DDN. La Asociación de Periodistas de Salta (APES) rechaza la ley bozal a la que diputados dieron media sanción el pasado 25 de julio de 2023.
Mediante un comunicado expresaron: “Entendemos que la misma sólo busca un mayor blindaje para los funcionarios y funcionarias que son pasibles de cuestionamientos como cualquier persona o aún más por su condición de administradores de la cosa pública”.
En este sentido, se recordó, una vez más, que el artículo 14 de la Constitución Nacional explicita con absoluta claridad que todos los habitantes gozan del derecho de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa.
Además, no se puede legislar algo que ya está legislado en la ley 26.551 y que determina que “en ningún caso configurarán delito de injurias las expresiones referidas a asuntos de interés público o las que no sean asertivas. Tampoco configurarán delito de injurias los calificativos lesivos del honor cuando guardasen relación con un asunto de interés público”. Esta norma en cuestión es parte del Código Penal de la Nación desde 2009.
Por lo tanto, mucho menos se puede privar de la libertad, lo más preciado que tiene el ser humano, con una normativa de jerarquía menor.
Desde la asociación se sostiene además que la despenalización de los delitos de calumnias e injurias en los casos de “interés público” fue una iniciativa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
“Lamentamos profundamente que otra vez la Cámara de Diputados promueva herramientas de persecución para la libre expresión de ciudadanos y ciudadanas y para los y las periodistas de la provincia, utilizando además como punta de lanza problemáticas condenables como el grooming”, remarca el texto de la solicitada.
Y agrega: “Alentamos, a su vez al Senado Provincial a rechazar tajantemente la normativa que nos hace retroceder en el tiempo, recordándonos etapas de una Argentina de censuras, torturas, exilios y desapariciones. Cuando van por la libre expresión de la ciudadanía, van por la libre expresión de todos y todas”.
