DDN. El interventor de Salvador Mazza, Adrián Zigarán, dijo que “la auditoría está atrasada en sus exigencias”.
Explicó que desde el organismo de provincia le solicitaron los cierres del ejercicio 2018 al 2021, cuando él recién asumió como interventor en octubre del año pasado. “Difícilmente puede hacer el cierre cuando pasaron 10 meses en los que no estaba en el municipio”, señaló Zigarán.
El interventor precisó además que fueron elevadas a la auditoría todas las inconsistencias y eso fue también al fiscal penal de turno, entendiendo que había delito.
“Ahora incluyen a Salvador Mazza porque falta el cierre, cuando saben que no se puede hacer hasta que se expida la justicia provincial y hay 200 y 300 millones a determinar si son producto del contrabando o del robo a las arcas municipales. Desde el 2018 no hay cierre y ahora me exigen a mí que estoy desde el 2021, deberían haber hecho una investigación hacia atrás y si pretenden que firme 10 meses en los que no estuve, conmigo no van a contar”, exclamó.
Finalmente, Zigarán dijo que -aun siendo parte del juicio- se enteró por la prensa del avance en la causa del exintendente Rubén Méndez.
Es que la Unidad Fiscal compuesta por la fiscal Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, y el Fiscal Penal de Tartagal, Pablo Cabot, requirió juicio el 25 de octubre al Juzgado de Garantías 1 contra once personas por enriquecimiento ilícito, peculado, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, fraude a la administración pública, omisión maliciosa de presentar las declaraciones juradas patrimoniales, incumplimiento de los deberes de funcionario público y asociación ilícita.
Por enriquecimiento ilícito están acusados, en calidad de autor, Rubén Méndez Salazar y, como partícipes necesarios a sus hijos Ivanna Irene Méndez y Roque Maximiliano Méndez, su ex pareja Susana Angelita Palacio y la contadora Liliana Cristina Centeno.
Fuente: Todas las voces todas-FM Noticias 88.1 Mhz.
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