El
funcionario aclaró que él personalmente no aporta a la Caja, pero si está
matriculado en COPAIPA por que su función de ingeniero así lo requiere. “Durante
mucho tiempo, he ocupado distintos lugares en el Estado y mi aporte a la
jubilación es de mi sueldo como funcionario”, indicó. Además, dijo que
desconoce cuánto es la jubilación aproximada para este tipo de profesiones
actualmente.
Camacho sostuvo que “respeta” al poder legislativo en sus proyectos y discusiones, pero marcó algunos puntos del proyecto en cuestión. “Hay algunas cosas que sí parecen lógicas. Sé que si un aportante a la Caja de Ingenieros estaba en términos de convivencia con alguna otra persona y fallecía esa otra persona, no tenía acceso a cobrar la pensión. Así que eso está bien. Después, algunas modificaciones en ese sentido”, indicó.
“Me parece bien que habilitan a la Caja a hacer inversiones, como hacen las otras Cajas de profesionales, y no tener dinero retenido pudiendo generar mayores beneficios”, agregó.
El ministro manifestó que planteó la situación de los empleados profesionales en el ámbito del Ministerio que desarrollan proyectos y cobran un sueldo al ser planta. “De ninguna manera, se prevé que eso involucre a los proyectos del seno del Estado, sino a los que surgen de manera privada. Desde que yo estoy a cargo del Ministerio de Infraestructura hace dos años y medio, creo que hay dos proyectos que se contrataron con consultoría, lo que cual no es habitual. No mueve el amperímetro”, dijo.
En cuanto a la modificación que busca que el 0,3% de la obra pública nacional, provincial y municipal o 10% del Proyecto Ejecutivo de la Obra Pública se deposite en la Caja para ser destinado al fondo de reserva del sistema de previsión, lo que en base al presupuesto de este año superaría un monto de 77 millones para la Caja, dijo: “Si me preguntan mi opinión personal, con 77 millones podemos hacer una obra más de agua”. En ese sentido, remarcó que un pozo de agua completo con 160 metros de profundidad cuesta cerca de 26 millones.
Por otro lado, se refirió al proyecto que busca eliminar a Aguas del Norte y crear una Secretaría estatal del agua.
“La prestación del servicio de agua y saneamiento debe ser llevada adelante por el Estado. En ese sentido, hoy la empresa Aguas del Norte es una empresa del estado, una sociedad anónima de participación netamente estatal. Yo creo que esta empresa cuando en el 90’, con el modelo Dromi, estaba prevista para ser tercerizada. Esta corriente de pensamiento, genera la constitución de los Entes”, señaló.
“Hoy tenemos una suerte de marco regulatorio pensado para empresas tercerizadas con una empresa estatal. Esa es la primera contradicción. La segunda es que me parece que cuando esté más cerca del Estado y tenga menos cuestiones que las hagan como más periféricas, lo natural sería que sea un organismo del Estado, reconociendo antecedentes de los trabajadores, los empleados”, expresó.
Fuente: Algo Personal – FM Noticias 88.1 MHz
LS
