DDN. Tras un largo derrotero, que incluyó que la Cámara de Diputados archivara una media sanción votada por unanimidad en el Senado el año pasado, se convirtió en ley este viernes por la madrugada el nuevo régimen de biocombustibles, que regirá hasta el 31 de diciembre de 2030.
La norma, impulsada por el diputado Máximo Kirchner, mantiene el corte obligatorio de bioetanol de 12% para las naftas -en 6% para la caña de azúcar y 6% para el maíz-, es decir, no lo aumenta; y reduce a 5% (actualmente estaba en 10%) el corte obligatorio de biodiésel para el gasoil.
En la sesión de la Cámara alta, la ley obtuvo 43 votos a favor, 19 en contra y 0 abstenciones. Salió con el apoyo del Frente de Todos y los aliados Magdalena Solari Quintana y Alberto Weretilneck. Mientras que Juntos por el Cambio y el interbloque Parlamentario Federal se opusieron.
Tal como sucedió en Diputados, un puñado de legisladores de la principal bancada opositora, representantes de provincias azucareras, votaron positivamente: fueron la tucumana Silvia Elías de Pérez (UCR); y los jujeños Mario Fiad (UCR) y Silvia Giacoppo (UCR).
Otro dato no menor fue que los pampeanos oficialistas Norma Durango y Daniel Lovera se abstuvieron en el artículo 8 -referido a los cortes-, que se votó por separado.
El debate
Miembro informante del oficialismo, el sanjuanino Rubén Uñac recordó que el Senado votó el año pasado la prórroga de la Ley 26.093, pero la Cámara de Diputados consideró “la necesidad de una reforma más profunda”.
Al destacar el régimen creado durante la presidencia de Néstor Kirchner, el legislador del Frente de Todos señaló que en estos años “se crearon nuevas empresas, miles de puestos de trabajos, 54 plantas industriales distribuidas en 10 provincias argentinas” y hubo inversiones “por más de tres mil millones de dólares”. “La creación del régimen fue una decisión más que acertada”, ponderó.
Sin embargo, el presidente de la Comisión de Minería, Energía y Combustibles expresó que “el escenario actual ya no es el mismo” y “resultaba necesario establecer un marco regulatorio que permita la previsibilidad, sustentabilidad y seguridad jurídica al sector”. Y defendió el “rol preponderante” que tendrá la Secretaría de Energía, porque “es fundamental y necesario para garantizar el cumplimiento del régimen con el acompañamiento del Estado”.
En contraposición, la radical Pamela Verasay criticó la “penosa y precaria presentación” que hizo el secretario de Energía, Darío Martínez, en comisión, donde no se habló “de un solo número”. Entonces, mencionó que los biocombustibles han alcanzado “el 4% dentro de la matriz energética” y “en los últimos tres años han generado -en promedio- exportaciones o ingresos de divisas por más de mil millones de dólares”.
Aún “sabiendo que el mundo va hacia la descarbonización, sabiendo de los compromisos que ha asumido el propio presidente Alberto Fernández sobre la reducción de emisión de gases ante la comunidad internacional”, apuntó la mendocina, “no hubo ningún tipo de informe ambiental que justificara esta decisión”.
También, la vicepresidenta de la Comisión de Minería, Energía y Combustibles rechazó la “discrecionalidad” que tendrá la Secretaría de Energía, que “a su antojo va a poder fijar los cortes, regular precios”, entre otras funciones. Además, opinó que “no cabe dudas que esta ley es un salvataje más para YPF”.
Desde el propio oficialismo, el pampeano Daniel Lovera se manifestó en contra de la reducción del corte de biodiésel y pronosticó que en su provincia “seguramente se va a trasladar en una merma de la capacidad productiva” y “provocará una reducción de trabajo de pampeanos”. Por eso, anunció su abstención y la de su par Norma Durango. Además, pidió que el Poder Ejecutivo “convoque a las provincias productoras a trabajar en la reglamentación de la ley”.
Otro oficialista que advirtió por el impacto de la ley fue el santafesino Roberto Mirabella, quien resaltó que su provincia tiene “el 80% de la capacidad de producción de biodiésel”, aunque “hay una parte importante de esa industria que está ociosa”.
“Para mi provincia tiene un impacto importante si se cae la producción de biodiésel”, alertó y estimó que “si se reduce el corte podríamos tener pérdida de 400 millones de dólares en la industria del biodiésel y 360 en la industria aceitera de soja; además de caer la recaudación tributaria, que lo estiman en 13 millones de dólares”.
En otro tramo, el legislador del Frente de Todos subrayó que “en el mundo, el presidente de Estados Unidos está convocando a impulsar las energías renovables y los biocombustibles. Alemania en los 30 años que ha impulsado la bioeconomía está vendiendo tecnología al mundo. Inglaterra determinó que en el 2030 no va a haber más autos con combustible fósil. Tenemos que mirar qué está pasando en el mundo, porque el mundo va hacia la bioeconomía”.
Con todo, Mirabella reveló que cree en la palabra del secretario de Energía, quien “se comprometió a debatir y formular en conjunto la reglamentación”, y que en esa instancia él propondrá “un fondo compensador”. “No es la ley que más me gusta, pero es la ley posible”, agregó.
Por su parte, la otra senadora del Frente de Todos, María de los Ángeles Sacnun, hizo una defensa enfática del proyecto y remarcó que la norma anterior -la cual se había votado el año pasado su prórroga por cuatro años- “establecía claramente cuál era el porcentaje de corte, porque parece que lo único que discutimos es el porcentaje de corte”, y el de biodiésel era del 5%, “el mismo porcentaje que insertamos ahora”.
Con cuestionamientos al gobierno de Mauricio Macri, dijo que durante esa gestión “dieron el porcentaje de corte, pero congelaron el precio y casi destruyen a toda la industria de biocombustibles”. Y destacó que en esta iniciativa “se establecen los cupos con un tope, de 50 mil toneladas” que servirá para garantizar la distribución y redistribución “entre las PyMEs” de su provincia “para que puedan seguir abiertas”. “Estamos buscando nuevamente un proceso de equilibrio”, añadió.
Fuertemente en contra de la ley, la cordobesa Laura Rodríguez Machado aseguró su provincia será una de las que “más se verá afectada con la sanción de esta ley”. “Córdoba va a estar de luto”, lamentó y continuó diciendo que hay provincias a las que esta norma “las liquida, les pone un cerrojo, casi les pone una bandera de remate”.
Al preguntarse “qué estaría pensando Néstor Kirchner” al ver “echar por la borda la ley que él generó”, la calificó como “demencial” y “antifederal” porque plantea “beneficio para algunas (provincias) y entierro para otras”, una decisión que se corresponde a “un gobierno autoritario”. En su discurso, la macrista le recomendó al pueblo que “en las elecciones de medio término” recuerden “quiénes levantaron la mano contra los intereses de las provincias que representan”.
Muy enojada con la Cámara baja, la radical Silvia Elías de Pérez enfatizó que “es una barbaridad lo que ha hecho la Cámara de Diputados, inconstitucional lo que ha hecho” al no tomar en cuenta “la media sanción que este Senado ha aprobado por unanimidad”, y, a su entender, “era mucho más beneficioso para el sector”.
Pese a remarcar “las cosas malas que tiene la ley”, en representación de una provincia azucarera, la tucumana justificó su voto a favor: “Porque amo mi provincia, porque defiendo mi provincia, porque para mí provincia el bioetanol es indispensable. Y gracias a Dios, en esta ley queda salvaguardado”.
A su turno, la presidenta de la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Gladys González, afirmó que la ley “es un claro retroceso” y presenta “contradicciones”, como por ejemplo en lo que “todos los funcionarios de Gobierno repiten constantemente de descarbonizar nuestra economía”.
“Esto más que previsibilidad es un monumento a la discrecionalidad depositada en el secretario de Energía”, observó la macrista, que consideró a la norma como “resultado del feroz lobby de las petroleras” y “de un Gobierno que dice una cosa y hace otra”.
La bonaerense señaló que la ley “viola el principio de progresividad” previsto en el artículo 4 de la Ley de Ambiente, “el principio de no regresión del Acuerdo de Escazú”, e “impide que cumplamos nuestros compromisos internacionales” en materia ambiental.
Desde Juntos por el Cambio, el jujeño Mario Fiad argumentó su voto positivo, pero aseveró que “el régimen que estamos tratando hoy es totalmente insuficiente” y “un aumento del bioetanol permitiría un mayor beneficio para los productores” de su provincia. “La reglamentación de una ley no es para arreglar lo que no se hizo bien en todo el tratamiento, o para acercar posiciones diferentes”, advirtió el radical.
En respuesta a Rodríguez Machado, el cordobés oficialista Carlos Caserio le retrucó que lamentablemente “no se puso de luto cuando (Juan José) Aranguren nos cobró las tarifas con 3.000% de aumento”. En lo que respecta a la norma, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda explicó que “hoy tenemos dos inconvenientes: precio y corte”, pero desde que asumió Martínez “no se dejó de configurar un precio racional para que el sector empezara a crecer”.
“No va a haber ninguna baja en el corte porque así quedamos de acuerdo con el Gobierno nacional y con el secretario de Energía”, prometió el legislador, en referencia al bioetanol a base de maíz. Y ahondó: “En la reglamentación, en la cual se está trabajando con el sector productivo, vamos a poner una decisión que permita que, si en algún momento el commodity se extiende en el precio, vamos a tener el mismo precio. Por lo tanto, nunca vamos a bajar de ese 6%”. “El problema del bioetanol de maíz está solucionado”, completó.
En el final del debate, que se extendió por cuatro horas, el jefe del interbloque Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff, analizó que “el cuello de botella de Argentina tiene que ver con la matriz energética”. Para el formoseño, esta ley “es la afectación del horizonte de previsibilidad de un país” y “una mala señal para las inversiones, no para algunas provincias”. “No veo un mensaje hacia el electorado de estas provincias”, siguió.
“Todo el mundo sabe que es una mala ley”, expresó el opositor, que opinó que “hay un sector del Gobierno que está convencido de que la única herramienta que se tiene para contener el alza del precio de los combustibles es una reducción del corte de los biocombustibles”. Sobre ello, afirmó que “se equivocan”, “están perdidos” y “no entienden nada”.
Entonces, detalló que desde diciembre de 2019 los combustibles aumentaron “en 17 oportunidades” y “hoy llenar un tanque sale 60% más que hace un año”. “¿Le van a echar la culpa a los biocombustibles?”, se preguntó, para sumar que “en todo el 2020 no se publicó ni se actualizó el precio de los biocombustibles”. “Hoy el Gobierno opera para un grupo pequeño: para las petroleras y para las corporaciones o cerealeras que se van a quedar con el negocio de las PyMEs que no tienen espalda”, denunció.
Por último, el jefe del bloque del Frente de Todos, José Mayans, enfatizó que el Gobierno “tiene muy claro el tema estratégico” y, en esa línea, considera que “gobernar es dar trabajo” y “nadie se realiza en una comunidad que no se realiza”. El formoseño cuestionó la afectación de la economía durante la gestión de Macri y, por otra parte, recordó que la Ley 26.093 “fue muy buena” y “fue una promoción extraordinaria, hubo una inversión importante y generación de empleo”.
Al argumentar que la ley contiene los mismos porcentajes de corte obligatorio que contemplaba la anterior, el oficialista justificó que la Secretaría de Energía pueda reducir los números en casos extraordinarios, porque “hay que arreglar el desastre que esta gente dejó”. “Nosotros vamos a respetar el trabajo de los argentinos, pero también tenemos que respetar el concepto de la integralidad de la economía”, resumió.
BH
