Tres mujeres, detenidas entre el sábado y domingo pasado, fueron imputadas este martes por el delito de transporte de estupefacientes agravado por el número de intervinientes. La Procuraduría de Narcocriminalidad del NOA, a cargo del fiscal general Eduardo José Villalba, formalizó la acusación ante el juez federal de Garantías N°1 Julio Bavio.
La auxiliar fiscal Mariana Gamba Cremaschi expuso que la primera detención se produjo el sábado 19 de marzo, cuando personal de la Gendarmería Nacional, en la localidad de General Pizarro, en el sur provincial, detuvo un micro procedente de Orán, muy próximo a la frontera con Bolivia.
Indicó que, al revisar la documentación de los pasajeros, se advirtió que una mujer presentó un documento cuya foto no coincidía, como también incurrió en una serie de contradicciones al tratar de explicar esta irregularidad, para finalmente negarse a abrir el bolso que portaba.
Ante esta situación, los gendarmes, ya con el control judicial del caso, procedieron a la requisa con la asistencia de personal femenino de la policía provincial y descubrieron cuatro paquetes de droga, tipo ladrillos, en el interior del bolso.
Ante el hallazgo de la droga, cuyo peso era de poco más de dos kilos de cocaína, la pasajera no opuso resistencia. Por el contrario, cuando se llevaba adelante su traslado a otra dependencia de la Gendarmería, aportó información clave sobre la operación de tráfico que estaba en trámite.
Con estos datos, el fiscal Villalba instruyó para que se avance con la aplicación de una “entrega vigilada”, técnica de investigación criminal promovida por el Código Procesal Penal Federal, vigente en Salta y Jujuy desde el 10 de junio de 2019.
De esta manera, y con la colaboración de una mujer gendarme de similares características físicas de la imputada, se acordó un lugar de entrega de la droga en inmediaciones de un centro de salud del barrio Solidaridad, en la zona sur de la ciudad de Salta.
El domingo a la tarde, tras varios contactos telefónicos con la mujer sindicada como la persona que supervisaba la operación de tráfico, se logró su detención y la de su madre. Ambas mujeres eran vecinas del mismo barrio.
Fundamentos
Al fundamentar la acusación, la fiscalía sostuvo que la participación de las tres detenidas está probada de manera contundente, pues indicó que la transportista aportó datos que permitieron establecer cómo se obtuvo la droga y se dispuso la ruta de transporte, de Orán a Joaquín V. González y de allí a la ciudad de Salta.
En cuanto a la principal acusada, una mujer que se desempeña en un sanatorio médico local, se estableció que no sólo respondió los mensajes de la transportista, sino que indicó cada paso que tenía que dar e incluso designó el lugar de entrega de la droga y la forma de pago por el transporte.
Respecto a su madre, cuya defensa intentó aludir que sólo acompañó a su hija, se determinó que no tuvo una actitud pasiva, pues estuvo presente cuando su hija hablaba de la droga, lo que indica que conocía los detalles de la operación de narcotráfico.
Establecida la imputación, la auxiliar fiscal formalizó también el pedido de prisión preventiva de la transportista y la principal acusada, el cual fundó en los riesgos procesales del caso, como la fuga y el entorpecimiento de la investigación.
Resaltó también la naturaleza, gravedad del hecho y la expectativa de pena negativa para las acusadas, ya que, de recaer condena, no sería de ejecución condicional. “Tampoco hay que dejar de lado, el grave daño que habría causado la maniobra, pues la droga estaba destinada a la reventa en esta ciudad”, agregó.
Para la tercera acusada, en tanto, la fiscalía solicitó el arresto domiciliario, lo cual fue rechazado por su defensa, que requirió su la libertad con la imposición de medidas restrictivas menos gravosas. Por su parte, el defensor de su hija también se opuso a la prisión preventiva y planteó el arresto domiciliario, para lo cual sostuvo que la acusada tiene tres hijos menores a su cargo.
Al resolver, el juez Bavio dio por formalizada la acusación, autorizó peritajes pendientes y convalidó solamente la prisión preventiva de la mujer detenida en el colectivo, mientras que para la principal acusada accedió al arresto domiciliario requerido por su defensa, medida que también mantuvo para su madre.
Esta decisión, sin embargo, no quedó firme debido a que fue impugnada por el fiscal Villalba, quien sostuvo que, si bien el interés del niño debe ser tenido en cuenta, en este caso ese derecho no está en riesgo en razón de que las personas menores de edad no se encuentran desamparadas, pues hay varios parientes que podrían asumir su cuidado.
BH
