DDN. El fiscal penal de Salvador Mazza, Armando Cazón, requirió ante el Juzgado de Garantías 1 de Tartagal, la incompetencia material de la causa en la que un hombre de nacionalidad boliviana, fue imputado por la supuesta comisión de los delitos de atentado contra la seguridad pública y la salud de la población.
Del requerimiento, surgió que el 30 de marzo de 2020, en el local comercial del acusado, ubicado en la avenida San Martín de Santa Victoria Este, personal del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), incautó 300 bidones de 20 litros cada uno, que estaban vacíos y en venta.
El fiscal Cazón sostuvo que dichos bidones, que contenían residuos de contenidos químicos utilizados para el agro, representaban un serio problema de salud para la población, principalmente para las comunidades aborígenes del Chaco salteño.
En junio del mismo año, el Juzgado de Garantías 1 de Tartagal hizo lugar al pedido del fiscal Cazón y ordenó la inmediata detención de otro hombre, quien le habría entregado los bidones al acusado, para ser puesto a disposición de la Fiscalía actuante con el fin de prestar declaración, también como imputado. A la fecha, el hombre permanece prófugo.
Ante lo mencionado y al tener en cuenta las claras violaciones a la Ley Nacional 27.270, que aprobó el Acuerdo de París en la convención marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático; la Ley Nacional 27.233 de Sanidad de los Animales y Vegetales; y la Ley Nacional 24.051 de Residuos Peligrosos, el representante del Ministerio Público Fiscal de la Provincia requirió al Juzgado de Garantías interviniente la declaración de la incompetencia material y su remisión al Juzgado Federal que por turno corresponda, medida a la que el magistrado interviniente hizo lugar en las últimas horas.
MP
