Esta mañana, prestadores, familiares y amigxs que integran el Colectivo de Discapacidad se movilizaron por el centro de la ciudad, en una convocatoria realizada a nivel nacional, para visibilizar la grave situación que atraviesan en el sector. Verónica Salinas, psicomotricista y madre de un joven con discapacidad, advirtió que hay las obras sociales que pagan, con hasta seis meses de demora, 60 pesos la hora de trabajo.
De acuerdo con lo que señaló la profesional, “la situación que está atravesando el sector en lo referente a las prestaciones básicas de discapacidad está pasando por una crisis”. “Ha pasado de crisis a ser algo insostenible tanto para los prestadores como para la familia”, aseveró.
Recordó que existe una ley que establece una serie de prestaciones básicas para las personas que cuentan con el Certificado Único de Discapacidad y una obra social asociada. “Entre los servicios de rehabilitación cuentan con kinesiólogos, fonoaudiólogo, psicólogos, terapistas ocupacionales, músicoterapeutas, psicopedagogos, psicomotricistas, acompañantes terapéuticos, están contemplados los módulos de apoyo de integración escolar, el transporte, alimentación, las escolaridades especiales. Eso es un beneficio que le preserva la ley para poder darles recursos y posibilidades para que las personas con discapacidad puedan estar lo más parecido a cualquier otra persona de su edad”, detalló Salinas al respecto.
En este punto, explicó que las y los profesionales trabajan con un nomenclador nacional que establece un monto mínimo que las obras sociales deben pagar por los servicios. Así, hay un directorio que decide cuándo hay un aumento o una modificación en cuanto a las prestaciones que se incluyen. En el mismo “participan una serie de representantes de prestadores, en teoría
representantes de transporte y gente de la Agencia Nacional de Discapacidad”, señaló Salinas al tiempo que cuestionó que “el directorio no realizó ningún tipo de aumento desde septiembre del año pasado”.
“Venimos desfasados en cuanto a los aumentos muchísimos meses- denunció-. Hace unas semanas se reunió el directorio y no llegó a ningún acuerdo para que hubiera ningún tipo de aumento. Los salarios que están cobrando hoy los colegas que trabajan en discapacidad están muy por debajo. Tenemos un sistema donde los cobros se realizan entre 4 y 6 meses posteriores a que entregamos la factura. Los colegas recién están cobrando honorarios que son más o menos de octubre, noviembre con mucha suerte. Cualquier aumento se licúa para cuando lo vamos a cobrar”.
Contó además que, al conocerse la convocatoria para hoy, el directorio se reunió sorpresivamente el martes, y agregó: “Nosotros venimos pidiendo hace dos años que las reuniones sean a puertas abiertas, por eso levantamos el lema de ‘nada de nosotros sin nosotros’. Las personas con discapacidad y los prestadores deberían ser partícipes de ese tipo de mesas porque se está hablando de nosotros”.
En dicha reunión, según precisó, se decidió un aumento del 25% a partir de mayo y un “probable aumento” del 10%. “Digo ‘probable’ porque todavía no está manifestado por decreto. Esto significa que en septiembre u octubre recién se va a empezar a cobrar este 25% de aumento”, enfatizó la profesional.
Reclamo a las obras sociales
“Soy mamá de un adolescente con discapacidad. Al día de hoy, en el centro donde yo trabajo, tenemos aproximadamente unas 10 carpetas presentadas entre diciembre y marzo, con prestaciones de pacientes que se están atendiendo y que las obras sociales todavía no han aprobado esos tratamientos. Estamos iniciando mayo y tenemos todavía obras sociales que no nos envían las autorizaciones”, denunció la profesional respecto a las responsabilidades en el conflicto que atraviesan.
Otros de los reclamos, expresó, es que las obras sociales autorizan menos cantidad de sesiones de las prácticas que solicitan los profesionales. “Se sienten con el derecho de vulnerar todo lo que pueda solicitar el médico tratante, cuando la ley dice específicamente que basta con la orden del médico tratante”, aseveró Salinas quien también denunció que “piden requisitos irrisorios”. “De un paciente tuvimos que entregar 35 hojas por prestador porque pedían cosas insólitas. Les pedían a los padres que envíen el grupo sanguíneo y a nosotros nos pedían una prueba genética, una cosa así. La idea de esto es dilatar”, sostuvo.
Asimismo, aseguró que algunas obras sociales pagan solo 60 pesos la hora. “Quiero que me diga alguien si con 60 pesos por hora yo puedo mandar a un profesional a que pueda hacer un servicio y que pueda sostenerlo cuando lo va a cobrar seis meses después. Es vergonzoso”, enfatizó y denunció también: “En el caso de mi hijo, porque cumplió 18 años, le rechazaron las autorizaciones de discapacidad porque, aparentemente, el cumplió 18 años y se curó mágicamente para la obra social que tiene”.
“Si esto no se soluciona de alguna manera no podemos seguir sosteniendo los tratamientos. Van a quedar un montón de niños. Tenemos en Salta 4 mil tratamientos, 4 mil niños en tratamiento, y el Estado no se va a poder hacer cargo de eso porque no se hace cargo ni siquiera de uno porque no existen centros de rehabilitación que sean públicos”, advirtió la profesional con preocupación. Solicitó así que el Estado provincial se haga eco de la situación en discapacidad en Salta, “que tiene índices muy altos, sobre todo en lo que tiene que ver con discapacidad mental”.
Fuente: Somos Tierra – FM Noticias 88.1 MHz.
BH
