Lloret explicó que el término “intereses
difusos” en su cargo es una forma de designación vieja de la anterior Reforma
Constitucional de Salta. “Son cuando nosotros observamos una expectativa, un
interés, un derecho discutible no tiene que ver con intencionalidades o pretensiones
individuales, es decir, en mi derecho de propiedad, sino que tiene que ver
cuando esto tiene una expresión colectiva. En los primeros lugares que se dio,
por ejemplo, es en el derecho del trabajo. Estamos muy acostumbrados a hablar
del Convenio Colectivo de Trabajo. Eso traducido a derecho o expectativa
individuales que se contagian, que se reproducen en la sociedad, entonces mucha
gente tiene interés en algo, por ejemplo, en el que ustedes me estaban
empezando a nombrar que era el ambiental, si yo soluciono un problema ambiental
no es el de una persona, sino el de muchas personas a la vez”, explicó.
El abogado se refirió al proceso existente en cuanto a la calidad de agua. En ese sentido, indicó que la Procuración General de la Provincia tiene funciones más allá de lo estrictamente penal, por lo cual “es confuso” ver a la Procuración dedicarse a otras temáticas.
En primer lugar, remarcó la importancia de que la cuestión prestacional de Aguas del Norte sea una política con una mejora permanente, teniendo en cuanto la cantidad de lugares de la ciudad donde no llega el servicio o es deficiente.
“Nosotros tenemos una mirada un tanto diferente o la óptica que nos toca, el enfoque que nos toca a nosotros es un tanto diferente que tiene que ver con cómo controlamos y ayudamos a mejorar permanentemente la utilización del recurso. El no sobreuso, el no agotamiento, la sostenibilidad en el tiempo, la sostenibilidad de su calidad, de su cantidad, de su no uso conflictivo, etcétera. En ese marco, la Procuración tiene una competencia específica, que es una competencia que le llamamos de interés, que tiene que ver con ese nombre que me toca a mí en esta función que yo tengo hace ya unos años. En esos expedientes de interés son expedientes no penales, sino de incidencia. El Procurador se interesa por un tema y percute en ese tema hasta que obtiene una respuesta favorable o por ejemplo toma la decisión de accionar colectivamente para recuperar ese derecho. Son formas de trabajo, son instancias de trabajo, en esa hay una específica dentro de la cartera de caso que tiene el procurador en este momento, que tiene que ver con que está pasando con el agua bajo suelo, que está pasando con el agua subterránea”, indicó.
Lloret manifestó que se empezó a hacer una serie de cuestionamientos, oficios, preguntas y relevamientos técnicos. La Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Salta es el ejecuto técnico de la Procuración en este rol, no solo en este expediente sino en varios.
“Lo que la Universidad no sugería era que hay que recuperar dos institutos legales que están vigentes pero que nunca han sido practicados nunca, y cuando digo nunca, en la historia. Uno tiene que ver con el famoso censo de aguas que está en el código de aguas de la provincia, es decir, hay un marco legal específico que dice que toda agua de dominio público debe ser permanentemente censada. Es decir, uno tiene que tener una información constante y sonante de cuánto uso se está haciendo de ese recurso”, informó.
El organismo que en este expediente está siendo incidido es la Secretaría de Recursos Hídricos de la Provincia, que es la autoridad de aplicación del Código Hídrico de la Provincia.
El segundo instituto que marcó la Universidad es la generación de un mapa de vulnerabilidad que se encuentra en el Decreto Provincial 3097, donde indica que con la conducción de la Secretaría de Recursos Hídricos se debía hacer una unificación con otros actores como el Ente Regulador de los Servicios Públicos, la Secretaria de Ambiente y el Ministerio de Salud para generar dicho mapa del estado de situación de los recursos subterráneos.
El funcionario remarcó que el mapa debe darse con todos los pozos existentes de todo tipo. Sostuvo que el universo es “incomparable” y “no se tiene ninguna idea”. “La información no existe. Ha sido aceptado así en las reuniones y está en las actas. En la última reunión la indicación fue fijen una fecha definitiva de este procedimiento. Esa fecha va a ser en las primeras semanas de agosto, donde se va a emitir esta norma y me parece que ahí va a traer un poco de revuelo porque es algo fundante, todo el mundo que tiene un pozo tiene que hacer algo con él, hay una parte de responsabilidad ciudadana también”, dijo y agregó: “Hay una gran impronta, de ir a buscar agua, ir a buscar agua, ir a buscar agua. Y nadie está preguntándose che, ¿cuántas personas están buscando agua? ¿Cuántas personas están utilizando el recurso y cuánto el recurso permite en realidad ser usado para que esto sea sostenible en el tiempo?”.
Lloret reiteró que todo el trabajo realizado es bajo la asistencia de los técnicos de la Universidad Nacional. Sin embargo, remarcó que tienen en claro es que esta decisión de realizar este mapeo y este censo significará “grandes reacciones del otro lado”, es decir, de quienes tengan pozos.
“Entendemos que no es fácil lo que estamos asumiendo, que deben censar a todo el mundo, pero a todo el mundo decir a todo el mundo, a todo el mundo, o sea, necesitamos saber exactamente cuánto le están exigiendo al recurso y cuanto al recurso realmente puede dar sin perderse”, señaló.
Consultado sobre la posibilidad de realizar amparos colectivos en base a esta situación, respondió: “Los expedientes de incidencia no puedo tampoco saber cuál decisión procesal tendrá hacia el futuro el procurador. Lo que sí sé es que él va marcando la pauta de si no cumplen hasta este momento, quedan en situación de ser accionados y así va moviendo. La intimación actual ha sido voluntariamente aceptada y no hay ningún vicio de que esto no fuese así, es que él espera hasta la primera semana de agosto para que se emita la resolución común, es una resolución que van a emitir las autoridades competentes, tanto la hídrica como la prestacional, que es el Ente Regulador”.
En cuanto al éxito del proceso, remarcó que esto es algo que nunca se hizo y hay pocos o nulos antecedentes en el país.
Con respecto al uso de agua en las mineras, indicó que el Código de Agua de Salta es muy minucioso, aunque la información puede ser “difusa y aislada”. “Todo tiene que ser concesionado. Los usos van más allá, todo el mundo que está sacando agua subterránea está usando el recurso. No se sabe hasta qué nivel se lo presiona al recurso. Necesitamos ir a números serios”, dijo.
Sobre la presencia de arsénico en departamentos como Rivadavia, expresó que “se necesita más inversión y más tecnología”, pero que tampoco se sabe cuál es el uso del agua apta y de la no apta.
Fuente: Todas las voces – FM Noticias 88.1 MHz
LS
