DDN. Ana Inés Salinas Odorisio, fiscal de Unidad de Delitos Económicos Complejos, dijo que la intención es dar respuestas a todas las causas, aunque los recursos son limitados.
Sobre los avances en la causa Río & Asociados, sostuvo en primer lugar que no se trata de una financiera sino de un grupo de personas que se asociaron para captar ahorros, introduciéndose en el esquema de la policía de la provincia y hacerse así del dinero de la gente.
Indicó en tanto que quien está sindicada como jefa de la asociación es Cynthia Moya, quien tenía el dinero de los estafados mientras permanecía detenida y quien fue beneficiada recientemente por el juez Pablo Arancibia con el arresto domiciliario.
La fiscal negó que haya favorecido que alguno de los damnificados sí pudieran cobrar el dinero de la estafa, supuestamente muchos de ellos de la policía del CIF. “No es cierto de ninguna manera. Cuando se secuestró una pequeña parte del dinero, por abril, surgieron algunos denunciantes que tenían situaciones económicas alarmantes y se hicieron presentaciones de quienes de ninguna manera están vinculados a la fiscalía o a algún investigador…está totalmente descartado y se hicieron las presentaciones para devolver los préstamos bancarios y liberar los sueldos, de quienes realmente se consideran como damnificados, tema que fue resuelto por el juez de Garantías”.
Explicó Odorisio que no se pudo seguir adelante con esta conducta procesal, con decisión absoluta del juez de Garantías, porque quedó supeditado al hallazgo del dinero. “Esto menos que nunca se va a poder lograr porque el juez de impugnación (Arancibia) validó que la principal implicada vaya a su domicilio y va a ser muy difícil poder establecer si se encuentra o no en contacto con el dinero y qué va a hacer en lo sucesivo, pagará o se fugará”, declaró.
En diálogo con FM Noticias, la fiscal dijo que son más de 700 los damnificados y remarcó que “el gran problema de esta causa que estamos investigando, más allá de las 700 víctimas, es la situación institucional que se produce cuando esta persona se involucra con la fuerza policial y logra la captación de los ahorros en un esquema en el que la policía invierte, en función de que algunos jefes lo hacen, dándoles un contexto de seguridad y de impunidad”.
Indicó que en la ciudad de Salta un 90% de los estafados son policías, mientras que en Metán, donde también hubo muchos casos, los damnificados están más repartidos. Hay 28 imputados y cerca de 15 son policías.
Más adelante, Odorisio volvió a apuntar al juez de impugnación Pablo Arancibia que resolvió el arresto domiciliario de Moya, quien antes de fugarse había ingresado a una cárcel de Metán a visitar un detenido que debía muchísimo dinero y que de esta manera sorpresivamente resolvió un juicio abreviado pagando lo que adeudaba.
Además, cuando se enteró de los allanamientos, la mujer se escapó con valijas llenas de dinero y con la ayuda de una comisario de Metán, vestida de jefa, en un móvil policial, pasó los controles para seguir circulando con el dinero. Situación que se constató mediante cámaras de seguridad.
“Veremos si impugnación sigue dando libertades y beneficios”, expresó Odorisio y recordó que la custodia de la libera está a cargo de las fuerzas federales.
Fuente: Algo personal-FM Noticias 88.1 Mhz.
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