DDN. La Procuración General de la Municipalidad presentó un amparo colectivo por el servicio de agua de la ciudad contra Cosaysa S.A y el Ente Regulador de Servicios Públicos.
El juez Marcelo Domínguez envío el expediente a la Procuración General de la Provincia y reservó las actuaciones hasta la intervención.
La acción fue interpuesta por el municipio bajo la representación del procurador adjunto, Ramiro Angulo y la abogada María Soledad Zambrano Achaval ante la Sala III de la Cámara de Apelaciones.
No hay hasta el momento antecedentes de que un municipio se constituya como amparista, por lo que ante la presencia de la figura jurídica de intereses difusos, corresponde según la legislación vigente que intervenga el procurador general Pedro García Castiella para que el mismo haga inscripción del juicio y determine las personas damnificadas que se señalan en el amparo.
El juez a cargo, Marcelo Domínguez reservó las actuaciones hasta tanto la Procuración responda a lo solicitado. Una vez ingrese la intervención de Castiella al juzgado, el juez deberá resolver si hace lugar al amparo presentado y dictamina una medida cautelar contra la empresa y el Ente.
El amparo
Según consta en la presentación efectuada desde la Municipalidad de Salta, se está pidiendo a la justicia que intervenga y dictamine los siguientes puntos:
“Obtener una medida cautelar a favor de todos los usuarios de la Ciudad de Salta, a fin de que se les garantice la satisfacción del servicio público domiciliario, es decir un régimen de derecho público que asegure la generalidad, uniformidad, regularidad y continuidad del mismo por ser un derecho humano esencial e indispensable”, reza el escrito.
Además, se pide que Aguas del Norte realice un protocolo de asistencia que implique el reparto de agua, un protocolo de asistencia rápida ante inconvenientes en el servicio y una campaña de concientización sobre enfermedades hídricas.
También se exige la realización de obras, la obligación de ejecución presupuestaria y que se garantice los montos necesarios para que se cubra el 100% del servicio, agregando también la rendición de cuentas de los fondos que recibe la empresa y la presentación de un informe sobre las quejas interpuestas desde enero del 2022.
En cuanto al Ente, se pide una realización de informes sobre el curso dado de los reclamos de vecinos sobre la empresa y sobre el cumplimiento de sentencias judiciales por el servicio.
Ángulo explicó que se avanzó en esta medida agotadas las instancias de diálogo y las multas impuestas desde el Tribunal de Faltas, sin ningún tipo de respuestas por parte de la empresa que tiene la obligación de brindar un servicio de calidad.
Advirtió el funcionario que los vecinos ven vulnerados sus derechos. “Hay derrames cloacales, reclamos permanentes por falta de agua, los vecinos tienen que ver en qué momento lavar los platos, bañarse y encima tenemos enfermedades que se agravan por la falta de acceso al agua potable”, remarcó.
Fuente: FM Noticias 88.1 Mhz.
MP
