DDN. Finalizaron ayer los alegatos en el juicio por el homicidio de Rosa Sulca, ocurrido en abril de 2020, y hoy se conocerá el veredicto.
La fiscalía solicitó para Martín Oscar Laime la pena de tres años y cuatro meses de prisión efectiva por el delito de encubrimiento agravado. En el caso de la acusada S. A. S. (17 años de edad al momento del hecho) pidió que se la declare penalmente responsable del delito de homicidio calificado y que se remitan las actuaciones al Juzgado de Menores que corresponda.
Los alegatos se presentaron en la causa por incumplimiento de deberes de funcionario público, con siete imputados (operadores del Centro de Coordinación Operativa y Demanda Ciudadana del SE 911 y efectivos policiales). El fiscal modificó la carátula y solicitó la condena de Héctor Roberto Herrera, Normando Domingo Corbera, Antonio Exequiel Sanhueso y Juan Carlos Vizgarra como autores penalmente responsables del delito de omisión de un acto funcional, delito que prevé pena de multa e inhabilitación especial. En este caso, la parte acusadora pidió que se les aplique el máximo de la multa prevista en el artículo y el máximo de inhabilitación especial para ejercer funciones públicas que prevé la ley (un año).
La fiscalía solicitó además sentencia absolutoria para Marcelo Tintilay Cordeyro, Gabriela Valeria Casasola Moyano y Gustavo Javier González.
El juicio se lleva a cabo con tribunal colegiado integrado por los jueces de la Sala VI, Mónica Mukdsi (presidenta), José Luis Riera y Guillermo Pereyra (vocales).
En el juicio están siendo juzgados S. A. S. (menor al momento del hecho), por homicidio calificado por alevosía y criminis causae; Martín Oscar Laime (26), por encubrimiento agravado; Marcelo Tintilay Cordeyro, Héctor Roberto Herrera, Gustavo Javier González, Antonio Exequiel Sanhueso, Juan Carlos Vizgarra, Gabriela Valeria Casasola Moyano y Normando Domingo Corbera, por incumplimiento de deberes de funcionario público.
El hecho ocurrió el 28 de abril de 2020 en una vivienda de Villa Mitre. La víctima era maestra. Fue golpeada y lesionada con un cuchillo en su propia casa. La mujer llamó al Sistema de Emergencia 911 para pedir ayuda.
Los imputados por el delito de incumplimiento de deberes de funcionario público se desempeñaban en el Sistema de Emergencia 911 (Centro de Coordinación Operativa y Demanda Ciudadana). Dos de ellos son los efectivos policiales que acudieron al domicilio de la damnificada después de que se comunicó telefónicamente.
Por el Ministerio Público interviene el fiscal de la UGAP 1, Leandro Joaquín Flores. Por la parte querellante se presentan Pablo Tort y Juan Pablo Ochoa (Fundación Cintia Fernández). La defensa de los acusados está a cargo de Miguel Fernando Páez (S. A. S.), la defensora oficial penal Patricia González (Laime), el defensor oficial penal Jorge Eduardo Bonetto (Tintilay Cordeyro), Andrés Chibán (Casasola Moyano), Pablo Alberto González (Herrera y González), Carlos Fernando Rojas (Corbera), Ariel Vázquez (Sanhueso) y Nicolás Ceferino Vedia (Vizgarra).
El abogado Pablo Tort, destacó el trabajo de la Fundación Cintia Fernández, querellante en el juicio.
Consultado del porque no se da a conocer el nombre de la autora material del crimen, que era menor de edad en el momento de los hechos, el letrado explicó que se trata de una decisión del tribunal que en principio no es desacertada porque todavía no se ha dilucidado su responsabilidad en un cien por ciento y una vez que se la declare penalmente responsable recién habrá un pronunciamiento respecto de su nombre.
Sobre el resto de los imputados, precisó que eran siete operadores por incumplimiento de los deberes de funcionario público y que tres de estos fueron absueltos porque no había reproche penal sobre algún incumplimiento.
Expuso el abogado que la relevancia o no de los sucesos que se denuncian al 911- según testigos- tienen que ver con criterios como: incendios, personas fallecidas o situaciones donde intervengan muchos sujetos, la difusión mediática y repercusión en la prensa de los hechos, lo que no figura en ningún protocolo.
Remarcó Tort que todos estos lineamientos se establecen por orden de la superioridad de despacho policial, que es la encargada de enviar los móviles policiales y verificar el suceso que se denunció.
En este caso, quien mandó el móvil -despacho policial- haciendo caso omiso a lo que figuraba en la pantalla, indicó que se trataba de una situación de violencia familiar y aun así el accionar debió ser mucho más completo porque se desconocía cual era el riesgo que había adentro y que era una persona fallecida o por fallecer. “Si se hubieran comunicado aunque sea con los vecinos habrían sabido que no podía tratarse de violencia familiar porque Rosa Sulca vivía sola. La constatación no se hizo”, insistió.
Agregó que son dos los efectivos policiales que se encontraban en terreno, los encargados de manejar el móvil y puso especial énfasis al mencionar que “este caso ha develado la falta de recursos de la provincia, de móviles policiales… todo esto se ha ventilado en esta audiencia, pero nada obsta la irresponsabilidad de estas personas que omitieron cumplir con la responsabilidad de sus deberes”.
Fuente: Fuego amigo-FM Noticias 88.1 Mhz.
