Esta mañana, diferentes organizaciones se convocaron en Ciudad Judicial para llevar adelante un pañuelazo en apoyo a Miranda Ruiz, pidiendo su sobreseimiento. Lucía De la Vega, abogada perteneciente al Centro de Estudios Legales y Sociales- CELS, aseguró que “se está tratando de amedrentar con esto porque se trata de jóvenes y mujeres vulnerables y del sector público, porque esto no se hace en el sector privado”.
De la Vega adelantó que el CELS se presentará como amicus curiae “aportando argumentos de derechos humanos, entendiendo que Miranda es una defensora de derechos humanos en este contexto”. “Está siendo perseguida solo por cumplir la ley 27610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Estamos muy preocupadas con esta imputación, estamos desde varias agrupaciones acompañando”, expresó.
Explicó luego que “se está apelando la segunda negativa al pedido de sobreseimiento”, y ahondó: “En un primer momento, se le imputó el delito de aborto sin causal, a pesar de que la joven había solicitado la Interrupción Legal del Embarazo y había todo un equipo interviniendo. Estaba totalmente corroborado por el Ministerio de Salud lo actuado”.
Cuestionó el accionar de sectores antiderechos “que son los que no se oponen a que se realicen este tipo de prácticas en clínicas privadas, sino en el sector público”. “Porque no hemos visto ninguna intervención frente a una clínica privada, sino que lo que hacen es obstaculizar a los profesionales de la salud que trabajan en el sector público para seguir con el negocio de los abortos clandestinos”, señaló.
En esta línea, relató: “Estos sectores estuvieron tratando de interrumpir la práctica, que se realiza bien, con todo un equipo interviniendo, con el aval del Ministerio de Salud. A pesar de que sabemos que, por protocolo, con solo un profesional que certifique la causal es admisible realizar la práctica. Es un aborto por medicamento. Con posterioridad, cuando ven que no se podía sostener esta imputación tan ridícula, se la cambia a aborto sin consentimiento cuando eso no es así”.
De acuerdo con lo que indicó la abogada, “en la causa obra con claridad el consentimiento informado, que es lo que se exige para este tipo de prácticas”. “Frente a eso, las abogadas que están interviniendo presentaron una apelación y hoy llega al Tribunal de Impugnación, a la Sala I, que tiene que resolver”, dijo.
Además, remarcó que “el segundo pedido de sobreseimiento es rechazado por pate del fiscal planteando que existe prueba pendiente”. “La prueba pendiente es una pericia sobre la historia clínica para certificar la causal- continuó De la Vega-. Nuestra Corte Suprema, desde el fallo FAL, que es anterior a la sanción de la ley, plantea que la certificación de la causal se hace en el momento y la hace el pedido causante”.
Así las cosas, advirtió que Miranda Ruiz “está imputada solo por defender derechos”. “Creo que los sectores antiderechos han hecho un trabajo de buscar dónde litigar y se han encontrado con la situación de esta médica sumamente comprometida con los derechos sexuales y reproductivos, que está haciendo su residencia allá y que no solamente trabaja allá, sino que también va a otras localidades a donde no van muchos médicos capacitados a garantizar derechos. Creo que ha sido buscado ese caso, como todas las acciones que se han interpuesto contra la ley y que, afortunadamente, pocas quedan en pie”, analizó la abogada.
Recordó que “es un derecho reconocido, hay un protocolo que clarifica las formas, hay muchos profesionales en todo el país que garantizan este derecho”, y lamentó que “se está tratando de amedrentar con esto porque se trata de jóvenes y mujeres vulnerables y del sector público, porque esto no se hace en el sector privado”.
“Es una imputación que no resiste el menor análisis normativo y en función de la prueba que existe en el expediente. Esperemos que el Tribunal de Impugnación lo note y efectivamente lo resuelva”, finalizó expectante.
Fuente: Somos Tierra – FM Noticias 88.1 MHz.
BH
