DDN. El abogado Pedro Arancibia, representante de los vecinos del Río Arenales, solicitó que se dé cumplimiento a la sentencia dictada en 2018 que obliga al Estado Municipal y Provincia a ejecutar un plan de saneamiento, contingencia y monitoreo de la contaminación de ese cause.
Recordó el letrado que no hay respuestas sobre esta sentencia que tuvo sus orígenes en lo sucedido allá por el 2011, cuando los vecinos de los barrios Ceferino, Gauchito Gil y Angelita, se vieron afectados por una inundación que generó importantes daños.
Mencionó que este proceso judicial develó cuestiones ambientales sumamente graves, como la presencia de desechos cloacales y metales pesados en las aguas del río que desemboca en el Dique Cabra Corral y por ello hubo una sentencia que a la fecha no se cumplió.
“El Estado debe garantizar un ambiente saludable, pero esto no está siendo así y es importante tomar conciencia”, sentenció Arancibia.
El fallo
En 2018 la Corte de Justicia de Salta emitió una sentencia favorable a los vecinos de barrios aledaños al Río Arenales, que a través de un amparo colectivo denunciaron la contaminación del río y la necesidad de contar con infraestructura que evite posibles desbordes del cauce del agua en las comunidades vecinales de la costanera.
Este fallo establecía que los demandado (Municipalidad de Salta, Gobierno de la Provincia y Aguas del Norte) debían establecer un Plan de Saneamiento del Río, un Plan de Contingencia ante posibles desastres naturales y un Plan de Monitoreo de la contaminación de las aguas.
Arancibia recurrió al juez de la Cámara Civil y Comercial, Marcelo Domínguez, para solicitar que se tomen medidas para que la sentencia sea ejecutada. Sin embargo, pese a las presentaciones realizadas, no hubo acciones dispuestas por el juzgado.
El hecho tomo relevancia cuando hace semanas se dio a conocer la contaminación que se vertía de aguas hervidas por un caño roto en Barrio Santa Lucia de manera directa en el Arenales.
En este sentido, el abogado cuestionó a la existente (en papeles) Unidad Ejecutora de Recuperación y Saneamiento, creada por decreto en 2011 y conformada por funcionarios de áreas provinciales y municipales.
“La Unidad Ejecutora debería ser el organismo que realice la implementación de ese plan, porque está compuesto por funcionarios que son de cargos que son importantes. Como no les pagan no se juntan, y como no les interesa, recién cuando la justicia aprieta un poquito se juntan para ver que hacer”, reflexionó el abogado.
La unidad debía tener la función de rencausar el río para evitar inundaciones en las zonas aledañas y vigilar la contaminación del cauce. Sin embargo, según reclama Arancibia, desde hace bastante tiempo que este organismo no se junta.
Sostuvo además que desde el Ministerio Público Fiscal debería actuar de oficio e imputar por incumplimiento de los deberes de funcionario público a los miembros de esta unidad y a aquellos funcionarios provinciales que no hacen cumplir la sentencia judicial del 2018.
Fuente: Todas las voces todas-FM Noticias 88.1
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