DDN. Para la referente de derechos humanos, Blanca “Nenina” Lescano, “los saludos por la muerte de Ricardo Lona muestran claramente a quién respondía el exjuez”.
Entre quienes lamentaron el fallecimiento del represor, mencionó al exdiputado Andrés Suriani, a los militares, apellidos como el de Juan Carlos Romero, y grupos negacionistas y de la ultraderecha salteña.
Recordó Lescano que Lona tenía prisión domiciliaria, pero que más de una vez se lo pudo ver en la calle, aún con una sentencia firme por delitos de lesa humanidad.
Mencionó que en el 2019 fue condenado a 15 años de prisión por el homicidio del exgobernador Ragone, en mayo fue beneficiado por un tribunal superior y nunca fue juzgado por su participación en la Masacre de Palomitas, que este año cumplirá su 36 aniversario. “Fue un juez que siempre miró hacia otro lado”, sentenció Lescano y destacó a las nuevas generaciones que toman la bandera de estas luchas, mientras que “hay quienes piensan que el nacionalismo y el concepto de Patria es ponerse un poncho rojo y desfilar a caballo”.
Juez muerte
A la edad de 86 años el exjuez Ricardo Lona, "Dicky" para amigos y amigas, falleció ayer en la ciudad de Salta. Figura emblemática del engranaje del terrorismo estatal durante la última dictadura cívico militar, el ex magistrado pasó sus últimos años en prisión preventiva, dictada siempre con la modalidad domiciliaria, acusado por delitos de lesa humanidad en tres causas judiciales.
"Se fue condenado como criminal de Lesa Humanidad", lo despidió ayer HIJOS Salta, que lo llamó "juez muerte". La organización destacó que, a pesar de que fue condenado en septiembre de 2019, mantuvo siempre el beneficio de la prisión domiciliaria. "La injusticia amiga acudió en su rescate para que no sea efectivo el castigo", afirmó.
Insistentemente señalado por su participación en los terribles crímenes cometidos por el terrorismo estatal, cuando ese señalamiento avanzó en imputaciones formales, Lona hizo lo que todos los represores: recurrir a la estrategia de la dilación, sabiendo que el tiempo juega del lado de la impunidad.
Se valió de sus conocimientos de los vericuetos procesales, de sus amistades en la Justicia Federal, de los favores que le debían, para esquivar por años las citaciones a prestar declaración indagatoria, primero en calidad de partícipe de la Masacre de Palomitas (la matanza de 11 detenidos políticos), luego por no haber investigado el secuestro y desaparición del ex gobernador Miguel Ragone y después, por haber desoído habeas corpus y denuncias de desapariciones y torturas realizadas por presos políticos y familiares, la causa conocida como "627", que reúne a 78 víctimas.
De esas causas, la de Ragone logró avanzar y en septiembre de 2019 el ex juez fue condenado a 15 años de prisión en calidad de partícipe secundario del homicidio, cometido en marzo de 1976 en la ciudad de Salta; también fue condenado por encubrimiento y prevaricato. Pero en mayo último obtuvo un fallo amigable de los camaristas Carlos Mahiques y Guillermo Yacobucci, de la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal, anuló la condena como participe homicidio y solo ratificó la condena por los otros dos delitos. El expediente fue devuelto al Tribinal Oral en lo Federal 2 de Salta para que fijara una nueva pena. Pero, como ocurre cada vez más con el lento andar de la justicia en lo que respecta a los crímenes de la dictadura, el criminal se les murió antes.
Las otras dos causas no llegaron a la instancia del juicio, aunque estaban en gateras, ya próximas. A manera de muestra de esa estrategia de la dilación que los represores asumen y gran parte de los operadores del Poder Judicial Federal aceptan, van estos detalles del trámite de la causa Palomitas. La matanza fue el 6 de julio de 1976, hace hoy casi 45 años. Lona fue citado a indagatoria por primera en marzo de 2005, 28 años y meses después del hecho, pero el acto fue suspendido por planteos del ex juez y recién se llevó a cabo más de dos años después, en julio de 2007.
Sin embargo, esto no concluyó ahí. En noviembre de 2007 Lona fue procesado por "incumplimiento de los deberes del funcionario público”, por haber omitido investigar la matanza, decisión que fue apelada por la fiscalía, las querellas y la defensa, La Cámara Federal de Apelaciones de Salta se tomó casi un año y sobreseyó al ex juez en agosto de 2008. La resolución fue impugnada y la causa terminó en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que recién en septiembre de 2012 revocó el sobreseimiento y le ordenó a la Cámara salteña dictar un nuevo pronunciamiento.
La Cámara de Apelaciones, integrada por Roberto Loutaif Ranea, Jorge Villada y Renato Rabbi Baldi Cabanillas, empezó entonces su propio juego de dilación, como aseguró en su momento la fiscalía. Más de un mes después del fallo de la Corte Suprema remitió el expediente al juzgado de primera instancia pero sin haber cumplido la orden de dictar una nueva resolución. El fiscal federal Horacio Azzolín tuvo que recordarles que debían dictar el fallo ordenado por el máximo tribunal. La Cámara se tomó entonces 7 meses para acatar la orden, que ya salió en 2013.
Fuente: Hora7-FM Noticias 88.1 Mhz.
MP
