DDN. Amad indicó que el Tribunal Oral Federal N° 2 hizo lugar al pedido de las defensas de los diputados que solicitaron la nulidad del juicio porque no había sido informados de la traba de la litis de la acción civil. “Desde el día que fueron admitidos como actores civiles hace cuatro años, ellos no movieron los papeles siendo que les corresponde la carga del impulso en materia civil a la persona que interpone. En virtud de eso, hicieron lugar a la nulidad los señores jueces y la bajaron a primera instancia”, expresó y consideró que serán más de dos meses la resolución del proceso.
El fiscal remarcó que la querella busca condenas penales, al igual que el fiscal, y no resarcimientos civiles. Además de estos actores, existían actores civiles que deben presentarse en el expediente penal y del mismo modo que se litiga en sedes civiles, se impulsa el proceso. Este es el punto que no se cumplió y llevó a la nulidad. Los querellantes, el actor civil y Amad estuvieron en desacuerdo de la decisión del juzgado, aunque admitió que “los señores jueces tienen razón”.
“Ellos pretenden un resarcimiento civil y en la sentencia, si estas personas se las condenara, también se los condena en el tema civil y se debe fijar una indemnización. Toda la defensa que puedan hacer no es completa, razón por la cual hay una pata que le está faltando a la mesa y así lo resolvieron los señores jueces”, dijo.
Amad informó que la hipótesis de trabajo que realizó el Ministerio Público Fiscal reunió los elementos necesarios para ir a juicio, y que si esto se replica en las audiencias los acusados “tienen responsabilidad”.
“Cuando en una provincia un señor gobernador o un intendente de una ciudad importante tiene en sus manos o cree tener entre sus manos un conflicto social que desborda a la policía social, todos piden ayuda al ministro de seguridad, tal como ocurrió en el sur hace poco. En este caso, el gobierno nacional le manda, por así decirle, efectivos de una fuerza de seguridad para un gobernador para que en teoría ponga paz donde no la hay. La otra parte, es el efectivo envío de tropas. Un ministro de seguridad le dice al jefe de gendarmería que envíe el destacamento móvil más cercano, que tengo entendido era Santiago del Estero. Los señores gendarmes salieron a cubrir con su deber”, expresó.
El fiscal sostuvo que hay una “serie de cosas que serán ventiladas en el juicio”, y remarcó que no puede evaluar la prueba si no han sido producidas. “Si de la investigación, de los testigos, o de algún documento que se ventile en el juicio surge la responsabilidad de otras personas llámese gente superior de Gendarmería Nacional o gente que ocupara los ministros de justicia o de seguridad que hubiesen tenido conocimiento directo de esta situación, no les quepa la menor duda que voy a actuar en consecuencia”, aseguró.
“El problemas de las órdenes o de estas instituciones castrenses que tienen una verticalidad que se respeta a rajatabla, una cosa es impartir una orden y otra cosa es impartir una orden sabiendo que es imposible. No le puede decir vaya a la luna y tráiganme una pierda, es imposible. Si a sabiendas que no había medios o que los medos estaban mal o que no era posible trasladar a las personas humanas hasta un conflicto, si el superior sabía del estado de esos vehículos y se prueba en juicio, tiene responsabilidad”, dijo.
Fuente: Sapo de Otro Pozo – FM Noticias 88.1 MHz
LS
