Verónica
Párraga, jubilada del Servicio Penitenciario, indicó que desde el 2006 inició
el problema tras el traspaso “a medias” de la caja de la Policía y el Servicio
Penitenciario por una decisión del entonces gobernador Juan Carlos Romero con
el funcionario nacional Aníbal Fernández. Eso llevó a que el cobro de haberes
tenga una demora de hasta ocho meses.
“Se lo planteamos a los distintos gobernadores desde hace 16 años, y nunca hemos sido escuchados. No nos quedó otra que salir a las calles”, dijo.
Luego de encontrarse tres días acampanado, se les entregaron los instrumentos legales para llevar a la Unidad de Trámites Previsionales y trabajen con el ANSES, pero la situación queda supeditada a los tiempos del ANSES.
Sin embargo, Párraga señaló que continuarán en estado de alerta buscando hablar con el gobernador Gustavo Sáenz para tener una solución definitiva a la situación que viven.
Fuente: Todas las voces – FM Noticias 88.1 MHz
LS
