DDN. La fiscala penal de Derechos
Humanos, Verónica Simesen de Bielke, requirió ante el Juzgado de Garantías 8,
la elevación a juicio de la causa que tiene como imputados a cuatro efectivos
policiales con revista en la División Seguridad Urbana, acusados de distintos
delitos.
Los efectivos Facundo Exequiel
Morales, de 26 años, y Miguel Alejandro Cisneros, de 30, fueron imputados por
los delitos de vejaciones agravadas por el uso de la violencia, lesiones leves
y falsedad ideológica, en concurso ideal y en calidad de autores.
En tanto, los efectivos Osvaldo
Daniel Saldaño, de 41 años, y Pedro Roberto Moruchi, de 28, fueron imputados
por el delito de omisión de los deberes de funcionario público, también en
calidad de autores.
Del requerimiento, surgió que el
16 de julio de 2020, cerca de las 10:30, mientras el denunciante esperaba la
llegada de un policía en la esquina de las calles Ituzaingó y Astigueta de la
ciudad de Salta, vio llegar un móvil policial y se le acercó.
En ese momento, uno de los
efectivos abrió la puerta y le dijo “qué junás, qué junás”, por lo que la
víctima le explicó que esperaba a un policía y el acusado le contestó “a mí qué
mierda me importa”. Tras esto, los efectivos policiales se rieron y uno de
ellos volvió a decirle al denunciante “a mí qué me importa, andate a la
mierda”, por lo que éste les expresó que no estaba haciendo nada.
En ese momento, uno de los
efectivos hizo un movimiento como si se fuera a bajar del móvil, por lo que el
damnificado corrió y los acusados le dispararon con una escopeta tipo
paintball, lo que le produjo lesiones en la espalda.
Los hechos denunciados guardan
correlación con el certificado médico agregado al legajo de investigación, del
que surgió que la víctima fue examinada por la División Medicina y Química
Legal de la Policía, que diagnosticó excoriaciones circulares en cara posterior
del tórax lateral izquierdo.
La figura endilgada pretende
proteger la integridad física de la que dispone toda persona, asociada a las
pautas que imponen ciertos estándares mínimos establecidos por la Constitución
Nacional, juntamente con los Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos,
en relación al trato que debe dispensarse por parte de las fuerzas de
seguridad.
La investigación reveló que los
acusados, quienes cumplían funciones a bordo del móvil 1821, no dieron cuenta
de lo sucedido, por lo que tuvieron un comportamiento doloso, ya que
incumplieron artículos del Reglamento Policial para el uso de la fuerza
pública, que establecen que siempre que la policía utilice la fuerza en cumplimiento
de sus funciones, deberá realizar un informe pormenorizado.
MP