DDN. No es novedad que la dictadura iniciada el 24 de marzo de 1976 perseguía fines económicos y la imposición del terror para la apropiación de mayores bienes en manos de unos pocos. Sin embargo, no deja de llamar la atención, por lo contundente, la clara línea que une el terrorismo estatal con los intereses del gigante productor de azúcar en el departamento Ledesma en Jujuy. Y, a pesar de eso, es posible que Carlos Pedro Blaquier, propietario del ingenio Ledesma, nunca sea juzgado por estos hechos.
En Jujuy, de manera mixta, sigue desarrollándose el sexto juicio por delitos de lesa humanidad en esa provincia. Es un juicio grande para el que se acumularon 15 causas, con 23 imputados por hechos cometidos en perjuicio de 120 personas, 44 de ellas desaparecidas. La mayoría de estas personas pertenecían a la clase trabajadora, tenían vinculación con la Mina El Aguilar o con el ingenio Ledesma. Blaquier y quien fuera administrador del ingenio, el salteño Alberto Lemos, deberían estar siendo juzgados aquí, pero fueron beneficiados por una falta de mérito dictado en 2015 por la Cámara de Casación, que fue revocado por la CSJN, pero ahora se dice que ya el empresario no está en condiciones de salud mental para ser juzgado.
El debate viene llevándose a cabo desde antes de la pandemia con audiencias solo los jueves. La fiscalía está alegando desde febrero último. En la última audiencia habló de víctimas del ramal jujeño, las detenciones ilegales y la desaparición de Luis Aredez, entre ellas. Entre otras pruebas, detallaron informes del archivo de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA) que muestran que el médico y ex intendente de Libertador General San Martín, la ciudad donde se encuentran las oficinas centrales del ingenio Ledesma, era vigilado ya desde la década del 60, y exhiben también la ocupación de las fuerzas de seguridad estatales en el cuidado de los intereses privados de esta empresa. Es más, un informe sostiene que el médico fue, junto a otras personas, por “realizar actividades gremiales sindicales en el ingenio Ledesma”.
Luis Ramón Aredez integró la larga lista de personas que fueron detenidas el 24 de marzo de 1976 en Libertador, Calilegua y otras localidades de la zona. Aquella vez fue liberado al año siguiente, volvió a Jujuy, y fue nuevamente secuestrado el 13 de mayo de 1977, y permanece desaparecido.
Estos delitos se investigaron en la Causa Aredez, junto a los crímenes cometidos en perjuicio de Luis Bueno, Alberto Filiú, Omar Claudio Gainza y Carlos Alberto Melián. Salvo Filiú, los otros cuatro eran parte del Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar del Ingenio Ledesma (SOEAIL) y todos residían en Libertador.
Igual que Aredez, Bueno, Filiú y Gainza también fueron detenidos el 24 de marzo, “por orden expresa del jefe del área 323, coronel Carlos Ernesto Bulacios”, precisó el fiscal federal Federico Zurueta. Melián, al que no encontraron ese día, lo detuvieron finalmente el 9 de abril de 1976.
En todos los casos irrumpieron en sus casas policías y militares, a la madrugada, los vendaron, los sacaron a los empujones, los llevaron a comisarías de Libertador y tras unos días los alojaron en el penal de Villa Gorriti, en Guerrero, donde “fueron todas las víctimas sometidas a las mismas situaciones de tormentos y privación de libertad en condiciones inhumanas”.
El 7 de octubre de 1976 junto a otros detenidos, los cinco fueron trasladados a la Unidad Penal 9 de La Plata desde donde fueron recuperando la libertad en distintos momentos, en el caso de Aredez, el 5 de marzo de 1977; Melián, el 7 de agosto; Gainza, en diciembre; Filiú, "en la primera lista que firmaron Videla y Harguindegui en octubre", y Bueno, antes del Mundial del 78.
El 13 de mayo de 1977, cuando regresaba a su casa desde su lugar de trabajo, el Hospital de Fraile Pintado, el vehículo de Aredez fue interceptado por 3 o 4 personas, “a partir de ese momento nunca más se tuvieron noticias de Luis Ramón Aredez y al día de hoy permanece desaparecido”, subrayó el fiscal.
Un allanamiento al cumplirse el mes
Un mes después del secuestro de Luis Aredez, el 13 de junio de 1977, cerca de la medianoche, la casa del médico en Libertador fue invadida por personas con uniforme del Ejército que revisaron todo y se llevaron documentación y libros.
Ese grupo era dirigido por un hombre de civil, el ex policía y director técnico Juan de la Cruz Kairuz, que “fue reconocido como quien se encontraba al mando de este operativo”, y está siendo juzgado en este juicio.
En la etapa de testimonios Olga Aredez, hija del médico, recordó que ese allanamiento fue a alrededor de las 22, cuando su madre, su hermano menor y su abuela regresaban de la misa por el aniversario de la desaparición de su padre. Y describió a Kairuz, dijo que estaba con un equipo de gimnasia, tipo jogging, azul con rayas blancas en los costados, iba acompañado por otro hombre de civil y ambos comandaban al grupo; también describió a este hombre: de pelo castaño claro, largo, vestía un saco gris y tenía la cara colorada. Y contó que además de libros y otros documentos, se llevaron escrituras de propiedades de su padre y su madre.
Olga dijo que la casa de su madre, Olga Márquez de Aredez, que se hizo conocida por la lucha en busca de su marido, fue allanada al menos cinco veces en ese tiempo. Lo mismo recordó su hermana, Teresa Adriana Aredez, quien dijo que ese domicilio “fue sistemáticamente violado durante la última dictadura militar”. Y que el 13 de junio la casa “había sido saqueada”.
La inteligencia para reprimir
En la enumeración de las pruebas documentales, el fiscal rememoró informes y expedientes que dan cuenta del espionaje a los trabajadores y sus aliados. Del Manuales de Operaciones Policiales reseñó un informe de inteligencia, Orden de Servicio N° 43, en el figuran los nombres y domicilios de las cinco víctimas y de otras personas, bajo la clasificación “supuestos elementos subversivos”. “Todos sabemos lo que significaba en ese momento ser catalogado” como subersivo, añadió Zurueta.
El 28 de marzo de 1975 el Departamento de Informaciones Policiales remitió una comunicación al oficial de Informaciones de la Unidad Regional N° 2 de la Policía, de Libertador: el 12 de octubre de 1974, dice, se había tomado conocimiento que desde los primeros días de septiembre “algunos elementos de tendencia izquierdista, como ser Jorge Osvaldo Weiss y su esposa, María Dora María Rebecchi de Weiss, Susana Virginia Pagliero de Patrignani, Carlos Ernesto Patrignani, Omar Claudio Gainza, Hugo José Condorí, Luis Ramón Aredez y Alberto Melián, asisten a las reuniones que se efectúan en el centro del Partido Socialista de los Trabajadores”.
En los archivos de la DIPPBA se detalla que estos hombres fueron detenidos por estar vinculados a “elementos o actividades subversivas”, en el caso de Bueno; o al PRT/ERP, Filiú; por integrar “células comunistas”, Gainza, Aredez, Condorí, y también por “realizar actividades gremiales sindicales en el ingenio Ledesma”.
Otra prueba exhibida por el fiscal es un apartado bajo el título "Antecedentes grupo de tareas, Tomo 3" y es un detalle sobre Aredez: pertenecía al Partido Comunista marxista leninista, en enero de 1961 fue presidente del comité departamental de Ledesma de la Unión Cívica Radical del Pueblo, en 1962 fue candidato a diputado provincial por este partido, y ese mismo año fue investigado por “posible desempeño de actividades de extrema izquierda en el ingenio Ledesma”. Los espías también reseñaron que había firmado un comunicado publicado en el diario Pregón "pronunciándose en contra de los intereses oligárquicos y burgueses", y que en 1972 se sospechaba que estaba vinculado a una célula del ERP descubierta en Tucumán, que en 1973 asumió como intendente de Libertador y en 1974 se lo consideró parte de una célula comunista que actuaba en Libertador y en el ingenio Ledesma junto con Weiss, Rebecchi de Weiss, Patrignani, entre otros.
El fiscal también trajo a la audiencia otro documento en el que se exhibe el cinismo de los represores: es un memo en el que se informa al director general de Inteligencia que Aredez “registra antecedentes ideológicos marxistas que hacen aconsejable su no ingreso y/o permanencia en la administración pública”. El memo es de mayo de 1979, para entonces hacía dos años que el médico había sido desaparecido por ellos mismos.
Perseguidos por estar en el Sindicato
El alegato de la auxiliar fiscal Marina Cura también refirió a personas perseguidas por estar vinculadas al Sindicato del ingenio Ledesma, el abogado Carlos Patrignani, que representaba a sindicalistas y a presos por motivos políticos; el gremialista Jorge Osvaldo Weiss.
Patrignani y Weiss fueron detenidos a fines de 1974 “debido a la vinculación que cada uno de ellos tenía con el Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar del Ingenio Ledesma”, destacó Cura. También ellos estuvieron en el Pabellón 3 de Villa Gorriti, en “pésimas condiciones", y ambos fueron desaparecidos. Se sabe que Weiss fue sacado la noche del 7 de diciembre de 1976. El 23 de diciembre de ese mismo año, junto a Reynaldo Aragón, Germán Calapeña y Julio Moisés, Patrignani fue llevado al Comando Radioeléctrico, donde el comisario Ernesto Jaig (f) liberó a Moisés y a Calapeña, mientras que Aragón y Patrignani “permanecen desaparecidos hasta el día de la fecha”.
En el caso de Patrignani, que era oriundo de Entre Ríos, la auxiliar fiscal reseñó que a fines de 1976 su mujer, Susana Pagliero, y su padre, Camilo Patrignani, viajaron a Jujuy porque habían visto una publicación periodística que informaba de que sería liberado. Como no obtenían información recurrieron a las autoridades militares y ambos fueron detenides. Camilo estuvo seis meses y Susana, un año.
Carlos Patrignani era vigilado desde 1973, según los archivos de la DIPPBA, en los que se precisó que el 8 de septiembre de 1974 “fue detenido por gestionar la libertad de diez detenidos en la huelga azucarera de Ledesma”.
La auxiliar fiscal también alegó sobre las detenciones ilegales y torturas sufridas por Carlos Alberto Cardozo, médico que colaboraba con Aredez en la atención a trabajadores en la obra social del ingenio Ledesma y fue detenido en octubre de 1975 por la Policía Federal, en septiembre de 1978 fue trasladado a la Unidad 9 de donde fue liberado en octubre de 1979.
Hugo José Condorí, que era dirigente sindical en Ledesma, fue detenido por tercera vez el 13 de abril de 1976, estuvo en el penal de Villa Gorriti, luego fue trasladado a La Plata y recuperó la libertad entre septiembre y octubre de 1977. De vuelta en Jujuy se fue a vivir a La Quiaca, porque creía que de ahí le sería más fácil escaparse.
Su medio hermano, Raúl Orlando Tapia, fue detenido los primeros días de abril de 1976. En la Comisaría 11 de Libertador lo torturaron tanto que tuvo que ser hospitalizado entre 15 y 20 días. El 28 de diciembre de 1976, desde Villa Gorriti, lo liberaron: corrió en zigzag hasta el río Xibi Xibi porque escuchaba disparos, llegó al cementerio de El Salvador y tanto era su miedo que se escondió en ese lugar durante toda la noche.
Fuente: Salta12
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