DDN. En reunión ampliada de la Comisión de Legislación General, del Trabajo y Régimen Previsional del Senado, el ministro de Seguridad y Justicia, Marcelo Domínguez, analizó las incidencias de la normativa propuesta y la complejidad de su aplicación, teniendo en cuenta que se busca pasar de un sistema inquisitivo a uno acusatorio.
Del encuentro, encabezado por el senador Javier Mónico, participaron sus pares; Jorge Soto, Mashur Lapad, Walter Wayar, Manuel Pailler, Leopoldo Salva, Héctor Calabró, Diego Cari, Carlos Rosso, Dani Nolasco, Emiliano Durand, Sergio Saldaño, Sonia Magno, Juan Cruz Curá y Carlos Ampuero. Junto a Domínguez asistieron, el secretario de Justicia, Luis María García Salado, el subsecretario de Políticas Penales, Javier Salgado, y la directora de Asuntos legales de la Secretaría de Justicia, Luciana Danduch.
El ministro dijo que actualmente funcionan en la provincia distintos Centros de Atención Juvenil, uno en Capital, uno en Metán, uno en Orán y uno en Tartagal, todos para varones; un hogar de tránsito para mujeres en Capital y el instituto Michel Torino, dispositivo que funciona en Cerrillos.
En todos los casos los centros de atención son operados por 215 personas, entre personal civil y penitenciario, orientándose los esfuerzos para ir transformándolos de cárceles en hogares.
Agregó que existe una alta rotación con promedios de entre 30 y 40 menores alojados por disposición judicial, siendo al día de hoy un total de 28, de los cuales 20 son menores de 18 años, 4 no punibles (menores de 16) y 4 jóvenes adultos, que al haber cumplido la mayoría de edad y no tener lugar en la cárcel de mayores fueron derivados al instituto Michel Torino.
A su turno, la Dra. Danduch defendió la permanencia del artículo 5 del PL al considerar la necesidad de los estudios multidisciplinarios, dado que muchas veces se recibe a los menores en estado de mucha vulnerabilidad, con problemas de adicciones que en ocasiones determinan que no quieran ser recibidos ni por sus propias familias.
Finalmente, consultado por los senadores, el ministro sostuvo que a la fecha un total de 37 cargos judiciales no se pusieron en funcionamiento.
Mientras, la Procuración sumó puntos de vista respecto del Proyecto, en lo que respecta a la logística para su implementación y las herramientas con las que se dotará a la justicia para dictar medidas de seguridad.
Con el objeto de sumar la opinión de todos los actores involucrados en la problemática, la Comisión de Legislación General, del Trabajo y Régimen Previsional del Senado recibió este miércoles en reunión ampliada al Procurador General de la Provincia, Pedro García Castiella, con el fin de analizar el proyecto de modificación de la Ley N°8097 “Régimen de Responsabilidad Penal Juvenil”.
Cabe destacar que la Ley provincial 8097 establece un Régimen de Responsabilidad Penal para niñas, niños y adolescentes (NNyA), cambiando el paradigma actual de sistema inquisitivo a otro acusatorio, donde la investigación pasa del juez al fiscal y su entrada en vigencia se encuentra prorrogada por el término de un año desde el 5 de setiembre de 2022.
En tanto, el Proyecto de Ley en estudio, que llega con la aprobación de la Cámara de Diputados, propone la modificación de los artículos 4°, 5°,8° y 19°, más la incorporación de un artículo 19° Bis, por los cuales se transforman los tres juzgados creados por Ley N°8023 en juzgados penales juveniles y de garantías; se dota de competencia en materia de responsabilidad penal para NNyA a los cargos de Defensores oficiales y se crean cargos de Fiscal Penal juvenil en los distintos distritos judiciales de la provincia.
Logística y herramientas
Sobre el proyecto, la opinión de la Procuración se tradujo en dos grandes aspectos que representa el avance hacia el sistema acusatorio: la logística para su implementación gradual y las herramientas de las que podrá disponer la justicia para dictar medidas de seguridad.
Al respecto, García Castiella dijo que el sistema funciona hoy en el Distrito Centro con 3 juzgados de menores, dotados con recursos humanos y que la transición de sistema hará que sus tareas las deban desempeñar 2 fiscalías penales juveniles, con lo cual el desafío es la transferencia de recursos humanos, más la creación como mínimo, de una tercer fiscalía penal juvenil, más un tercer defensor juvenil.
También aportó su punto de vista respecto a la inimputabilidad y las herramientas que deben quedar en manos del Estado y de las que puede disponer un juez, tanto para asistir al menor como para tener en cuenta a la víctima y la reparación del daño.
García Castiella consideró que si bien en la Argentina los menores de 16 años son inimputables, en la práctica se comprueba que hay menores de 14 o 15 años que tienen potencial de cometer graves delitos, por lo que el juez de menores necesita herramientas para pedir medidas de control y seguridad, más allá de estar obligado a declarar tal inimputabilidad, pero con un sobreseimiento que sea articulado con la Secretaría de la Niñez.
Estas herramientas en manos de la justicia, consistentes entre otras cosas en la actuación de equipos multidisciplinarios, otorgan al NNyA el derecho a ser oído y a las víctimas el derecho a la verdad y que no haya impunidad, recalcó.
A su turno la fiscal Cruz, que formó parte de la comisión especial integrada por miembros de los tres poderes que en diciembre de 2022 propuso las reformas legislativas necesarias y el plan progresivo de implementación, dijo que el proyecto surgido fue elaborado en base a las posibilidades reales del sistema, refuncionalizando cargos de defensores en el interior y de jueces de garantías, más allá de la especificidad necesaria, por lo que consideró que para comenzar a funcionar requiere como mínimo la creación de un cargo fiscal penal juvenil.
Al final del encuentro, el senador Mónico dijo que la Comisión avanzará con el dictamen del proyecto, siempre con el objetivo que el régimen de responsabilidad penal de menores contenga iguales o superiores garantías que el régimen de los mayores.
MP
