DDN. Desde el viernes pasado un grupo de referentes de comunidades originarias del norte argentino se encuentran acampando frente al Congreso Nacional. Reclaman ser recibidos por el presidente Alberto Fernández y que el Parlamento trate y apruebe la Ley de Propiedad Comunitaria Indígena, cuyo proyecto fue presentado hace seis años y no fue siquiera tratado.
“Necesitamos que el Estado nos escuche y garantice nuestras demandas”, dijo el cacique Jorge Altamarino, de la comunidad wichí Loira de Tartagal (Salta) en una conversación con la periodista Laki Quispe del sitio TeleSISA. El referente dijo que salieron el 5 de julio desde la provincia norteña junto a otras comunidades y llegaron a la Ciudad de Buenos Aires el 25 de julio. Desde el viernes están instalados frente al Congreso.
“Hace muchos años que estamos abandonados por los Estados, muchos hermanos han presentado proyectos y notas en diferentes organismos pero nunca hemos tenido respuesta. Lamentablemente tenemos que salir y tomar estas medidas para reclamar”, dijo Altamarino. Denuncian que la situación para las comunidades es de mucha pobreza, falta de trabajo para los jóvenes originarios y demás penurias causadas por las políticas oficiales de todos los gobiernos que pasaron durante las últimas décadas.
El viaje lo hicieron 26 miembros de comunidades, “pero muchos debieron volver por problemas familiares y algunos se lastimaron los pies de tanto caminar y no pudieron seguir el viaje”, graficó el cacique de la comunidad Loira.
Altamarino agregó que el año pasado hicieron una gran marcha a Salta capital y otras importantes ciudades de la provincia. “La Comisión de Asuntos Indígenas de Salta firmó un acta con nosotros donde se comprometió a atender nuestros reclamos pero no cumplieron ninguno de los puntos, como el de poder constituir una oficina para poder trabajar con Nación, provincia y municipios. Por eso en marzo de este año hicimos una asamblea de todas las comunidades, seguimos haciéndolas y ahí resolvimos hacer esta caminata. Muchos no pudieron venir pero nos autorizaron a realizar este reclamo también en representación de ellos”.
El referente wichí dijo que en Buenos Aires hay “diálogos” con el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y con “una organización cercana al Presidente”, pero que como ven que no hay una respuesta “en las asambleas decidimos tomar estas medidas”.
Confirmó que Magdalena Odarda, presidenta del INAI, se acercó a hablar con ellos, que se reunieron durante una hora. Allí las comunidades le pidieron que gestione una audiencia con Alberto Fernández y le entregaron un petitorio, pero aún no recibieron respuesta. “Ella, adelante de los hermanos, dijo que hay mucho dinero, pero eso a nosotros no nos llega, se ve que se lo pasan a la provincia y a los municipios pero queda ahí”, denunció Altamarino.
También denuncia que hace pocos días el INAI se reunió con el Instituto Provincial de Pueblos Indígenas de Salta (Ippis), donde se firmó un programa para la construcción de viviendas, “pero eso lo arreglaron con los vocales del Ippis y los mismos de siempre quedamos afuera”, dijo al tiempo que recordó que el mismo Ippis hace tiempo quedó en medio de un escándalo por desvío de fondos: “figuraban 150 viviendas terminadas pero ni siquiera las habían empezado”, detalló. Y agregó que “el INAI nunca cambia, hacen convenios con la provincia pero eso a nosotros no nos llega nunca y todos se lavan las manos”.
Pese a ese acercamiento de Odarda para hablar con las comunidades frente al Congreso, este lunes sectores solidarios a los acampantes denunciaron que hace cuatro días están a la intemperie y ningún funcionario nacional, porteño o salteño se ha acercado siquiera a asistirlos en estos días de intenso frío invernal. Sólo organizaciones solidarias se acercan a acompañarlos y darles algunos víveres.
Altamarino pidió que el Estado “deje tranquilas a las comunidades, que la Policía no nos atropelle y nos desaloje, además que por el desmonte ya no tenemos casi la posibilidad de hacer nuestras actividades como cazar, recolectar frutos y materias primas para las artesanías”.
“Dicen que no servimos para trabajar, pero los originarios fuimos quienes construimos los ingenios del norte, siempre mal pagos por supuesto, como esclavos. Nosotros somos trabajadores, siempre nos han usado, porque resistimos para trabajos de ese tipo, pero somos humanos y no podemos seguir así”.
Altamarino denunció a su vez que la Policía de la Ciudad y funcionarios del espacio público del Gobierno porteño no los dejaron siquiera instalar plásticos para resguardarse del frío frente al Congreso. “Siempre fue así, no nos permiten siquiera hacer un fuego para calentar el agua”, dijo. Y pidió la colaboración de la sociedad con alimentos, elementos de higiene y demás artículos básicos para poder sostener su reclamo.
Desde Jujuy la diputada provincial del PTS en el Frente de Izquierda denunció este lunes que “una de las consecuencias del agronegocio promovido por (Alberto) Fernández y (el gobernador Gustavo) Sáenz en Salta es la condena a comunidades indígenas a vivir sin su territorio, fuente de alimento y de vida, hacinados en el campo, fumigados, en la pobreza, sin derecho a la vivienda, trabajo, salud y educación”.
A su vez Morales dijo que es “prioritario y urgente” el tratamiento de la Ley de Propiedad Comunitaria Indígena, cuyo proyecto presentaron en 2015 un grupo de diputadas y diputados encabezado por Myriam Bregman, la recientemente fallecida Alcira Argumedo, Pablo López junto a senadores como Pino Solanas y referentes de pueblos originarios.
MP
