DDN. Entre otras
cuestiones, el legislador destaca que desde la Unión Autónoma de Comunidades
Originarias del Pilcomayo (UACOP), reclaman que se cumplan los derechos indígenas,
que se garantice una participación real y se brinden herramientas para
"paliar esta crisis del hambre".
Las
comunidades indígenas de Salta están organizando, por segunda vez, la Marcha
Histórica de Aborígenes hacia la capital salteña para reivindicar sus derechos
y con el objetivo de hablar con el Gobernador Gustavo Sáenz, debido a la falta
de respuesta a los pedidos realizados el año pasado y al incumplimiento del
acuerdo al que arribaron el Secretario de Asuntos Indígenas Gómez Almaraz y los
representantes de distintas comunidades, Kollas, Wichís, Tobas y Guaraníes,
entre otras y que quedó plasmado en un Acta firmado el 26 de noviembre del año
pasado. Puntualmente, piden por el derecho a la salud, el agua, la vivienda y
la educación en sus comunidades, y consideran que la actual gestión ha privado
a los pueblos originarios de los derechos humanos esenciales, siendo
responsable directo por el aumento de la desnutrición, las muertes de niños y
niñas y la emergencia sanitaria y social producida durante la pandemia.
“Me permito
informarle que, en mi trabajo de investigación sobre Violencia Institucional en
el NOA, durante las etapas de ASPO y DISPO, establecidas en el marco del abordaje
de la Pandemia del COVID 19, se detectó que la privación de derechos esenciales
de los Pueblos Indígenas reviste un carácter estructural, excediendo
ampliamente las problemáticas derivadas de la cuestión sanitaria”, afirma Manzi
en la nota, al tiempo que agrega: “Los problemas que dan origen a las
movilizaciones de los Pueblos de esta región son diversos, complejos, de vieja
data y todos de efectos devastadores para el desenvolvimiento de sus vidas”.
“Los
integrantes de estas comunidades, ante la indiferencia rayando en la indolencia
de los gobiernos, decidieron romper un silencio histórico. Levantan su voz y
visibilizan su presencia interpelando a las autoridades estatales por el
avasallamiento de derechos consagrados en nuestra Constitución Nacional y en
Tratados, Convenios y Declaraciones Internacionales suscriptos por nuestra
República”, reclama el legislador.
Fuente: El
Esquiu
LS