DDN. Desde la cárcel plantean un conflicto por la población trans y aseguran que algunas internas no quieren ir a la cárcel de mujeres por los enfrentamientos.
Por su parte el Comité para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Inhumanos, Crueles o Degradantes (CPT Salta) advierte una preocupación por el tratamiento penitenciario que reciben las personas privadas de su libertad pertenecientes al colectivo LGTBIQ.
En su informe anual 2022, argumentan que "la institución carcelaria no cuenta ni con recurso humano idóneo ni capacitado para la función, ni mucho menos con medios edilicios acordes a la protección integral de los derechos humanos, lo cual desemboca en una violencia institucional de gran escala".
Miembros del Comité visitaron las unidades carcelarias 1 y 4 (de mujeres), ambas ubicadas en el complejo penitenciario de Villa Las Rosas, para monitorear específicamente la situación de las mujeres trans que cumplen condenas.
"Se constató que a diario reciben un trato discriminatorio por parte de los agentes penitenciarios. En la mayoría de los casos no se acepta ni mucho menos respeta su identidad de género. Se construyen barreras burocráticas ante cualquier tipo de solicitud, peticiones o reclamos", consta en el informe.
Además, se informa que en muchas oportunidades se interrumpen los tratamientos de hormonización provocando efectos no deseados y retrocesos abruptos, y en general se reciben denuncias de graves violaciones a los derechos humanos.
En julio de 2022 el Ministerio de Seguridad y Justicia resolvió declarar la emergencia en materia penitenciaria y que se conformara una "comisión de emergencia" integrada por representantes de distintas áreas de gobierno. Su rol sería el de analizar las problemáticas y proponer políticas públicas de mejora, sin embargo, aún no se ha constituido.
En la actualidad, y por orden de un juzgado penal, todos los martes asisten al Centro de Prevención, Asesoramiento y Testeo para VIH y Sífilis (C.e.P.A.T) del Hospital del Milagro, tres personas trans privadas de su libertad: dos en la unidad carcelaria 1 y una en la 4. Reciben asistencia médica, acompañamiento y terapia psicológica.
El presidente del Comité, Rodrigo Solá, dijo que se trata de una situación permanente, estructural y una de las más problemáticas.
“El servicio penitenciario no tiene las condiciones para dar un trato digno a cualquier persona y hay determinados colectivos que son más propensos a ser víctimas de violencia institucional o de parte de compañeros y compañeras, como la población trans”, indicó.
Agregó que no hay políticas destinadas a la comunidad y que se avanzan en soluciones al alcance, cuando hay problemas en el sector de mujeres se las pasa a la de varones y viceversa.
Sola alertó en este sentido que en la cárcel hay situaciones de abusos, adicciones y de extrema marginalidad de las que las personas trans son víctimas constantes.
“El tema debe ser abordado desde la perspectiva de los derechos humanos porque aunque sean pocas las personas trans privadas de su libertad, son las que están más expuestas y vulnerables. Hay una desigualdad evidente porque están sometidas a un riesgo”, insistió.
Finalmente, dijo que es preocupante también la situación de los presos de comunidades originarias, que tienen dificultades para comunicarse y prácticamente no tienen contacto con familiares que deben trasladarse desde grandes distancias, lo que hace que no cuenten tampoco con ningún tipo de ayuda, ni asistencia en cuanto a la provisión de alimentos o productos de higiene personal que generalmente son provistos en las visitas.
Fuente: Fuego amigo-FM Noticias 88.1 Mhz.
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