DDN. En conferencia de prensa, el procurador general de la provincia, Pedro García Castiella, informó el avance en torno a la investigación de la causa de las estafas por parte de la financiera Ríos & Asociados.
Confirmó que hay personal policial involucrado con diferentes roles y desde donde se filtraron datos de uno de los investigadores que sufrió amenazas y solicitó seguridad de fuerzas federales para su protección y la de sus familiares. "Se detectó un sostenido trasvasamiento, una ocupación de roles de captación, de participación y colaboración con esta compañía financiera de sectores y elementos de la Policía de la Provincia en esta actividad ilícita. Nos encontramos con determinados miembros de la institución policial confundidos con la organización", señaló y aclaró que en ningún momento desde la Fiscalía se hizo referencia al jefe de Policía, Miguel Mariano Ceballos.
Las declaraciones de Castiella se realizaron en una conferencia de prensa junto a la fiscal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorissio, y el fiscal penal 2 Ramiro Ramos Ossorio.
En ese marco, el procurador indicó que se actuó de oficio ante lo que consideró una réplica de lo que pasó antes en Buenos Aires con el sistema Ponzi, un esquema de negocios que promete ganancias a quienes invierten sus ahorros, que se desploma cuando dejan de ingresar nuevos participantes. "Es tremendamente dañosa para los intereses de la sociedad, dado que el sistema adquiere una velocidad geométrica, a tal punto que en poco tiempo podría haber perjudicado a cien mil personas”, explicó.
En tanto, Castiella respaldó al comisario Juan Ramón Miranda, y cuestionó que se pretenda desplazarlo, cuando fue asignado en el cuerpo de investigadores fiscales mediante los instrumentos correspondientes, exigiendo en ese sentido que continúa en sus funciones. “Las explicaciones respecto de la urgencia por remover al oficial Miranda de estar al frente del equipo de investigaciones del CIF, las tiene que dar el Jefe de Policía y eventualmente el Ministro”, señaló.
Por su parte, la fiscal Ana Inés Salinas Odorissio precisó que la financiera operaba por fuera de la ley, con un nombre inexistente y que movía una importantísima cantidad de dinero.
Dijo que la filtración de información, por parte de personal policial, hizo que algunos implicados se dieran a la fuga ante de los allanamientos, aunque hay detenidos e inclusive se procedió al secuestro de dinero. Son cuatro las personas que continúan fugadas con la mayor parte del dinero de las víctimas.
Agregó que hay secuestradas hasta el momento 3 mil carpetas, algunas con más de un contrato, cerca de 16 millones de pesos y vehículos. “El Ministerio Público, a través de las fiscalías, tiene la mirada puesta en la víctima con el objetivo primordial de que pueda ser resarcida del daño”, destacó Salinas Odorisio.
Haciendo nuevamente uso de la palabra el procurador general reflexionó que es en estos casos en los que surge la necesidad de contar con una policía judicial y remarcó que “los investigadores tienen que poder hacer su trabajo en paz y como corresponde”.
Finalmente, García Castiella pidió no desviar el foco en la gravedad que significa la investigación, a una estrategia mediática de pretender reducir y desviar la atención al comisario Miranda que no tiene nada que ver y no ha formado parte de la investigación que ha llevado al punto de tener que solicitar detenciones y allanamientos.
MP
