secuestro de 29 personas, en marzo y en julio de 1976, en el marco de una persecución político-sindical, sostuvo, llevada a cabo por la empresa Ledesma contra los dirigentes sindicales.
Poviña tampoco lo sabía, pero el dictamen inauguró una nueva manera de leer las pruebas en el capítulo aún pendiente de la dimensión económica de los crímenes de la dictadura, con introducción del contexto histórico, el rol de los empresarios y la motivación económica.
“En resumidas cuentas –indicó la resolución–, el aporte rendido por Blaquier y Lemos, como la facilitación de medios de transporte para el traslado de los detenidos, se orientó a la consumación de los hechos principales de privación de libertad de las víctimas.” Pasado ese primer peldaño, “y de acuerdo con las especiales circunstancias históricas que rodean los hechos, puede inferirse que los imputados obraron dolosamente, es decir, se advierte que tenían pleno conocimiento de que realizaban un aporte de convergencia lesiva en los hechos delictivos perpetrados por las Fuerzas Armadas dentro de un ataque generalizado y sistemático en la denominada lucha contra la subversión. En dicho contexto, la cooperación en cadena de los imputados Blaquier y Lemos tuvo lugar, a su vez, en el marco de una persecución político-sindical llevada a cabo por la empresa Ledesma contra los dirigentes sindicales de la misma, tal como se evidenció oportunamente, al reconstruir las acciones reprochadas.”
Entre las víctimas de la primera caída, identificó a dirigentes sindicales y políticos perseguidos y secuestrados individualmente, como el intendente Luis Arédez. Las caídas de julio de 1976 eran masivas, habían ocurrido durante las noches de interrupción de la energía eléctrica en los pueblos que rodeaban al Ingenio, conocidas como La Noche del Apagón. Para llevar adelante esas redadas de un número aún no definido de personas, la policía, que tenía poco parque automotor, usó vehículos de la empresa. Las víctimas ya no eran referentes sindicales, sino los que quedaban sueltos “por las dudas”: estudiantes, amigos, activistas, madres y hermanas de trabajadores.
El fallo multiplicó debates en todo el país. Las causas empezaron a ser discutidas en ámbitos académicos con abogados, antropólogos, economistas e historiadores. El procesamiento fue confirmado por la Cámara Federal de Salta y llegó mientras se abrían investigaciones a la cementera Loma Negra y al diario La Nueva Provincia, se conocía el procesamiento de tres altos directivos de Ford Motor Argentina, la Secretaría de Derechos Humanos impulsaba la causa por Papel Prensa y la Comisión Nacional de Valores descubría pruebas sobre el desapoderamiento a empresarios. FLACSO, el Ministerio de Justicia de Nación y el CELS sistematizaban, por primera vez ,datos sobre la represión en 25 empresas con un trabajo que se presentó públicamente el 4 de diciembre de 2015, seis días antes del cambio de gobierno. El material, todavía en línea, debía ser impreso en papel, pero el nuevo gobierno no lo hizo.
El retroceso, sin embargo, había comenzado en marzo de 2015 cuando la Sala IV de la Cámara de Casación, con votos de Gustavo Hornos, Juan Carlos Gemignani y Eduardo Riggi, revocó el procesamiento de Blaquier y de Lemos y dictó una falta de mérito. Un fallo que cayó como una bomba a todo ese proceso que avanzaba.
La Sala IV afirmó que no podía probarse que ellos conocieran que los vehículos de la empresa iban a usarse en los secuestros. No había dolo. Para sostener esa posición se introdujo en un debate que no correspondía porque discutía el fondo del caso, lo cual no puede hacerse en la Casación cuando aún está pendiente el debate oral y la sentencia. La Fiscalía General acudió a la Corte porque consideró que la falta de mérito era equiparable a una sentencia definitiva que le negaba a las víctimas y a la sociedad el derecho a conocer a la verdad. En su dictamen, el fiscal Javier De Luca planteó que la Casación usó un argumento técnico –la designación de un fiscal ad hoc– como llave “para discutir el procesamiento que ya tenía un doble conforme (…) pero a esta parte fiscal y a las víctimas nos niegan la posibilidad de discutir la resolución que los revoca y dicta las faltas de mérito (…) con lo cual existe una flagrante violación al principio de igualdad”.
El fallo de la Corte Suprema de esta semana golpeó en esa línea de flotación. Con una demora de seis años, no discutió el fondo, pero alcanzó los acuerdos mínimos para debatir si el fallo podía ser equiparado o no a una sentencia definitiva. La mayoría de tres jueces entendió que lo era, y entonces discutió la intervención de la Casación en esa instancia y el fallo, al que consideró arbitrario. Utilizó durísimos términos contra los jueces, ya cascoteados en otros frentes. Habló de “investigación coartada”, “distorsión” y “desnaturalización” de las reglas procesales y, en su párrafo más duro, sostuvo que la Sala IV obstaculizó indebidamente el avance del proceso. Por consiguiente, revocaron el fallo, y como consecuencia, la falta de mérito. Y ordenaron reenvío a Casación para nueva sentencia. La Secretaría de Derechos Humanos de Nación analiza presentar un pronto despacho para pedir urgente una resolución.
“En definitiva, el régimen procesal previsto para el caso fue suprimido –sostiene la sentencia– (…) todo lo cual debe conducir a que el pronunciamiento sea calificado como arbitrario, en tanto se ha apartado en forma manifiesta de la solución normativa prevista para el caso, obstaculizando indebidamente el avance del proceso”.
También dice que la Sala IV no debió haber intervenido, ya que el Código Procesal Penal no lo contempla. Y que “ha prescindido de la norma aplicable al caso, incurriendo así en un apartamiento inequívoco de la solución prevista para la cuestión que debía abordar que, por ello, conduce a su descalificación como acto judicial válido. En efecto, habilitó su competencia por medio de un argumento que nada tiene que ver con lo dispuesto en el código adjetivo, y colocó su intervención dentro de un formato de procedimiento de consulta y control, que le es ajeno”.
Quienes leyeron el fallo destacan otra línea: un párrafo en el que se reconoció la necesidad de celeridad en esta causa “especialmente relevante por tener por objeto la dilucidación de delitos de lesa humanidad cometidos hace más de cuarenta años, y cuya investigación fue coartada por múltiples obstáculos legales”.
El acuerdo salió con votos de Horacio Rosatti, Elena Highton y Juan Carlos Maqueda. El presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz, votó en soledad: dijo que no correspondía tratar la sentencia porque no era equiparable a sentencia definitiva. Y en el escrito sostuvo que las partes no aportaron ningún papel para informar que la causa de origen estaba detenida: un llamado de atención a las partes, pero también un indicio de que no leyó los diarios. El último dato político fue que Ricardo Lorenzetti no votó. Para algunos, la ausencia explica la dificultad que tuvo este caso para reunir tres voluntades a lo largo de seis años.
—Sale, sale, sale —decían en la Corte desde hace varias semanas.
—Vamos, vamos, vamos —insistían.
El fallo ya había reunido los tres votos necesarios. Salía. Quedaba pendiente Lorenzetti. Una decisión que ponía todo en tensión en el sistema de alianzas supremo: el fallo podía salir, pero también podía no salir, si alguno de los tres sacaba la firma.
¿Por qué Lorenzetti no votó? La Corte en campaña habla de su obsesiva campaña por la presidencia de la Corte y de los compromisos a los dos lados del campo político.
Su entorno, en cambio, sostiene una discusión de fondo. “Acá hay criterios jurídicos diferentes. La posición histórica de Lorenzetti está más enfocada en delitos de lesa, en el fondo. Pero la mayoría se paró en el tema formal de falta de sentencia definitiva. No daba ni para disidencia ni para voto concurrente. En esos casos es mejor no firmar”.
Las querellas no imaginaban el resultado. Podía ser una resolución de fondo, un rechazo o lo que salió. El fondo ponía en discusión el dolo y aún es importante, controvertido en la Corte y discutido ahora en Casación. Luego de un reenvío de la Corte del año pasado, allí se discute el caso de los hermanos Méndez, dueños de una casa en Tandil donde funcionó el centro clandestino por el que pasó el abogado laboralista de los trabajadores de Loma Negra, Carlos Alberto Moreno. Claro, en ese caso, la discusión se abrió en el final del proceso con un juicio que tuvo debate oral y sentencia.
Las organizaciones defensoras de derechos celebraron el fallo, pero antes criticaron la demora injustificada para decir lo mismo que se sabía en 2015.
Victoria Basualdo es investigadora del CONICET y de FLACSO, fue una de las coordinadoras de aquel libro sobre la responsabilidad empresarial y ahora coordina una Unidad de Investigación de la Secretaría de Derechos Humanos. El viernes 9 de julio estuvo en la planta Ford de Pacheco, donde el Estado reinstaló un cartel que señala el funcionamiento en el lugar de un centro clandestino.
“Lo primero que hay que resaltar es el tema del plazo”, apunta. “Estamos hablando de una Corte que se tomó seis años para dictar este fallo y para decir cosas que son correctas, pero que requerían una intervención más pronta. Si efectivamente Casación no hizo una intervención correcta y esta causa involucra hechos de enorme gravedad y significación, seis años son inaceptables, pensando en imputados y víctimas de edad avanzada, lo que genera un peligro de impunidad”.
Esta es hoy la preocupación más importante, precisa, porque no es un caso aislado: hay fallos pendientes en la Corte y en la Casación. “Es fundamental y urgente reabrir la posibilidad de judicialización de esta causa, que tuvo tanta dificultad y que fue fundacional y emblemática, pero esta demora tiene un costo muy grande que hay que anotar para no repetir. El tiempo es hoy una variable central en el proceso de justicia”.
El fallo llegó el jueves 8 de julio al mediodía. Milagro cumplía 2.000 días detenida. “Coco” Garfagnini organizaba el acampe carnavalesco en Plaza de Mayo por su libertad, exigida también al gobierno de Alberto Fernández. Blaquier tiene 93 años hasta el 28 de agosto. Inés Peña se pregunta todavía dónde, cuándo y por qué, mientras eso del tiempo que pasa busca arrancarle a Jujuy parte de lo que queda de memoria.
Fuente: El cohete a la luna
NF
