Sebastián
Aguirre Astigueta, secretario jurídico de la Universidad Nacional de Salta,
consideró que la situación es absurda y contradictoria; debido a que hace pocos
días el juez Bavio había tomado una medida cautelar a favor de la UNSa,
suspendiendo las resoluciones que había emitido el Consejo Superior, que es el
órgano máximo de la casa de altos estudios.
La situación inició el año pasado, cuando a fin de año los consejeros otorgaron el pago de licencias por más de 200 días. Luego, la resolución quedó firme este año tras haber sido observada por el actual rector, Daniel Hoyos, quien declaró le lesividad de las resoluciones.
“Bavio dijo que tiene razón la Universidad, dio la cautelar de suspender todo pago, pero nos enteramos ayer que entró un embargo por 8 millones 700 mil pesos, que afecta el funcionamiento de la universidad, tomando como referencia las resoluciones que antes había dicho que eran lesivas”, informó Aguirre.
El secretario jurídico aseguró que, ante la situación de gravedad, fueron de manera inmediata a la justicia, donde se tomó un mes para resolverse y se exhibió al público, aunque no se podía por medida cautelar. Tras ello, la medida de tomaron los abogados de Claros se fundamentaron en la misma demanda de la Universidad. En materia técnica, explicó Astigueta, se pidió una “medida autosatisfactiva” y solicitaron el pago.
“El juez hizo algo grave y transformó esa medida en una cautelar. Es grave. Hay una ley nacional de medidas cautelares contra el Estado, que exige que haya un informe previo y circunstancias realmente graves. La Universidad no es insolvente, si Claros gana el juicio hay como afrontar. El embargo es gravísimo e innecesario, está por regla general como vedado”, remarcó y agregó que se fijó un trámite “sumarísimo” que no figura en el expediente ni hay una demanda judicial inicial por parte del ex rector.
El embargo ya ha sido apelado pero el secretario universitario consideró que ya hay un mal accionar de Bavio como antecedente, en lo cual también tomaran cartas en el asunto.
Astigueta indicó que en varias oportunidades recurrió al Consejo Superior para explicar la cuestión jurídica que se encontraba en falta, y que de ninguna manera se negaron a pagar “el trámite normal” como a cualquier empleado. Actualmente, Claros ya recibió el pago de un millón y medio de pesos luego de retirarse de la Universidad al dejar el Rectorado y jubilarse de su cargo docente.
“Todo esto me suena, más que a derecho, a una especie de lobby que preocupa mucho”, finalizó.
Fuente: Resumen de Noticias – FM Noticias 88.1 MHz
LS
