Los emprendimientos bodegueros no se sienten a gusto con la defensa de derechos que ejercen las comunidades como la Diaguita Calchaquí. La letanía en el tratamiento de la Ley de Propiedad de Territorios Comunitarios Indígenas, genera conflictos por todo el país.
A los pobladores que describen a sus patrones como “los azotadores de antes”, no los cobija el manto del romanticismo nostálgico que envuelve a otros moradores mansos de lugares y parajes turísticos salteños. Por poner el cuerpo y librar la batalla por la propiedad comunitaria de sus territorios, los de La Aguada en Cachi, padecen encerronas de propios y extraños. La policía local tiende a desconocer sus derechos, la fiscalía zonal prefiere aletargar procedimientos, los administradores de turno en el Estado provincial eligen olvidar pactos internacionales, la Constitución Nacional y el Código Civil. Por si fuera poco, una parte de los abogados también optan por desconocer las leyes vigentes y tratados que amparan en Argentina los derechos indígenas.
Seis kilómetros por camino de tierra, sinuoso y consolidado, separan el casco histórico del pueblo de Cachi del paraje La Aguada. Los carteles de la ruta del vino guían hasta las últimas bodegas que se instalaron en la zona durante la década pasada: Miraluna y Bodega Puna. Desde que ellas llegaron, los miembros de la Comunidad Diaguita Calchaquí en La Aguada no la tienen fácil. El espacio del territorio comunitario, se compone de algunas hectáreas aptas para cultivo limitadas por el agua de riego disponible. Otras tantas son de montañas pedregosas que rodean al frágil sector productivo. El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) entregó la carpeta técnica a esa comunidad en 2014. El acto implicó que legalizó su relevamiento territorial y cumplió con todos los requisitos previstos por Ley 26.160.
Los nuevos vecinos sostienen que son los habitantes ancestrales quienes usurpan sus tierras. Hay apellidos que circulan hace décadas en papers académicos. Esos estudios profundizaron sobre el proceso del loteo de la vieja Hacienda de Cachi, que duró entre 1949 y 1964. Julio Octavio Ruiz Moreno por la página 300 de un libro de su autoría publicado en 2009, lo sintetizó así: “El gobierno de esa época (…) la expropió a un precio vil (…) con el argumento de extender el radio urbano de Cachi. Pero como siempre, lo mejor y más valioso (...) quedó en manos de los jerarcas partidarios y sus amigos en la ciudad de Salta”. Entre ellos, los Wayar y los Durand. A los herederos de los primeros se enfrentan recurrentemente los miembros de la comunidad de La Aguada en Cachi, aunque también otras vecinas, como Las Pailas.
La novedad es la llegada de otros actores. Se sumaron en 2015, los periodistas Jorge Fontevecchia y María Laura Santillán como socios en El Molino de Cachi. La SRL es bodega y emprendimiento hotelero con domicilio legal en California 2721 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). La información se desprende del historial de sociedades comerciales del Boletín Oficial de la Nación. De la capa catastral 2022 disponible en el geoportal IDESA (acceso público), se desprende además que les pertenece el catastro ubicado al noreste del paraje La Aguada. Es decir, se encuentran cerca del límite entre La Aguada y la vieja Finca Hacienda de Cachi.
Otro dato que surgió al consultar las mismas fuentes, es que el mayor propietario registral que ocupa parte del territorio comunitario, no es ninguna de las bodegas o propietarios registrales actuales. Más del sesenta por ciento del espacio de uso comunitario pertenece desde 1981 a una sociedad anónima de nombre Maropont. Por la fecha, la propiedad de 22.708 hectáreas, fue adquirida durante el gobierno de facto de Roberto Augusto Ulloa.
La autoridad Diaguita Calchaquí de La Aguada, Nemesio Fabián, cree que la sociedad anónima esconde viejos terratenientes. Sin embargo, no hay prueba cierta de ello. Del historial de sociedades comerciales del Boletín Oficial nacional, se desprende que la firma formalizó su constitución el 24 de Noviembre de 1981. Como la fuente no muestra cambios societarios en el tiempo, se puede afirmar que aún la conforman dos socios y dos síndicos: Jacinto Midali (presidente), Nerio Antonio Almeida (vicepresidente), Víctor Hugo Cappacioli (síndico titular), y Avelino Carlos Zavala (síndico suplente).
Salta 12 no pudo dar con el representante legal de la SA en la provincia. En Mayo de 2018 la sociedad fue convocada por el Juez de Minas y en lo Comercial de Registro de la Provincia de Salta – en ese momento Gabriel Chibán – por un descubrimiento de tierras raras y litio en su propiedad. Lo último se desprende del Boletín Oficial salteño. Maropont es dueña de todas las serranías alrededor de La Aguada, desde el filo de las cumbres del Nevado Libertador General San Martín (Nevado de Cachi) hasta el límite sur que comparte con el territorio comunitario Diaguita Calchaquí.
Disciplinar, doblegar, expulsar
Sobre los hectáreas fértiles de cultivo, los vecinos bodegueros de La Aguada no parecen admitir la presencia de comuneros combativos. El último conflicto estalló entre Enero y Febrero de 2019, aunque ya no con Bodega Miraluna. El hecho prepandémico, dejó a varios miembros de la comunidad implicados en una causa penal. Como ya atravesó la etapa de instrucción, espera fecha la instancia oral y pública. “En el juicio de La Aguada no se discute el dominio de la propiedad”, explicó a Salta 12 Josue Díaz Cueto, abogado de la comunidad Diaguita Calchaquí. Detalló que los comuneros están imputados por usurpación y otras acusaciones penales. Esperan que la causa alcance la siguiente instancia hacia finales del año en curso.
“Esto forma parte de una estrategia de criminalizar la defensa del territorio indígena por vía penal, que es algo que viene pasando no solo en Salta, sino en todo el país”, continuó. “Claramente se busca disciplinar para doblegar la resistencia de la comunidad ante el avance del despojo territorial que, en éste caso, se ejerce de parte de Bodega Puna”. Desde el área legal de esa Bodega eludieron la polémica sobre la legalidad de la propiedad comunitaria. Se remitieron a aclarar a Salta 12 que son legítimos propietarios del catastro en conflicto, que la causa está en la justicia salteña, y que la firma espera el descenlace final.
La Comunidad Diaguita volvió a denunciar usurpación y atropellos sobre su propiedad comunitaria en Febrero y Abril de este año. “Nosotros hicimos las denuncias en la policía de Cachi y en la fiscalía penal, pero intentan disuadirnos”, explicó Nemesio Fabián a Salta 12. Para Díaz Cueto, la estrategia principal de la Bodega y otros propietarios es la del desgaste, un camino por el que pretenden expulsar definitivamente a quienes molestan.
“Queda claro que Bodega Puna fue a usurpar un espacio que fue utilizado por la comunidad colectivamente desde mucho tiempo atrás. La bodega sigue atropellando, tira material de construcción donde no corresponde, y la justicia es muy lenta” , opinó Waira Condorí, vocal diaguita y presidente del Instituto Provincial de Pueblos Indígenas de Salta (IPPIS). “No hay que olvidar que la propiedad comunitaria contiene grandes espacios que resguarda patrimonio arqueológico”. Salta 12 no pudo contar con la opinión de la Secretaría de Asuntos Indígenas de la Provincia.
Las estrategias de expulsión no son novedad en Cachi. El último de ellos ocurrió hace poco más de setenta años atrás. Fue un procedimiento que duró dieciocho años (1949 - 1967). Lo explicó con lujo de detalles en su tesina de grado, un estudiante de la carrera de Antropología de la Universidad Nacional de Salta. Con documentación oficial, Miguel Ángel Borla relató que un año después de la expropiación (1950) el gobierno de la provincia adjudicó parcelas rurales dentro de la vieja Finca a favor de cada arrendero que se presentó como un trabajador legítimo de esa porción de tierra. Fueron alrededor de sesenta familias, pero la alegría no duró mucho. En 1952, el gobierno de Salta propuso planes para la compra de esas y otras parcelas en el viejo Cachi Adentro (hoy La Aguada). Estableció precios y fijó plazos, fuese de contado o mediante plan de pago. Como los arrenderos no manejaban papel moneda sino vales de la proveeduría del patrón, la suerte quedó echada.
A comienzos del presente siglo, la novedad fue el modelo inmobiliario country & vid que introdujo Carlos Robles después que le compró Finca San Miguel (al norte de La Aguada) a Antonio Rodó. El nuevo paradigma cambió el uso del agua y la composición de los vecinos. Desde entonces, los habitantes originarios (primero de Las Pailas y Finca San Miguel, ahora de La Aguada) padecen lo mismo: desgaste, palos, policía y causas penales que buscan criminalizar la defensa de sus derechos y territorios. Como muchos no pudieron acreditar la propiedad registral del lugar que habitaban, fueron reubicados lejos del área fértil y sus paños de cultivo. Los que tuvieron más suerte ocupan alguna casa del Barrio Luján, en la otra orilla del Río Calchaquí y de la Ruta Nacional 40.
Asuntos pendientes
Urge la instrumentación de la propiedad comunitaria indígena. En la Cámara de Diputados de la Nación espera ser tratada la iniciativa que presentó en Diciembre de 2021 la ex-legisladora nacional por Salta, Alcira Figueroa.
La ex-diputada explicó que el proyecto fue girado a comisiones de Legislación General, Población y Desarrollo Humano, Presupuesto y Hacienda. “Aún no fue tratada. Tampoco tenemos noticias que esto ocurra durante el año legislativo”, dijo a Salta 12. “Creo que la falta de tratamiento ocurre porque no existe en la Cámara Baja una Comisión de Pueblos Originarios”. Para Figueroa, es la razón por la que iniciativas claves como la instrumentación de esta ley no forman parte de la agenda prioritaria de las comisiones parlamentarias. Por lo tanto, tampoco tiene chances de llegar al recinto. “Con una comisión específica, como sí existe en el Senado, sería más fácil colocar en agenda cualquier proyecto referido a pueblos originarios”, opinó.
El proyecto de Figueroa, reproduce el presentado en 2015 por la ex-senadora Magdalena Odarda (actual presidenta del INAI) y Jaime Linares. Ese proyecto fue acompañado luego Fernando “Pino” Solanas. Como la iniciativa perdió estado parlamentario, otros legisladores la presentaron nuevamente. Mientras tanto, el Estado Argentino fue condenado en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Lhaka Honhat (Rivadavia, Salta) en Febrero de 2020. El organismo internacional entendió que Argentina no cumplió con el respeto y resguardo de los derechos territoriales de los Pueblos Indígenas en el norte salteño ¿Deberán agruparse en el futuro todas las comunidades originarias de Argentina para lograr la titularidad de sus territorios ancestrales? La batalla de La Aguada es solo un caso en los Valles Calchaquíes.
Fuente: Analía Brizuela para Salta/12
